#Parlamentarios exigen fin de militarización de #LaAraucanía y acusan a empresas forestales

Luego que parlamentarios llamaran al Gobierno a centrar su atención en lo que está ocurriendo en el sur del país, distintos sectores, incluyendo los propios empresarios, han dicho que no hay voluntad para alcanzar un acuerdo.

Militarización de La Araucanía

Iniciando marzo el senador PPD por La Araucanía, Jaime Quintana, y su par del MAS por el Bío-Bio, Alejandro Navarro, pidieron al gobierno llevar a votación a la brevedad proyectos polémicos como la Reforma Laboral o el de despenalización de la interrupción del embarazo, para luego centrarse en otros temas, altamente relevantes para la ciudadanía, como la tensión que se vive en el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.

El llamado fue bien acogido por las comunidades de Arauco, para las que la situación es “cada vez más compleja”. Así lo indicó una de las voceras de la localidad de Cañete, Millaray Garrido Paillalef: “Es un llamado lógico desde lo que se está viviendo acá. Basta venir a la zona para ver el gasto nacional inútil que se está dando en nuestro territorio, en militarizar nuestro territorio, llenarlo de policías y ahora, hasta militares”, afirmó la vocera.

Si bien reconoció que existe un “clima de miedo”, como dicen los parlamentarios no se trata de un miedo de la ciudadanía hacia la gente mapuche. “Ese recelo que se tiene, lo ha creado el mismo Estado y la misma prensa”. Sin embargo, la dirigenta llamó a los actores políticos a visitar a las comunidades en conflicto y trabajar el tema en terreno.

Gasto en militarización y situación de los Presos Políticos Mapuche

De hecho, este lunes en la zona de Arauco se realizó una movilización convocada por familiares y amigos de los Presos Políticos de la Cárcel de Lebu, quienes denuncian que en el penal no están las condiciones para mantener a los 11 dirigentes encarcelados, así como tampoco en la Cárcel de Arauco, donde una mujer mapuche está privada de libertad.

Piden que se les asegure el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), respetando sus normas culturales y que se cree un módulo especial para garantizarlo. Esto además de abandonar la política de criminalización que, reiteran, han mantenido los gobiernos después de la dictadura militar.

Todo esto cuando los empresarios llaman “a hacer más justicia” y piden penas más duras para dirigentes por robo de madera, tomas de terreno y otras formas de protesta social.

Este lunes, Gonzalo García secretario de general de CMPC, de propiedad de la familia Matte, afirmó que “la clase política no quiere un acuerdo para resolver el conflicto”. Sin embargo, dirigentes de la zona afirman que, al contrario, el Estado está invirtiendo cada vez más en proteger a las forestales y los proyectos de explotación.

Que las forestales asuman su responsabilidad

En esa línea, el ex sacerdote jesuita, Luis García Huidobro apuntó a las empresas forestales de la zona: “Se trata de (la forestal) Mininco siendo amparada por el Estado de Chile, es decir, el Estado respaldando la usurpación desde la Dictadura, con los fundos que Ponce Lerou le regaló a las forestales y que luego fueron re-privatizados por Pinochet a favor de Mininco, lo que se mantiene hasta el día de hoy con los gobiernos de la ex Concertación que, a su vez, son financiados por Forestal Mininco”, afirmó.

El hoy activista mapuche acusó un incremento de la militarización y denunció la presencia del Helicóptero Puma de la Brigada de Aviación del Ejército lo que consideró “una demostración innecesaria de fuerza que no se puede aceptar”, por lo que aseguró que informó la situación a los organismos de Derechos Humanos pertinentes.

Desde la Asociación de Comunas con Alcalde Mapuche (ANCAM) se mostraron preocupados por el actual ciclo de agudización de la violencia, marcado por el cambio en la Intendencia de La Araucanía y la conducción del titular del Interior, el DC, Jorge Burgos.

Los alcaldes coincidieron con el senador Navarro en que las empresas forestales están en silencio, pasando inadvertidas en el conflicto del que también son responsables.

“Acá es falta de manejo político de los distintos Gobiernos, la capacidad Estado a largo plazo, pero también de la intervención y avanzada fuera de control de las forestales”, dijeron desde la entidad, que reúne a las comunas de Renaico, Galvarino, Chol-Chol, Saavedra, Curarrehue, Alto Biobío, Tirúa, Paillaco y Coyhaique.

En este contexto desde diversos sectores afirman que urge centrarse en la resolución de un tema histórico, político, social que no se puede ser postergado.

Justicia acoge amparo a favor de niños mapuche

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo en favor de siete niños de entre seis y nueve años y sus progenitores, quienes fueron violentamente desalojados en dos oportunidades por trabajadores de Forestal Mininco, auxiliados por Carabineros.

Los dirigentes pertenecían a la comunidad de Rankilko del sector de Malleco Bajo y participaban de un proceso de ocupación de territorio en el fundo El Retiro 3 en la comuna de Ercilla. Allí habían construido su casa y comenzado un proceso de siembre. Sin embargo, fueron desalojados y sus viviendas resultaron completamente destruidas.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de La Araucanía presentó un recurso de amparo, el que fue acogido esta semana por la Corte de Apelaciones, constatando la violencia a la que fueron sometidos los menores y marcando un importante precedente jurídico.

Así lo sostuvo el abogado del organismo, Marcos Ravanal, para quien “la violencia de la que se habla en este fallo es simbólica. Yo diría que es uno de los primeros casos en que se reprocha la actuación policial sin que existan heridos de forma concreta. La mayoría de los recursos anteriores que han sido acogidos, existe vulneración de los derechos de los niños, pero también agresión a su integridad física. Este fallo es diferente y marca una tendencia”, afirmó el especialista.

El abogado afirmó que una característica del caso es que fue el Servicio Nacional de Menores (Sename) el que constató las graves secuelas traumáticas que se derivaron de la acción que motivó el recurso del Instituto. “Es decir, es una institución del Estado la que constata los efectos que produce otro organismo estatal”, explicó.

El fallo solicita que, para adelante, Carabineros “actúe con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose de afectar los derechos fundamentales de los menores amparados”. Además ordenó iniciar un procedimiento sumarial para determinar responsabilidades administrativas en estos hechos.

En tanto, el peón del fundo Nilpe de Galvarino, José Cañete, fue declarado culpable del homicidio del comunero José Quintriqueo, el 1 de octubre del 2014 en el marco de una reivindicación territorial.

Según corroboró la Fiscalía, el dirigente mapuche fue atropellado y rematado por un tractor que conducía el peón del agricultor Raúl Quintras, quien luego se retiró del lugar. Esto pese a que el primer juicio que se realizó fue anulado y dio paso a este nuevo proceso.

Juan Carlos Reinao, alcalde de Ranaico y presidente de los alcaldes mapuche, se mostró conforme con el fallo y afirmó que han estado permanentemente apoyando a la familia en este juicio para evitar que se instale la impunidad cuando se trata de la violación de los derechos del pueblo mapuche y su gente.

“Por ahora la resolución nos deja bastante tranquilos porque con esto lo que constató la Fiscalía deja de ser una teoría y pasa a ser una realidad. Esperamos que la sentencia final vaya en la misma línea”, afirmó. La condena se hará pública la próxima semana y la Fiscalía está solicitando  diez años y un día de presidio para José Cañete.

En ese sentido se alcalde afirmó que buscan que no se discrimine a un dirigente sólo por el hecho de ser mapuche y que la Justicia debe ser para todos igual. “Este caso se enmarca en una recuperación de tierras, que es un asunto de larga data y que debemos enfrentar para que el mal llamado ‘conflicto’, no siga cobrando víctimas”, dijo.

Link: http://goo.gl/pb8lQa

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