Los seis imputados aceptaron el acuerdo propuesto por el Ministerio Público y deberán cancelar una indemnización de $235 millones en tres cuotas a los familiares de las víctimas del tsunami del 27 de febrero de 2010.

«Se aprueba la suspensión condicional del procedimiento», con estas palabras la jueza Carolina Guajardo del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aceptó, tras cuatro días de audiencia, el acuerdo propuesto por el Ministerio Público a los seis imputados en el denominado caso Tsunami, evitando así el juicio oral por los errores cometidos al dar la alerta de tsunami el 27 de febrero de 2010.

De esta forma, los imputados deberán pagar $235 millones en total para indemnizar a los familiares de las víctimas, divididos de la siguiente manera; el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende deberá cancelar $75 millones; la ex jefa de la Onemi, Carmen Fernández $39 millones; Johaziel Jamett, ex jefe de alerta temprana, $5 millones; y $39 millones cada uno de los tres ex miembros de la Armada que se encontraban en el Shoa; Mario Andina, Mariano Rojas y Andrés Enríquez.

Los montos contemplados en el acuerdo deberán pagarse en la cuenta del Ministerio Público en tres cuotas, venciendo la primera 90 días después de la suspensión del procedimiento, la segunda el 31 de octubre de 2016 y la tercera el 31 de marzo de 2017.

La jueza además indicó que los imputados deberán cancelar otros $10 millones para realizar un seminario de desastres naturales, el que sería dictado por la Universidad de Chile, y que deberán emitir disculpas públicas por el hecho.

Durante los cuatro días de audiencia, el tribunal accedió a escuchar a los familiares de las víctimas, de los cuales 34 pudieron pedir que no se accediera al acuerdo y se prosiguiera con el juicio oral, lo que también fue solicitado por los abogados querellantes.

Querellantes apelaran a decisión

Por su parte, los abogados querellantes anunciaron en la audiencia que recurrirán a la Corte de Apelaciones de Santiago, para que se continúe con el proceso y se llegue a un juicio oral.

Sobre esto, Raúl Meza indicó que «tenemos un fiscal que a los 43 días de haber asumido toma una decisión aberrante e injusta, aquí se perdió una batalla, pero no la guerra. Este es un fallo aberrante e injusto, por dignidad, por ética, tenemos el deber ético y moral de apelar».

En tanto, Alfredo Morgado agregó que «vamos a apelar a la Corte de Apelaciones, será el tribunal de alzada el que resuelva, estimamos que las condiciones de esta salida alternativa no es una adecuada resolución de este conflicto, no es proporcional, vamos a apelar y la corte resolverá».

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