En el oficialismo comenzaron a surgir las primeras críticas al rol del actual Congreso y a los cabildos anunciados por el gobierno. Alianza, en tanto, acusa «improvisación» y «falta de garantías», además de peligro de «concientización política».

A las 10 de la mañana de hoy el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre (PPD), llega hasta el ex Congreso para continuar el análisis de la partida de su repartición que involucra los gastos que dispuso el Ejecutivo para financiar el proceso constituyente anunciado hace dos semanas por la presidenta Michelle Bachelet.

El gobierno necesita -de acuerdo a sus propios requerimientos- $2.837 millones para dar curso a la reforma, los que están repartidos en tres ministerios (Interior, Segpres y Segegob).

Para cumplir esa tarea, Eyzaguirre enfrentará hoy una dura prueba para el futuro de la propuesta de cambio a la Carta Magna. Ya la semana pasada los integrantes de la comisión mixta de Presupuesto emplazaron al gobierno a entregar más detalles sobre cómo se ocuparán esos recursos para decidir su aprobación o rechazo.

La tarea se hace más compleja puesto que ayer tanto desde la oposición como en el oficialismo se alzaran voces cuestionando el diseño de Palacio.

Las críticas comenzaron a hacerse públicas luego que el propio Eyzaguirre -en entrevista en Reportajes- diera a conocer las primeras claves del proceso constituyente en su fase de participación ciudadana.

Las explicaciones del ministro -sin embargo- no lograron satisfacer las inquietudes y ayer tanto la UDI como RN anunciaron que se rechazarán los fondos destinados a este punto.

“Aquí no hay garantías y no se puede endozar recursos de todos los chilenos para hacer un proceso de concientización política. Nadie puede aprobar un proceso de esa naturaleza”, señaló ayer el presidente de la UDI, Hernán Larraín.

En RN, en tanto, el jefe de la bancada de diputados, Alejandro Santana, sostuvo que “vamos a rechazar los recursos asociados a lo que ellos han denominado el debate al cambio de la Constitución porque eso van a ser recursos que van a utilizar para proselitismo político”. Aunque el Ejecutivo no necesita de los votos opositores para aprobar la partida – tanto la propia Mandataria como los ministros del comité político han insistido en los últimos días en la importancia de involuctrar a todos los sectores en la discusión constitucional.

Críticas transversales

Uno de los puntos centrales de las críticas opositoras apunta a lo que -a su juicio- es la falta de rigurosidad en el proceso, en particular en lo referido a la participación ciudadana.

“El proceso que se pretende instalar es engañoso, publicitario e improvisado. Queremos que se explique con claridad y a nosotros nos preocupa que sea bien fiscalizado”, criticó el timonel de RN, Cristián Monckeberg.

Según señaló Eyzaguirre a Reportajes, el gobierno facilitará la instalación de cabildos provinciales en los que se concentrará la participación, además de una página web accesible a toda la ciudadanía. El debate, en tanto, será encausado por monitores que -a su vez serán designados vía concurso público.

Los temas a discutir serán abiertos.

“Después de leer a Eyzaguirre me quedan muchas más preguntas de las que tenía. Es increíble que las bases institucionales de un proyecto importante en el Chile de los últimos 35 años quiera ser dejado en blanco. Quieren hacer el país de nuevo”, comentó ayer el senador UDI, Juan Antonio Coloma.

Un rol clave lo tendrá el Consejo Ciudadano que será elegido por Bachelet en las próximas semanas. Pese a que el Ejecutivo ha comprometido una transversal representación en la instancia, en la oposición aseguran que esa voluntad “no da las suficientes garantías”.

A dos semanas de que la Presidenta Bachelet anunciara su propuesta de ruta para una Nueva Constitución comenzaron los cuestionamientos de miembros de su propia coalición. Y los principales temas en entredicho apuntan al rol que desempeñará el actual Congreso en el proceso y a qué tan efectiva será la participación ciudadana.

De acuerdo a lo propuesto por el Ejecutivo el actual Congreso deberá aprobar o rechazar a fines de 2016 un proyecto de reforma constitucional para -entre otros aspectos- habilitar al próximo Parlamento para elegir, entre cuatro alternativas, cuál será el mecanismo para cambiar la Constitución.

Aunque inicialmente la propuesta se acogió sin mayores reparos -se atribuyó principalmente al cambio en el sistema electoral- los senadores oficialistas han comenzado a defender su legitimidad para tener un rol más activo en el proceso, incluso, modificando los plazos dispuestos por Bachelet.

Ayer la advertencia que realizó el senador Felipe Harboe (PPD) en cuanto a que “está por definirse si va a ser este Congreso o el próximo el que decida el mecanismo” fue ampliamente respaldada por sus pares oficialistas.

Algunos incluso fueron más allá apuntando a que serán los parlamentarios en ejercicio los que acuerden las definiciones del proceso cuando tramiten la reforma para reemplazar la Constitución.

“Se requiere una reforma que va a hacer este Congreso, y me imagino que ningún Congreso va a girar cheques en blanco, o no se va a referir a los contenidos de una propuesta. Están todas las posibilidades abiertas”, afirmó el presidente de la DC, Jorge Pizarro.

Otra crítica, en tanto, tiene que ver con el carácter no vinculante de los cabildos propuestos por el gobierno.

Parlamentarios de la Nueva Mayoría, como el senador PS Alfonso de Urresti sostienen que los cabildos “no pueden ser sólo un ejercicio retórico. No puede no ser vinculante. Hay que terminar los miedos y conservadurismos”.

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