Dos sociedades formadas por Riquelme acumulan $417 millones pagados desde reparticiones públicas entre 2013 y 2015. La mayoría son por insumos clínicos vendidos a la red de salud del Estado. Aunque se retiró de ambas empresas durante 2014, su esposa (Ada Álvarez) controla una de estas sociedades (Comercial A y R), mientras que la segunda (Greentec) quedó en manos de su ex socio, luego de que no pudiera vendérsela a su mujer. En Mercado Público, ambas empresas tienen como dirección el departamento particular de Riquelme y una de ellas funciona en una oficina propiedad de Harold Correa y Alex Matute.

Cristián Gonzalo Riquelme Urra está en un lugar incómodo. Políticos de todos los sectores llevan meses pidiendo que sea removido de su cargo de director administrativo de la Presidencia de la República. Se ha puesto bajo la lupa su gestión y el patrimonio que ha declarado, pero hay otros aspectos de las finanzas de Riquelme que abren signos de interrogación y que tienen que ver con los negocios que inició luego del primer gobierno de Michelle Bachelet, en el que también fue administrador de La Moneda. CIPER siguió la pista de dos empresas que formó durante ese periodo y se encontró con que ambas registran millonarios contratos con el Fisco entre 2013 y 2015. En total, acumulan pagos por $417 millones en 39 órdenes de compra, la gran mayoría por servicios prestados al sistema de salud pública durante este gobierno.

Aunque Riquelme ya no figura como socio en estas compañías, las dejó en manos de personas de su entorno. En Comercial A y R (que utiliza como nombre de fantasía Socoar), su cónyuge Ada Álvarez, trabajadora social, aparece con el 65% de las acciones, mientras que el otro 35% está en manos de David Arévalo Lucabech, quien fuera jefe de adquisiciones de la Presidencia en el anterior gobierno de Bachelet, es decir, cuando Riquelme era su jefe directo. En el caso de Greentec, la segunda sociedad que figura con pagos desde el Estado, Riquelme intentó traspasar sus acciones a su esposa, pero la transacción era ilegal y debió ser anulada seis meses después. La participación terminó en manos del otro socio, Julio Campos Quintana, quien al igual que él es ingeniero civil industrial de la Universidad del Bio Bio.

Riquelme logró sobrevivir a la razzia que se produjo en mayo pasado, cuando tras la remoción de Rodrigo Peñailillo del Ministerio del Interior, fueron despedidos gran parte de los integrantes de la llamada Generación de los años 90 del PPD (G-90), con la que se le identifica. Pero poco después caería en desgracia por el llamado Caso Caval. Su declive comenzó cuando se supo que en abril de 2015 recibió en La Moneda al ex operador de la UDI Juan Díaz, quien le solicitó que hiciera gestiones para que la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon, le pagara una deuda. Todo, en medio de la tormenta del caso Caval, lo que terminó de aislarlo políticamente.

Hasta su propio partido lo dejó caer, lo que quedó en evidencia la semana pasada cuando el secretario general del PPD, Óscar Santelices, si bien cuestionó que se haga un “juicio anticipatorio”, dijo que “lo más conveniente es que dé un paso al costado”, según reportó la Radio de la Universidad de Chile. Pero hasta ahora Riquelme ha contado con el único apoyo que importa para su puesto: el de Bachelet. El ingeniero no sólo ha estado a cargo de las cuentas de la Presidencia en sus dos gobierno, sino que durante la última campaña administró la Sociedad Marketing Asesorías y Eventos Limitada (Somae), creada para manejar el gasto electoral.

Este miércoles 10 de febrero Cristián Riquelme debió presentar una nueva versión de su declaración de patrimonio, luego de que un grupo de parlamentarios cuestionara que faltaba información en la versión publicada en la página web y el ministro del Interior, Jorge Burgos, le sugiriera a través de la prensa agregar los datos omitidos. La nueva declaración da cuenta de que acumula más de $570 millones en bienes raíces (ver documento). Registra además dos créditos hipotecarios, poco más de $800 mil en tres cuentas corrientes, fondos mutuos por $7,1 millones y un APV con $1,1 millones ahorrados. Como administrador de La Moneda tiene actualmente un sueldo bruto de $7,7 millones mensuales.

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