La política hacia los pueblos originarios ha sido un tema sensible y controversial para los estados modernos. En la búsqueda de soluciones aplicables, Nueva Zelanda (NZ) figura como un paradigma con su política empresarial indígena. Revisemos algunos detalles del caso neozelandés.

El contraste de la ley de Nueva Zelanda hacia su población indígena, se puede apreciar directamente en Australia. Ambas naciones industrializadas, parte de la Commonwealth, y con ingresos percápita por sobre los 35 mil dólares, han realizado grandes esfuerzos por compensar a sus pobladores originarios. Sin embargo, el éxito de Nueva Zelandia en este aspecto es remarcable. Con una economía algo más modesta que la australiana, la nación «kiwi» ha alcanzado mayores logros en la reparación y distribución de beneficios hacia sus pueblos originarios.

La eficiencia de su ley indígena, descansa en gran medida en un tratado histórico firmado en 1840, entre la corona británica y parte de los jefes de clanes de las islas de NZ. El carácter justo del Tratado de Waitangi, según algunos investigadores, se debe a la fiera oposición a la ocupación británica que ofrecieron los fornidos guerreros maoríes.

Según se puede revisar en el documento original, el Tratado de Waitangi reguló toda la compra de tierras hecha a los maoríes y declaró inválida toda negociación en la que estos tuvieran alguna desventaja o fueran afectados por la pérdida de territorio o bienes económicos. En líneas generales, este tratado ha sido resumido como la cesión de tierras maoríes a cambio de un trato igualitario. El tiempo y la usanza determinaron que este tratado cayera en el olvido a corto plazo, hasta que sus condiciones generales fueron ratificadas en 1975. La presión de los maoríes, inspirados en la resistencia de los afroamericanos de los 60 en Estados Unidos, logró que el Estado neozelandés formara un tribunal de justicia con la específica función de revisar los intercambios comerciales hechos con maoríes desde la firma del Waitangi.

En cuanto a la distribución de tierras para maoríes, resulta de especial relevancia el tratado de Ngai Tahu de 1997, que afecta a la totalidad de las tierras de la Isla del Sur de NZ. Los Ngai Tahu tienen un territorio basto que se compone de importantes áreas de conservación. Ante esto, el acuerdo reconoce el derecho de los maoríes a estar representados en las áreas de conservación, el derecho a ser consultados por el Ministerio de Conservación en determinadas situaciones y la declaración de algunas montañas, lagos y valles como valores culturales de los maoríes (Topuni). Entre los derechos contenidos en este tratado, se cuenta el de acampar ocasionalmente en algunas tierras del gobierno según dicten sus tradiciones.

Más allá de los tratados, los programas del gobierno de NZ buscan apoyar iniciativas productivas para las comunidades maoríes en los rubros del turismo, forestal y pesquero.

En estos casos, se apoya desde diversos programas la creación y desarrollo de empresas generadas por los mismos maoríes, acumulando un grado de éxito que es la envidia de otras naciones como Australia, donde la política está más bien orientada a la entrega de beneficios ciudadanos y la repartición de tierras a un pueblo que, valga decirlo, ha sido históricamente nómade.

Esta generación de empresas maoríes ha sido determinante en la mantención de una tasa de desempleo relativamente baja en la población maorí, aunque aún es más elevada que la del resto de la población. Esto redunda en un incremento proporcional de la participación de los maoríes menores de edad en el sistema de educación, con tasas que superan el 70 por ciento en los mayores de 16 años.

Para la experiencia neozelandesa, el fortalecimiento de la independencia económica de los pueblos originarios ha sido la solución a muchos de los conflictos territoriales y de relaciones políticas con el pueblo maorí. Las condiciones igualitarias de vida y derechos para los pueblos originarios, aún queda reservado en la tierra de las utopías para la mayoría de las naciones industrializadas.

Nuestra propuesta de Estado Federal, Autonómico, Multicultural y Plurinacional considera la reivindicación de nuestros pueblos originarios, si bien es cierto el problema es muy complejo, nuestra idea es entregar al país la institucionalidad necesaria para que el país avance en los distintos frentes que este tema requiere: Mapuche, Aymaras, Rapa Nui y otros.

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