Texto Completo del Proyecto de Nueva Constitución de Presidenta Michelle Bachelet

Entre sus principales aspectos destaca que la iniciativa deberá ser aprobada en un plebiscito final donde los ciudadanos y ciudadanas expresen si aprueban o rechazan el nuevo texto. A continuación el texto completo del proyecto.

bachelet nueva constitucion
Boletín N° 11.617-07

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje de S.E. la Presidenta de la
República, para modificar la Constitución Política de la República.

M E N S A J E Nº 407-365/

A S.E. EL
PRESIDENTE
DEL H.
SENADO.

Honorable Senado:
En uso de mis facultades
constitucionales, he resuelto someter a
vuestra consideración el presente proyecto
de reforma constitucional.

I. ANTECEDENTES

La necesidad de una Nueva
Constitución ha sido un imperativo de las
fuerzas democráticas desde la generación y
entrada en vigencia de la Constitución de
1980 y se ha posicionado como uno de los
temas centrales en la sociedad chilena
durante los últimos años.
Los movimientos sociales desde el año
2011 han incorporado dentro de sus
demandas la urgencia del cambio
constitucional, la academia lleva años
sosteniendo una discusión de alto nivel
sobre el cambio constitucional, por lo que
se planteaba a la política el desafío de
dar respuesta a esta demanda de más de 37
años e iniciar el camino hacia una Nueva
Constitución en el Chile democrático
actual.
La experiencia comparada nos muestra
que los textos constitucionales no solo
cambian en momentos de crisis o quiebres
institucionales, sino que es posible
reemplazarlos, de manera pacífica, sin afectar el
funcionamiento del Estado y a través de
mecanismos que respeten la institucionalidad
vigente. Claros ejemplos de lo anterior han sido
los casos de Suiza, Suecia, Canadá, Australia,
Finlandia y Colombia, quienes, con las
particularidades propias de cada país, fueron
capaces de generar sus cambios constitucionales
en democracia. Estos cambios se han realizado,
por regla general, en procesos graduales y donde
el diálogo político fija el ritmo del cambio.
Además, se ha demostrado que cuantas más
instancias de participación intervengan en la
elaboración de una Constitución mejor será el
proceso deliberativo y mejor fundamentada será la
formación de preferencias de los ciudadanos
respecto de una Nueva Constitución.
A partir de lo anterior, tuve la convicción
de que las instituciones políticas no pueden
quedar rezagadas a los nuevos desafíos que impone
la modernización democrática, y que somos
precisamente los actores políticos quienes
tenemos la responsabilidad de impulsar políticas
que permitan la adaptación de las instituciones a
los cambios que experimenta la sociedad.
Es así que propuse al país que la Nueva
Constitución fuese una de las tres reformas de
fondo de mi Gobierno, junto con la reforma
educacional y la reforma tributaria.
En mi Programa me comprometí a realizar un
Proceso Constituyente democrático, institucional
y participativo. Propuse generar un texto
constitucional que pudiera responder a las
demandas y desafíos actuales de nuestro país, en
donde se encuentren las tradiciones democráticas
y republicanas y que sea producto del consenso de
los diferentes sectores de nuestra sociedad.

Siempre he creído que Chile merece que su
Constitución reconozca y se base en un sistema
plenamente democrático; que recoja las normas y
principios de derechos humanos reconocidos en
Chile y en el ámbito internacional; que
establezca un equilibrio entre los derechos
fundamentales plenamente garantizados, y un
adecuado sistema frenos y contra pesos entre los
poderes del Estado.
Por lo anterior, presenté el Proceso
Constituyente Abierto a la Ciudadanía como
mecanismo de cambio constitucional, expresando
que: “Chile necesita una nueva y mejor
Constitución, nacida en democracia y que exprese
la voluntad popular. Una legítima y respetada por
todos, que la convierta en un motor de unidad
nacional. Eso ha sido lo que consistentemente ha
venido demandando la ciudadanía y es uno de los
principales compromisos por los que fui elegida
(…) Por eso la Constitución debe ser el techo
común de nuestra patria, que nos albergue a
todos, nos proteja a todos y nos permita avanzar
juntos”.
Así, mi propuesta se ha sostenido en cinco
pilares claves: 1) entender la Constitución como
un acuerdo político y social de convivencia
cívica, que sirva como marco jurídico general
para el desenvolvimiento de la política,
requiriendo acuerdos políticos amplios y
legitimidad social; 2) la necesidad de que Chile
cuente con una Constitución nacida en democracia,
con instancias efectivas de participación y en
donde se gobierne por acuerdos mayoritarios y con
respeto de las minorías; 3) que la Nueva
Constitución debe retomar la tradición
constitucional chilena, republicana, democrática
y social; 4) la convicción de que el país cambió,
y se requiere de un nuevo texto que pueda dar
cuenta de todos estos cambios y que nos permita
hacer frente a los desafíos del futuro, donde
todos los proyectos políticos, bajo un ambiente
pluralista, puedan desarrollarse; y 5) la
participación pública incidente como elemento
legitimador y de reformulación del ejercicio del
poder constituyente.

II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

1. La tradición constitucional chilena,
republicana, democrática y social, como
marco para la Nueva Constitución
Desde mi Programa de Gobierno he sostenido
que Chile debe reencontrarse con sus valores
republicanos y dar origen a la Nueva
Constitución, en la que confluyan las tradiciones
constitucionales liberales, democráticas y
sociales y que sea fruto de un auténtico consenso
constitucional.
En nuestra historia constitucional se ha
construido una tradición republicana y
democrática que se caracteriza por la supremacía
constitucional, el adecuado equilibrio entre los
poderes del Estado, la ampliación progresiva de
la ciudadanía y los derechos de las personas.
Junto con ésta, desde inicios del siglo XX, la
perspectiva social del Estado fue un eje fundante
y configurador de nuestro constitucionalismo. Es
esta tradición una de las fuentes inspiradoras
para la Nueva Constitución que presento en este
proyecto.
Lo anterior ha sido posible no obstante los
complejos contextos en los cuales las
constituciones previas han tenido su origen: su
mayoría es producto de situaciones de excepción
institucional, en espacios de deliberación
restringidos y con ausencia de participación
pública. Sus contenidos y el desarrollo
democrático de nuestro país permitieron su
legitimación en el tiempo, debiéndose acometer
reformas para avanzar hacia tal fin.
En el transcurso de nuestra historia
observamos dicha tradición. Las diversas cartas
fundamentales presentan ciertos elementos comunes
que conforman los principios orientadores, lo que
se hace evidente en su concepción acerca de los
derechos, los órganos del Estado y las
características de la institucionalidad.
La conformación de esta tradición responde a
la adecuación entre texto constitucional y el
contexto en que las constituciones han sido
redactadas. De esta manera, el constitucionalismo
chileno promueve una adecuación y actualización
permanente de sus contenidos a las necesidades y
exigencias políticas, sociales, económicas y
culturales de cada período. Bajo esta lógica, tal
como señala el jurista alemán Karl Loewenstein,
las constituciones deben adaptarse a las
condiciones sociales en constante cambio.
Lo anterior se expresa en que existen normas
que son propias de nuestra cultura constitucional
y que han persistido sin grandes variaciones
entre las diferentes cartas fundamentales, tales
como la división de poderes, la elección
democrática de las autoridades, las normas sobre
soberanía, nacionalidad y ciudadanía, los
derechos fundamentales como parte nuclear de la
Constitución y las reglas de formación de la ley,
entre otras, que han sido reproducidas en
términos similares desde las primeras
constituciones.
La conservación de ciertos elementos que nos
identifican y que poseen un fuerte carácter
republicano fueron antecedentes directos de las
Constituciones posteriores. Por ello, ahora
debemos basarnos en la solidez de nuestras
tradiciones jurídicas, la democratización
progresiva y en la construcción de un Estado de
carácter social durante el siglo XX. Al mismo
tiempo, debemos dar curso a nuestra capacidad de
avanzar hacia una sociedad más abierta y moderna
que responda a los cambios políticos, sociales y
culturales de las últimas tres décadas.
A partir de los primeros textos
constitucionales se han incorporado nuevos
elementos en nuestro ordenamiento jurídico
institucional, tal como el establecimiento de una
República basada en la soberanía popular, el
gobierno representativo, la consagración de los
derechos fundamentales y la primacía de la ley.
Desde la última parte del siglo XIX se inició un
proceso que permitió la ampliación y
profundización de los derechos políticos a través
de la eliminación del voto censitario, la
incorporación de las mujeres en la vida política,
la inserción de los analfabetos al padrón
electoral, así como también de los extranjeros
avecindados en Chile por más de 5 años y,
finalmente, la ampliación del derecho a voto a
los chilenos residentes en el exterior.
La Constitución de 1828, establecida por un
Congreso Nacional Constituyente, instituyó las
bases del ordenamiento constitucional democrático
al expandir el derecho a sufragio y establecer un
capítulo especial relativo a los derechos de las
personas, consagrando la libertad personal, el
derecho al debido proceso y la libertad de emitir
opinión. Asimismo, esta Constitución se sostiene
en la igualdad entre las personas, indicando que
no hay grupos privilegiados y suprimiendo los
privilegios mayorazgos y títulos de nobleza.
La Constitución de 1833 surge como
consecuencia de la batalla de Lircay y del
triunfo de los pelucones y su mirada conservadora
de la sociedad y del orden institucional. Su
redacción estuvo encomendada a la Gran
Convención, establecida en la Constitución de
1828, compuesta por treinta y seis miembros,
dieciséis diputados y veinte ciudadanos probos e
ilustrados, los que podían también ser miembros
del Congreso, para luego ser aprobada por el
mismo Congreso Nacional.
Esta Constitución tenía por objeto
establecer un nuevo orden político caracterizado
por una figura presidencial fuerte y con amplias
atribuciones, pues se sostenía en la idea de que
este tipo de liderazgo permitiría generar un
sistema marcado por la estabilidad. A su vez,
estableció un Congreso Nacional bicameral, donde
la iniciativa de ley radicaba en la Cámara de
Diputados, el Senado o el Presidente de la
República a través de moción o mensaje y un poder
judicial basado en una única magistratura a nivel
nacional.
Las principales reformas de este texto
apuntan a la ampliación de los derechos políticos
de la ciudadanía, las reformas electorales de
1874, 1888 y 1890, ampliaron el derecho a
sufragio, otorgaron mayor transparencia al
proceso electoral y reforzaron el secreto del
voto, tras el afianzamiento del sistema de
partidos políticos y la creciente oposición
liberal a las prerrogativas presidenciales.
La Constitución de 1925 llega como respuesta
a la crisis de la denominada República
Parlamentaria, a manos del movimiento “ruido de
sables”, que suspende el orden constitucional
vigente, clausura el Congreso Nacional y exilia
al Presidente de la República. Su elaboración
estuvo encomendada a una Comisión Consultiva de
ciento veintidós integrantes, con participación
de civiles y militares.

Se establecieron dos subcomisiones: la
primera subcomisión de reforma que tuvo por
objeto preparar el proyecto de reforma; y la
segunda que tuvo por finalidad examinar el
mecanismo para la discusión y aprobación
(Asamblea Constituyente). La subcomisión de
reforma estuvo integrada por quince personas,
directamente llamadas por el Presidente de la
República, quien presidió la subcomisión. En
total se reunieron treinta veces. En tanto, la
subcomisión de mecanismo, que debía organizar la
Asamblea Constituyente, sólo se reunió tres
veces, no volviendo a ser convocada por el
Presidente.
Este texto constitucional fue aprobado
mediante un plebiscito en agosto de 1925.
Esta Constitución retornó al régimen
presidencial, con una fuerte separación de
funciones. Se incorporó la renovación de la
Cámara de Diputados cada 4 años, los requisitos
para ser electo Diputado y Senador,
estableciéndose, además, el Tribunal Calificador
de Elecciones.
El texto constitucional se caracterizó por
su capacidad de incorporar las demandas propias
de la denominada “cuestión social” y extender el
sistema de derechos hacia los sectores más
desprotegidos de la sociedad. Así, se estableció
un régimen democrático y social con la ampliación
de los derechos mediante la incorporación de la
libertad de conciencia, la libertad de enseñanza
y educación, el derecho de reunión, la protección
al trabajo y el derecho de asociación, entre
otros. Todos ellos persisten en nuestro sistema
constitucional actual en términos similares.
Reafirma totalmente su carácter social la reforma
constitucional de 1967 que modificó el derecho de
propiedad y permitió la realización del proceso
de reforma agraria. Dispuso que la propiedad
reconoce un límite en la función social y que
ésta comprende “cuanto exijan los intereses
generales del Estado, la utilidad y la salubridad
públicas, el mejor aprovechamiento de las fuentes
y energías productivas en el servicio de la
colectividad y la elevación de las condiciones de
vida del común de los habitantes”.
Durante la vigencia de esta Constitución se
incorporaron sectores de la sociedad que hasta
ese momento se encontraban excluidos. Por un
lado, las mujeres, a través del voto en las
elecciones municipales de 1935, y en las
presidenciales y parlamentarias de 1949. Por otro
lado, destaca la inclusión de los no videntes en
1969 y de los analfabetos en 1972.
Hasta ese momento, la tradición
constitucional chilena, que se caracterizaba por
ser republicana, democrática y social, se
interrumpió abruptamente con el Golpe de Estado
el 11 de septiembre de 1973. La Junta de Gobierno
tempranamente manifestó su intención de avanzar
hacia una nueva Constitución para lo cual se
atribuyó el poder Constituyente.
La Constitución de 1980 es producto del
golpe de Estado de 1973 y surge durante la
dictadura que le siguió, a través del D.L. N° 128
el cual confirió a la Junta de Gobierno el poder
constituyente y las facultades para modificar,
suspender y derogar la Constitución, aprobando
una nueva en su reemplazo.
De esta manera, la Junta de Gobierno,
mediante el Decreto Supremo N° 1.064 del octubre de 1973, encargó a la Comisión de
Estudios para la Nueva Constitución la
elaboración de un anteproyecto de Nueva
Constitución. La Comisión estuvo presidida por
Enrique Ortúzar Escobar e integrada por otros
siete miembros. La revisión final recayó primero
en el Consejo de Estado y posteriormente en el
General Augusto Pinochet y su ratificación se
realizó a través del plebiscito del 11 de
septiembre de 1980.
Esta Constitución interrumpió la tradición
política y constitucional descrita anteriormente,
estableciendo una arquitectura institucional que
modificó radicalmente el camino constitucional
trazado. Los ejes rectores originales de esta
concepción político-jurídica son cuatro: 1) el
establecimiento de una sociedad de libertades con
primacía de los derechos económicos; 2) el rol
subsidiario del Estado; 3) la fijación de una
democracia no pluralista y tutelada; y 4) la
consagración y ejecución de la doctrina de la
seguridad nacional.
La Constitución inició su vigencia en un
plebiscito totalmente irregular y sosteniéndose
en artículos transitorios que suspendieron las
elecciones, el funcionamiento del Congreso y el
normal desenvolvimiento de todas las
instituciones. La dictadura militar elaboró las
primeras leyes electorales y de partidos
políticos, siendo el Tribunal Constitucional, en
un hecho inédito e impensado en aquella época, el
órgano que dio curso al proceso democrático.
La transición a la democracia planteó como
desafío realizar importantes modificaciones al
texto vigente, las que han buscado democratizarlo
y dotarlo de legitimidad, cuestión que aún se
encuentra pendiente. Por lo anterior, si bien
esto nos ha permitido gozar de una democracia
estable, aún persiste la urgencia de un cambio
constitucional.

Desde el retorno a la democracia se han
realizado treinta y nueve reformas que han
incidido en más de doscientas cincuenta
disposiciones. En 1989 se realizó una gran
reforma, que nos permitió transitar a la
democracia, incorporando como límite de la
soberanía los derechos esenciales que emanan de
la naturaleza humana y suprimiendo la restricción
al pluralismo político.
En 1991 se dictaron leyes relativas al
delito de terrorismo y amnistía y
descentralización del país respectivamente.
Entre los años 1994 y 1997 se realizaron
cinco reformas constitucionales relativas a la
duración del mandato presidencial, la composición
del poder judicial, a la administración del
Estado y la creación del Ministerio Público.
En el año 1999 se agregan cuatro reformas
constitucionales en materia de funcionamiento de
los tribunales, equidad de género, reconocimiento
de la educación parvularia y normas relativas al
Tribunal Calificador de Elecciones. En el período
comprendido entre 2000 y 2003, se realizaron
cuatro reformas, las que apuntaban a revisar el
funcionamiento del Congreso Nacional, el estatuto
de los ex Presidentes de la República, la
consagración del derecho a la libre creación
artística y la obligatoriedad de la educación
media.
En el año 2005, bajo el Gobierno del
Presidente Ricardo Lagos, se realizó la reforma
más sustantiva a la actual Constitución con el
objetivo de eliminar los enclaves autoritarios
existentes; así, se suprimió la institución de
los senadores vitalicios y designados, se
eliminó el rol garante de las Fuerzas Armadas y
se disminuyó su poder, al igual que el del
Consejo de Seguridad Nacional.
Desde 2005 han sido veintidós las reformas
que se le han efectuado a la Constitución
vigente. Dichas modificaciones se han centrado en
materias tales como la cesación del cargo por
infracción a las normas sobre transparencia,
límite y control del gasto electoral; elección
popular del órgano ejecutivo del Gobierno
Regional; autonomía constitucional al Servicio
Electoral; obligatoriedad del segundo nivel de
transición y financiamiento gratuito desde el
nivel medio mayor educacional; adecuación de las
fechas de las elecciones presidenciales;
modificación de la ley que regula los territorios
especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan
Fernández; normas relativas a Gobierno y
Administración Regional; habilitación al
legislador para fijar fecha de entrada en
vigencia de leyes procesales en diversas
regiones; integración de la Cámara de Diputados;
ejercicio del voto de chilenos residentes en el
extranjero; obligatoriedad de Rendición de
Cuentas al país de los Presidentes de la Cámara y
del Senado; obligatoriedad de Defensa Jurídica;
supervigilancia y control de armas; declaración
de patrimonio e intereses de las autoridades e
incompatibilidades del cargo de Ministro;
aprobación del Estatuto de Roma; asociacionismo
municipal y personalidad jurídica de derecho
privado municipal; inscripción automática en los
Registros Electorales; y modificación de la fecha
para rendir cuenta ante el Congreso Pleno por
parte del Presidente de la República.
Es así que la Nueva Constitución busca
retomar la tradición constitucional republicana,
democrática y social que es parte de nuestra
historia, pero también persigue que sea una
Constitución moderna, actualizada y acorde a los
cambios políticos, sociales y culturales que el
país ha enfrentado en los últimos años,
permitiendo a la vez responder a los desafíos
futuros.
Esta convicción da sustento a nuestro
desafío actual que es dotarnos de una Nueva
Constitución nacida plenamente en democracia y
que, a diferencia de las Constituciones
anteriores, se realice a través de un
procedimiento democrático, con instancias reales
de participación ciudadana y dentro de los
canales de la institucionalidad vigente.
2. Proceso Constituyente Abierto a la
Ciudadanía
En octubre de 2015 presenté al país el
Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía
como propuesta de cambio constitucional. Es una
política de Estado, que se inicia en mi Gobierno
pero que se extiende al nuevo periodo
presidencial. Es respetuosa de la
institucionalidad vigente y del Congreso Nacional
como poder constituyente derivado e incorpora a
los ciudadanos y ciudadanas como protagonistas.
El Proceso Constituyente incorpora la
discusión pública incidente de los ciudadanos
sobre los asuntos constitucionales como un
elemento central, de una manera
institucionalizada, permitiendo el diálogo y la
convergencia para la construcción de acuerdos
sobre la Constitución. Es abierto a la
ciudadanía, por cuanto los ciudadanos pueden
participar sin discriminaciones e incidir en la
discusión constitucional por medio de los
diferentes mecanismos participativos e
institucionales contemplados para ello, siendo la
incidencia el elemento esencial de la
participación pública.

El proceso considera tres momentos: el
Encuentro, la Deliberación y la Soberanía. El
Encuentro se refiere a la fase participativa y
consiste en la participación pública a nivel
local, provincial y regional. Para dar garantías
de transparencia, inclusión y ausencia de sesgo
político en esta primera etapa, creé el Consejo
Ciudadano de Observadores del Proceso
Constituyente. La Deliberación consiste en la
discusión sobre los contenidos constitucionales
en la sede constituyente acordada por el Congreso
Nacional. Finalmente, la Soberanía se refiere al
plebiscito final ratificatorio del cambio
constitucional.
Durante mi mandato, hemos desarrollado la
etapa del Encuentro, a través de la fase de
educación cívica y constitucional, los diálogos
ciudadanos en sus distintos niveles y la entrega
de las Bases Ciudadanas para una Nueva
Constitución. Adicionalmente, se dio inicio a la
etapa de la Deliberación, mediante la
presentación en abril de 2017, del proyecto de
reforma constitucional al Capítulo XV, que
incorpora un mecanismo para su reemplazo total y
el envío del presente texto al Congreso Nacional.
a. La Etapa Participativa del Proceso
Constituyente Abierto a la Ciudadanía
La Etapa Participativa tuvo el desafío de
convocar a las personas a participar en la
discusión sobre los temas constitucionales,
generando condiciones que favorecieran la
confianza de la ciudadanía respecto de su real
incidencia en la propuesta final sobre la Nueva
Constitución.
Para que ello ocurriese, se determinó que la
Etapa Participativa debía contar con un modelo en
que la participación y las conversaciones de las
personas llegaran a conclusiones colectivas de
forma colaborativa. Junto con ello, se estimó
necesario involucrar a diversos actores de la
sociedad, quienes, asumiendo diferentes roles,
apoyarían tareas tales como la observación a
través del Consejo Ciudadano de Observadores que
reunió a destacadas personalidades y abogados
constitucionalistas del país; la sistematización
que se radicó en el Comité de Sistematización
que se estableció para tal efecto; la
facilitación del diálogo por medio de los 199
facilitadores contratados por el Sistema de Alta
Dirección Pública, y las campañas de educación y
motivación diseñadas para la participación. Todos
estos elementos fortalecieron el desarrollo de
esta etapa.
Uno de los principales desafíos de esta
etapa tuvo que ver con el diseño e implementación
de varias instancias de deliberación que
permitieron la participación de todas las
personas en su diversidad territorial, etaria,
social y cultural, y que facilitó su posterior
sistematización para la construcción de las Bases
Ciudadanas para la Nueva Constitución.
La Etapa Participativa se desarrolló entre
el 23 de abril y el 6 de agosto de 2016, y
consideró tres niveles de participación: 1) el
nivel local compuesto por la Consulta Individual
y los Encuentros Locales; 2) el nivel provincial,
desarrollado a través de los Cabildos
Provinciales; y 3) el nivel regional desarrollado
a través de los Cabildos Regionales. El objetivo
de cada uno de estos niveles fue integrar,
debatir y acordar sobre los contenidos para la
Constitución mediante la metodología diseñada por
el Gobierno denominada “convergencia
deliberativa”, que buscó la generación de
acuerdos sobre los asuntos constitucionales,
registrando también, los acuerdos parciales y los
desacuerdos entre las personas.
En esta primera etapa, denominada el
Encuentro, se realizaron más de 9 mil instancias
de discusión constitucional, y participaron
204.402 personas, ciudadanos chilenos o
extranjeros residentes en Chile y también
chilenos residentes en el extranjero, mayores de
14 años. Cabe destacar que los Encuentros Locales
Autoconvocados, como mecanismo innovador de
participación pública, permitieron que las
personas en diferentes instancias (trabajo,
familia, amigos, lugares de estudios, entre
otros) se reunieran a deliberar sobre la
Constitución política. Las reglas de inclusión,
no discriminación y ampliación de la ciudadanía,
permitieron la participación de jóvenes, de
personas pertenecientes a los pueblos indígenas y
especialmente canalizó un alto interés de las
mujeres, cuya participación alcanzó un 54% en
estos encuentros. Lo anterior demuestra que las
mujeres solo necesitamos iguales condiciones para
igual participación.
La Etapa Participativa concluyó con la
elaboración de las Bases Ciudadanas para una
Nueva Constitución, que reflejan de manera fiel
lo que las personas acordaron durante el proceso
y en donde la ciudadanía es el actor central en
la definición y priorización de sus contenidos.
Para esto, se consideraron y sistematizaron todas
las opiniones expuestas en los distintos niveles
de participación y deliberación, siendo esta
información trazable hasta su origen y a través
de una metodología replicable.
Las Bases Ciudadanas se componen de la
sistematización del resultado de los distintos
niveles de participación del Comité de
Sistematización; la síntesis de la
sistematización de resultados del Consejo
Ciudadano de Observadores; y del Informe de
Observación del Consejo Ciudadano de
Observadores.
Este documento, dadas sus características,
corresponde al insumo esencial para la
elaboración del proyecto de cambio
Constitucional que aquí presento, y recoge la
incidencia de la participación pública en los
diferentes niveles territoriales diseñados para
ello, cumpliendo con los desafíos de
democratización y legitimación antes señaladas.
Este proceso ha sido reconocido
internacionalmente tanto en términos de
participación como de innovación. De hecho, según
lo planteado por la OCDE (2017), los Encuentros
Locales Autoconvocados se constituyen como una
buena práctica que permite nivelar el juego
participativo y promover la inclusión. A su vez,
este mecanismo participativo permitió dar voz a
sectores generalmente no considerados, lo que
queda evidenciado en el hecho de que algunos
conceptos constitucionales clave priorizados por
los ciudadanos no están incluidos actualmente en
el debate político o en la Constitución chilena
actual. Por otra parte, esta iniciativa puede
ayudar a fortalecer y profundizar las políticas
públicas, haciéndolas más participativas e
inclusivas, especialmente mediante la
participación de otras instituciones clave.
En complemento con lo anterior, se llevó a
cabo una etapa participativa indígena y un
Proceso de Consulta Constituyente Indígena acorde
al Convenio 169 de la OIT.
La Etapa Participativa Indígena se realizó
en todo el territorio chileno y tuvo tres
modalidades de participación, a saber, encuentros
convocados, encuentros autoconvocados y
participación individual, en los cuales
participaron un total de 17.016 personas, entre
mayo y diciembre de 2016.
El Proceso Constituyente Indígena recoge las
propuestas formuladas por los nueve pueblos
indígenas. La convocatoria al proceso de diálogo
fue amplia y abierta a todas las instituciones
representativas de los pueblos indígenas. Por su
parte, el Proceso de Consulta Constituyente
Indígena, que constituye la primera consulta a
nivel mundial en materias constitucionales, contó
con la participación del Instituto Nacional de
Derechos Humanos (INDH) como observador del
proceso, además del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), como garante y
observador del proceso.
Adicionalmente, se realizó durante octubre y
noviembre del año 2016 el proceso “Yo opino, es
mi derecho” a cargo del Consejo Nacional de la
Infancia, en colaboración con el Ministerio de
Educación. Este proceso buscó generar un espacio
de participación deliberativo para niños, niñas y
adolescentes con el objeto de recoger su visión
sobre el ejercicio de sus derechos y sus
propuestas para el nuevo el trato del Estado con
la niñez y la juventud.
Esta instancia destacó la importancia de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes y en
él participaron 424.446 estudiantes a nivel
nacional.
Así, la participación se ha instituido como
un principio rector de nuestro proceso. La Etapa
Participativa es una experiencia inédita en
nuestra historia republicana, y también novedosa
respecto de los procesos constituyentes de las
últimas décadas, al establecer participación
pública como etapa anterior a la fase de
deliberación del órgano constituyente. Este fue
el proceso de cambio constitucional de mayor
participación a nivel comparado, con un alto
grado de innovación, en un ejercicio de
profundización democrática, que permite
fortalecer los mecanismos de participación y de
vinculación entre el Estado y la sociedad. Todo
esto, bajo los principios de transparencia,
rendición de cuentas y supervisión activa
(Estudio de Gobernanza Pública de la OCDE:
informe la participación ciudadana en el Proceso
Constituyente 2017).
b. La participación pública incidente como
elemento legitimador de la Constitución
y de reformulación del ejercicio del
poder constituyente
La participación pública es el elemento
central para lograr generar constituciones
legítimas en democracias estables, ya que es la
participación ciudadana la que le da validez y
autoridad al texto constitucional, por lo que sin
ella la convergencia deliberativa entre el
sistema representativo y la sociedad civil no es
posible.
El principal desafío de la Nueva
Constitución es que la ciudadanía se apropie de
ella, así como del sistema que ella establece. Es
necesario que las personas se sientan
identificadas con el texto constitucional, para
lo cual se debe establecer una relegitimación a
través de la participación pública para lograr
nuevos acuerdos sociales básicos sobre la
ordenación del poder y los derechos
fundamentales.

Debemos ampliar el consenso constitucional
fundante. Esto se logra únicamente a través de
una Nueva Constitución elaborada desde abajo
hacia arriba, que genere una conciliación entre
la ciudadanía y el sistema representativo,
promoviendo un diálogo político plural y abierto.
Lo anterior es hoy un requerimiento para la
elaboración de los textos constitucionales
democráticos. En esta línea la Comisión de
Venecia del Consejo Europeo señaló en el año
2015: “la adopción de una nueva y buena
Constitución debe estar basada en el más amplio
consenso posible dentro de la sociedad y (…) un
amplio y sustantivo debate que incluya las
variadas fuerzas políticas, organizaciones no
gubernamentales y asociaciones ciudadanas, la
academia y los medios es un prerrequisito
importante al adoptar un texto sustentable,
aceptable para toda la sociedad y en línea con
los estándares democráticos”.
En nuestro país, la Constitución de 1980
carece de legitimidad como norma jurídica
justificante del poder político, producto del
momento histórico en que fue dictada y de la nula
participación pública en su elaboración y
deliberación. Lo anterior ha traído como
consecuencia que la ciudadanía no crea en ella y
demande su cambio. Por lo tanto, el poder que de
ella emana no es visto como legítimo. Es por esto
que el centro de la discusión constituyente
actual debe ser la forma en que la sociedad
pretende darse un ordenamiento del poder político
y del sistema de derechos y cómo la ciudadanía
puede incidir para que esto se materialice en el
nuevo texto constitucional.
El modelo de cambio constitucional propuesto
busca fijar los acuerdos sociales básicos sobre
el modelo de Estado, la relación entre la persona
y el Estado, los derechos fundamentales, el
sistema de gobierno y el modelo jurídico de
Estado que identifique a nuestra sociedad actual.
Para esto, la única fórmula que permite dotar de
legitimidad a este nuevo ciclo político es la
participación pública incidente.
Ésta tiene dos elementos centrales que la
componen: por un lado la incidencia como
influencia en las decisiones públicas y, por
otro, la incidencia como fortalecimiento del
mandato que les otorgamos a los representantes
que discutirán los nuevos contenidos
constitucionales.
Que la participación influya en las
decisiones públicas implica que tiene la cualidad
y efecto de repercutir en la redacción del
proyecto de cambio constitucional. Es decir, que
el texto debe dar cuenta de las principales
deliberaciones de la Etapa Participativa. Solo
así se puede elaborar una Constitución legítima e
inclusiva que represente a todos los sectores de
la sociedad.
Esto se materializa en las Bases Ciudadanas
para la Nueva Constitución. En el ejercicio de mi
potestad co-constituyente, el contenido de las
Bases ha sido incorporado en el presente
proyecto. De esta manera, la incidencia y el
compromiso político democrático que ésta lleva
aparejada, es la que permite que los acuerdos
alcanzados se materialicen en el texto
constitucional.
Las Bases Ciudadanas producen incidencia en
dos momentos del Proceso Constituyente. El
primero, al ser el documento que activa la
incidencia, donde el proyecto de cambio
constitucional es su expresión concreta. Luego,
al ser discutido el proyecto en la sede
constituyente que el Congreso defina, sus
contenidos generarán la segunda incidencia sobre
los actores que serán parte integrante del órgano
constituyente. Éstos deben respetar la
deliberación pública constitucional expresada en
las Bases Ciudadanas, siendo parte de la
devolución a la ciudadanía y, a su vez,
permitiendo la trazabilidad de sus opiniones en
todo el proceso de cambio. Sin lo anterior, no
habrá legitimidad social.
En segundo término, la incidencia modifica
el mandato representativo. Incorpora los
contenidos previamente deliberados y consensuados
por la ciudadanía en el ejercicio de la
representación y, en consecuencia, en el
ejercicio del poder constituyente, y de esta
manera, reformulándolo. Es decir, la
participación pública incidente provee contenidos
(las visiones constitucionales de las personas) y
fortalece el ejercicio de la representación, al
instaurar un mandato con responsabilidad
política, el cual exige considerar los resultados
de la participación pública.
3. La Nueva Constitución
La Nueva Constitución es producto del camino
descrito anteriormente. Ésta nos permitirá
reencontrarnos con nuestra tradición
constitucional republicana, democrática y social,
la cual fue, como ya hemos señalado
anteriormente, interrumpida durante el proceso de
elaboración de la Constitución vigente.
Proponemos un cambio en la forma de entender
el texto constitucional. Hablamos de una
Constitución democrática y social, que dé cuenta
de los cambios que Chile ha tenido en los últimos
años y que permita su adecuación a los cambios
futuros.

Es un cambio sistémico y sustancial, que
propone una nueva manera de comprender los
derechos fundamentales y la estructura de poderes
del Estado.
Este proyecto tiene como fundamento las
Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución. Los
cambios sustanciales que se proponen se sostienen
en los valores fundamentales de nuestra sociedad
como lo son la dignidad, la libertad, la
igualdad, la solidaridad y el respeto de los
derechos fundamentales de todos los seres
humanos; una sociedad que busca vivir en paz, en
justicia y en prosperidad.
Se propone una nueva matriz de
interpretación de la Constitución, con base al
establecimiento de un Estado de Derecho
democrático y social, en el cual el Estado está
al servicio de las personas y su finalidad es el
bien común, pero no el mero bien común
individual, sino aquel que busca crear las
condiciones necesarias para el desarrollo
integral y sostenible de la comunidad y de cada
uno de sus integrantes. Junto con ello
reconocemos a los pueblos indígenas como parte
fundamental de nuestro orden constitucional. Así,
junto con la democracia como valor primordial,
nos alejamos del individualismo y avanzamos hacia
un modelo de Estado solidario, que concilie los
intereses personales con los de la comunidad
toda. Lo anterior requiere una adecuación del
Estado a los nuevos estándares y deberes, como lo
son el respeto al medio ambiente y al patrimonio
histórico y cultural. Es en este equilibro sobre
el cual se edifica la Nueva Constitución.
Como segundo elemento, la Nueva Constitución
se funda en los derechos fundamentales de las
personas. Establece por un lado un
perfeccionamiento de los derechos actuales tales
como igualdad, salud, la educación y trabajo; se
pone al día con nuestra deuda histórica con los
pueblos indígenas reconociendo sus derechos, y
establece derechos que dan cuenta de los cambios
políticos, sociales y culturales que hemos
experimentado en los últimos años, estableciendo
el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, el derecho a la igualdad entre
hombres y mujeres, los derechos de los niños
niñas y adolescentes, el derecho a la
participación, entre otros.
Una Constitución no es tal sin la garantía
de sus derechos. Es por ello que el proyecto
dispone de un mecanismo de tutela universal de
los derechos, sin distinciones según el tipo de
derechos como ocurre hasta ahora, donde hay
derechos que valen más que otros en cuanto a su
protección. Toda persona vulnerada en sus
derechos podrá recurrir ante cualquier tribunal
ordinario de primera instancia y solicitar la
tutela de sus derechos, cuestión que podrá ser
apelable ante el Tribunal Constitucional. Así, se
establece un sistema que ubique en la misma
posición a las libertades individuales,
económicas y los derechos sociales en su
consagración y amparo.
En cuanto al régimen político, se fortalece
el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y
Legislativo. Se eliminan los quórum supramayoritario
de las leyes por lo que sólo
existirán la mayoría simple y mayoría absoluta.
El único quórum mayor a los anteriores será el
quórum de reforma a la Constitución, que será un
quórum único de tres quintos. Esta es una de las
principales profundizaciones democráticas, pues
permitirá el real juego de mayorías y minorías,
reglas bajo las cuáles se podrán desarrollar los
distintos proyectos políticos. También se elimina
el control preventivo que puede hasta hoy
requerir una minoría ante el Tribunal
Constitucional, y sólo se podrá controlar
obligatoriamente ciertas leyes con un quórum de
cuatro quintas partes, es decir, ocho de diez
Ministros del Tribunal Constitucional. Solo
cuando exista una clara y fuerte mayoría de
acuerdo sobre la inconstitucionalidad de una ley,
ésta podrá ser controlada por dicho órgano. Junto
con lo anterior, se atribuye iniciativa legal al
Congreso en materia laboral, de seguridad social
y en la creación de servicios públicos.
La reforma propuesta el régimen político se
complementa con las reformas constitucionales y
legales que realizamos al sistema político
durante mi Gobierno. La reforma constitucional
que permitió el voto de chilenos y chilenas en el
extranjero, la que estableció el Servicio
Electoral como autonomía constitucional y la que
dispone la elección directa de los gobernadores
regionales. Las reformas legales que estableció
el nuevo sistema electoral proporcional, la nueva
ley de partidos políticos y las nuevas reglas
para el financiamiento de la política.
Se profundiza la democracia y se complementa
a través de mecanismos de innovación democrática
como lo es la iniciativa ciudadana de ley que
podrá activar el 5% de los ciudadanos con derecho
a sufragio.
En cuanto a la generación de una Nueva
Constitución, el proyecto recoge mi propuesta que
presenté en abril del año pasado al Congreso
Nacional, y se propone que sea una Convención
Constitucional la sede para conocer y deliberar
un nuevo texto fundamental.
Finalmente, la Nueva Constitución debe ser
aprobada en un plebiscito final donde los
ciudadanos y ciudadanas expresen si aprueban o
rechazan el nuevo texto.
Así, esta Constitución asume el desafío de
actualizar y modernizar las instituciones del
Estado, el sistema de derechos fundamentales, el
régimen político y el sistema de relaciones entre
la ciudadanía y el Estado.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO
En consecuencia, propongo al H. Congreso
Nacional, el siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

“Artículo único.- Modifícase la Constitución Política de la
República en el siguiente sentido:

1. Agrégase el siguiente preámbulo:

“PREÁMBULO
Nosotros, los pueblos de Chile, responsables ante nuestra historia y
su porvenir, nos otorgamos esta Constitución Política de la República
de Chile. Lo hacemos en forma libre y democrática, ejerciendo el
poder constituyente originario del que estamos investidos. La
finalidad de este acto solemne es vivir en paz, en justicia y en
prosperidad dentro de nuestras fronteras, y convivir con todos los
países y pueblos del mundo, promoviendo y respetando la dignidad, la
libertad, la igualdad, la solidaridad y los derechos fundamentales de
todos los seres humanos.”.

2. Reemplázase el Capítulo I: Bases de la
institucionalidad, por el siguiente:

“Capítulo I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos.
La dignidad del ser humano es inviolable. A su respeto
y protección está obligado el Estado, así como todas personas y las
diversas formas en que las mismas se agrupan.
La familia, en sus diversas modalidades, es el núcleo
fundamental de la sociedad.
Artículo 2.- La República de Chile es un Estado de Derecho
democrático y social. Su organización territorial es unitaria. Su
administración es descentralizada y desconcentrada, pudiendo adoptar
otra modalidad que disponga la ley.
Artículo 3.- El Estado está al servicio de las personas y su
finalidad es el bien común, para lo cual debe crear las condiciones
necesarias para el desarrollo integral y sostenible de la comunidad y
de sus integrantes, respetando plenamente, y con responsabilidad
fiscal, los derechos y garantías que esta Constitución consagra,
El Estado reconoce, ampara y promueve a los grupos
intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la
sociedad y les garantiza la autonomía para cumplir sus propios fines
específicos, con apego a lo establecido en esta Constitución.
Es deber del Estado resguardar la seguridad y la
soberanía de la Nación y de su territorio, dar protección a su
población, promover la integración armónica y solidaria de sus
habitantes y pueblos, así como asegurar el derecho de las personas a
participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Son
deberes especiales del Estado la protección del medio ambiente y el
patrimonio histórico y cultural.
Artículo 4.- La soberanía reside en la Nación y en sus diversos
pueblos indígenas. Su ejercicio se realiza por los ciudadanos a
través de las elecciones y los plebiscitos que esta Constitución y
las leyes establecen, así como por los órganos y autoridades públicas
en el desempeño de sus cargos. Ningún sector del pueblo ni individuo
alguno puede atribuirse su ejercicio.
El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación
el respeto a los derechos humanos. Es deber de los órganos del Estado
y de todas las personas respetar y promover tales derechos
garantizados por esta Constitución, así como aquellos establecidos en
los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile, y en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada y proclamada
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1948. Los órganos del Estado deberán conciliar estos derechos con los
establecidos en esta Constitución.
Artículo 5.- El Estado reconoce a los pueblos indígenas que habitan
en su territorio como parte de la Nación chilena, obligándose a
promover y respetar su integridad de tales, así como sus derechos y
su cultura. Los pueblos indígenas participarán como tales en el
Congreso Nacional, mediante una representación parlamentaria, cuyo
número y forma de elección serán determinados por una Ley Orgánica
Constitucional.
Artículo 6.- Chile es un Estado de derecho, fundado en el principio
de la supremacía constitucional. En consecuencia, todo el orden
jurídico debe subordinarse a la Constitución, fuente principal del
derecho, y los órganos del Estado, previa investidura regular de sus
integrantes, deben actuar dentro de su competencia, en la forma
establecida por esta Constitución y por las normas jurídicas dictadas
conforme a ella.
El carácter autónomo que esta Constitución otorga a
determinados órganos, no los priva de su pertenencia al Estado, con
los derechos, deberes y limitaciones que a tal condición concierne.
Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los
titulares e integrantes de dichos órganos como a toda persona,
institución o grupo.
La infracción a esta norma generará las sanciones que
determinen esta Constitución y las leyes.

El Tribunal Constitucional resolverá aquellas
contiendas de competencia suscitadas entre órganos del Estado, que no
involucren a los Tribunales Superiores de Justicia.
Artículo 7.- Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de
personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias
extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente
se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.
Todo acto en contravención a este artículo es nulo y
originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.
Artículo 8.- El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus
titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en
todas sus actuaciones.
Son públicos los actos y resoluciones de los órganos
del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que
utilicen. Sin embargo, sólo una ley podrá establecer, para todos los
efectos, la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la
publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos
órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el
interés nacional.
El Presidente de la República, los Ministros de
Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y
funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán
declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.
Dicha ley determinará los casos y las condiciones en
que esas autoridades delegarán a terceros la administración de
aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en
el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras
medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas,
disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes.
Artículo 9.- Es deber de los órganos e instituciones del Estado
garantizar el orden institucional de la República. Toda conducta que
tenga por finalidad atentar contra la democracia y los derechos
fundamentales, es contraria a la Constitución y debe encontrarse
tipificada en el Código Penal.

El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por
esencia contrario al Estado de derecho.
Las conductas punibles tipificadas como delitos
terroristas, así como la responsabilidad en su comisión, serán
establecidas en un título especial dentro del Código Penal. Las
reglas procedimentales para su juzgamiento serán materia del Código
Procesal Penal.”.

3. Reemplázase el Capítulo II: Nacionalidad y
ciudadanía, por el siguiente:

“Capítulo II
NACIONALIDAD Y CIUDADANIA
Artículo 10.- Son chilenos:
1º.- Los nacidos en el territorio de Chile;
2º.- Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en
territorio extranjero;
3º.- Los extranjeros que obtuvieren carta de
nacionalización en conformidad a la ley, y
4º.- Los que obtuvieren especial gracia de
nacionalización por ley.
La ley reglamentará los procedimientos de renuncia a
la nacionalidad chilena, de opción por la nacionalidad chilena; de
otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de
nacionalización, y la formación de un registro de todos estos actos.
Artículo 11.- La nacionalidad chilena se pierde:
1º.- Por renuncia voluntaria manifestada ante
autoridad chilena competente. Esta renuncia sólo producirá efectos si
la persona, previamente, se ha nacionalizado en país extranjero;
2º.- Por decreto supremo, en caso de prestación de
servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus
aliados;
3º.- Por cancelación de la carta de nacionalización, y
4º.- Por ley que revoque la nacionalización concedida
por gracia.
Los que hubieren perdido la nacionalidad chilena por
cualquiera de las causales establecidas en este artículo, sólo podrán
ser rehabilitados por ley. No puede perder la nacionalidad chilena
quien por ello devenga en apátrida.
Artículo 12.- La persona afectada por acto o resolución de autoridad
administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la
desconozca, podrá recurrir, por sí o por cualquiera a su nombre,
dentro del plazo de treinta días, ante la Corte Suprema, la que
conocerá como jurado y en tribunal pleno. La interposición del
recurso suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos.
Artículo 13.- Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido
dieciocho años de edad.
La calidad de ciudadano otorga los derechos de
sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la
Constitución o la ley confieran.
Los ciudadanos con derecho a sufragio que se
encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero, de
conformidad con la legislación vigente.
Artículo 14.- Los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco
años, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero
del artículo 13, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y
formas que determine la ley.
Los nacionalizados en conformidad al Nº 3º y Nº 4 del
artículo 10, tendrán opción a cargos públicos de elección popular
sólo después de cinco años de estar en posesión de sus cartas de
nacionalización.
Artículo 15.- En las votaciones populares, el sufragio será
personal, igualitario, secreto, informado y voluntario, a excepción
de lo previsto en el plebiscito dispuesto en el artículo 133 de esta
Carta.
Sólo podrá convocarse a votación popular para las
elecciones previstas en esta Constitución y para los plebiscitos que
esta misma Carta contemple o que una ley orgánica constitucional
disponga, sujeta a la aprobación del Tribunal Constitucional.
En las elecciones populares para elegir miembros de
cuerpos colegiados, se aplicará un procedimiento de conversión de
votos en cargos, cuyo resultado arroje una representación
proporcional entre el porcentaje de votos y el porcentaje de cargos
obtenidos por las listas de candidatos. La ley establecerá las formas
de candidaturas y el procedimiento de cálculo para cumplir con tal
mandato, así como las eventuales correcciones necesarias en la
representación de cada lista de candidaturas.
Artículo 16.- El derecho de sufragio se suspende sólo por
interdicción en caso de demencia y en razón de condena judicial
establecida por una Ley Orgánica Constitucional.
Artículo 17.- La calidad de ciudadano sólo se pierde por pérdida de
la nacionalidad chilena.
Artículo 18.- Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica
constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará
la forma en que se realizarán los procesos electorales y
plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución, y
garantizará siempre el fortalecimiento de los partidos políticos, así
como la participación de independientes en los señalados procesos.
Dicha ley establecerá también un sistema de financiamiento,
transparencia, límite y control del gasto electoral.
Una ley orgánica constitucional contemplará, además,
un sistema de registro electoral, bajo la dirección del Servicio
Electoral, al que se incorporarán, por el solo ministerio de la ley,
quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución.
El resguardo del orden público durante los actos
electorales y plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y
Carabineros del modo que indique la ley.”.-

4. Reemplázase el Capítulo III: De los derechos
y deberes constitucionales, por el siguiente:

“Capítulo III
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, GARANTÍAS Y DEBERES CONSTITUCIONALES

Artículo 19.- Esta Constitución, a través de los órganos y
autoridades en ella establecidos, asegura y garantiza a todos las
personas como derecho directamente aplicable:
1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y
psíquica.
Se prohíbe la pena de muerte, la tortura, y los
apremios degradantes para la integridad física y psíquica;
2°.- El derecho a la personalidad. Cada persona tiene
el derecho a desarrollar libremente su personalidad, con el sólo
límite del respeto al ordenamiento jurídico y a la dignidad y
derechos de todas las otras personas;
3º.- El derecho de los niños, niñas y adolescentes al
respeto de su integridad y desarrollo moral, físico, psíquico y
sexual. Igualmente, tienen derecho a ser tratados de acuerdo a su
grado de madurez y autonomía progresiva en los asuntos que les
afecten.
El cuidado de los niños, niñas y adolescentes es un
derecho de los padres o de las personas que los tengan a su cuidado,
de acuerdo a la ley.
Es deber del Estado, la familia y la comunidad
otorgarles la debida protección para el pleno ejercicio de sus
derechos. La ley establecerá un sistema de protección y garantías de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes;
4°.-La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona
ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su
territorio queda libre.
Ninguna persona, autoridad o grupo, ni la ley podrán
establecer diferencias arbitrarias. Nadie puede ser discriminado
negativamente a causa de su raza, color, sexo, género, idioma,
religión, opinión o creencias públicas, discapacidad, posición
económica o social, nacimiento o cualquiera otra condición;
5°.- Hombres y mujeres son iguales ante la ley y en el
goce y ejercicio de los derechos. Es obligación del Estado promover
esta igualdad, adoptando las medidas legislativas y administrativas
para eliminar toda discriminación que la afecte;
6º.- La igual protección jurídica en el ejercicio de
sus derechos frente a la investigación y enjuiciamiento del Estado.
a) Toda persona tiene el derecho de acceder a
la justicia y ser oído por los tribunales.
b) Toda persona tiene el derecho a un debido
proceso. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe
fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, revestido de las
garantías de una investigación y de un procedimiento ajustado a la
ley, a la justicia, y, especialmente, a los derechos
constitucionales.
c) Nadie puede ser investigado ni procesado sin
su conocimiento o sin constancia documental oficial de tal condición.
Toda persona tiene derecho a ser reparado o indemnizado
patrimonialmente si es absuelto o sobreseído en esas investigaciones
y procedimientos, o si en aquellas o éstos no se persevera
procesalmente.
d) Toda persona tiene derecho a defensa
jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o
individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida
intervención del letrado, si hubiere sido formalmente requerida.
Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y
Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo
administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus
respectivos estatutos.
e) La ley arbitrará los medios para otorgar
asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos
por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en
que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría
y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal
reconocida por esta Constitución y las leyes.
f) Toda persona imputada de delito tiene
derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor
proporcionado por el Estado, si no nombrare uno en la oportunidad
establecida por la ley.
g) Nadie podrá ser investigado ni juzgado por
comisiones especiales, sino por el fiscal o el tribunal que señalare
la ley, según sea el caso, y que se hallare establecido por ésta con
anterioridad a la perpetración del hecho.
h) La ley no podrá presumir de derecho la
responsabilidad penal.
i) Ningún delito se castigará con otra pena que
la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración,
a menos que una nueva ley favorezca al afectado.
j) Ninguna ley podrá establecer penas sin que
la conducta que se sanciona esté expresamente y completamente
descrita en ella.
k) Todo investigado, imputado, denunciado o
formalizado, tiene derecho a la presunción de inocencia y no procede
ser tratado ni expuesto públicamente como culpable, en tanto no
mediare en su contra sentencia firme que lo condene. Toda
contravención a esta norma puede reclamarse judicialmente para
obtener las sanciones y reparaciones que procedan.
l) Nadie puede ser sancionado por una pena no
proporcional a la conducta punible ni al bien jurídico afectado, ni
juzgado nuevamente por una materia ya conocida o ya resuelta
jurisdiccionalmente;
7º.- El respeto y protección a la vida privada y a la
honra de la persona y su familia, reputándose la afectación de ambos
bienes jurídicos, como patrimonialmente reparables.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus
datos personales. La ley regulará el tratamiento de los datos de
carácter personal y las sanciones que acarreará su incumplimiento o
vulneración;
8º.- La inviolabilidad del hogar y de toda forma de
comunicación y documentación privada. El hogar y el lugar de trabajo
puede allanarse, los objetos personales incautarse, y las
comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse, copiarse
o registrarse, sólo en los casos y formas, así como por las personas
y reparticiones expresamente determinados por la ley. Con todo, tales
intervenciones deben ser siempre respaldadas judicialmente, así como
las personas afectadas serán reparadas patrimonialmente si tales
diligencias resultan ser innecesarias o desproporcionadas. Tanto las
personas como instituciones que vulneren lo dispuesto en este numeral
responderán personal y solidariamente del daño causado;
9º.- La libertad y objeción de conciencia, la
manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos
los cultos que no se opongan a lo dispuesto en la ley.
Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar
templos y sus dependencias bajo las condiciones fijadas por las leyes
y ordenanzas.
Las iglesias, las confesiones e instituciones
religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y
reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor.
Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio
de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones;
10º.- El derecho a la libertad personal y a la
seguridad individual.
En consecuencia:
a) Toda persona tiene derecho de residir y
permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a
otro y entrar y salir de su territorio, con el solo límite de lo
establecido en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros;
b) Nadie puede ser privado de su libertad personal
ni ésta puede ser restringida sino sólo en los casos y en la forma
determinados por la Constitución y las leyes;
c) Nadie puede ser investigado, arrestado o detenido
sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la
ley y después de que dicha información u orden le sea intimada en
forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido
en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición
del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes y
mediando aviso a quien el detenido indique.
Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna
persona, deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar
aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El
juez podrá, por resolución fundada y pública, ampliar este plazo
hasta por cinco días, y hasta por diez días, en el caso que se
investigaren hechos calificados por el Código Penal como conductas
terroristas;
d) Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a
prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos
destinados a este objeto y de conformidad a la ley.
Los encargados de las prisiones no pueden recibir en
ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso,
sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de
autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público.
Ninguna incomunicación puede impedir que el
funcionario encargado de la casa de detención visite al arrestado o
detenido, procesado o preso, que se encuentre en ella. Este
funcionario está obligado, siempre que el arrestado o detenido lo
requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden de
detención, o a reclamar para que se le dé dicha copia, o a dar él
mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo, si al
tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito;
e) La libertad del imputado procederá a menos que la
detención o prisión preventiva sean consideradas por el juez como
necesarias para las investigaciones o para la seguridad del ofendido
o de la sociedad, mediante resolución inmediata, fundada y pública.
La detención y la prisión preventiva señaladas son restricciones a la
libertad esencialmente transitorias y no podrá exceder de seis meses.
La determinación de su límite temporal no puede referirse a pena
alguna. La ley establecerá los requisitos y modalidades para
obtenerla.
f) En las causas criminales no se podrá obligar al
imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio;
tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de éste, sus
ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas que, según los
casos y circunstancias, señale la ley;
g) No podrá imponerse la pena de confiscación de
bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las
leyes; pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones
ilícitas;
h) No podrá aplicarse como sanción la pérdida ni
suspensión de los derechos previsionales ni la pérdida de los
derechos políticos, a excepción de lo dispuesto en el artículo 17 de
esta Constitución.
i) Toda persona en favor de quien se dictare
sentencia absolutoria, se sobreseyere definitivamente, o probare
haber sido lesionado en sus derechos durante la investigación y el
procedimiento en su contra, tendrá derecho a ser reparado o
indemnizado por el Estado o por las personas cuando corresponda, de
los perjuicios patrimoniales o morales que haya sufrido. Esta
declaración del tribunal competente, así como la indemnización, será
determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la
prueba se apreciará en conciencia;
11º.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea
afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.
La ley podrá establecer restricciones específicas al
ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el
medio ambiente;
12º.- El derecho a vivir en una vivienda dotada de las
condiciones materiales y del acceso a los servicios básicos, según se
establezca en la ley
13º.- El derecho a la protección de la salud.
El Estado garantiza el libre e igualitario acceso a la
promoción, protección y recuperación de la salud y a la
rehabilitación del individuo.
Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control
de las acciones relacionadas con la salud.
Es deber preferente del Estado garantizar el
funcionamiento, y la calidad de un sistema público de salud, apoyado
parcialmente por cotizaciones obligatorias proporcionales a los
ingresos de los usuarios. La ejecución de acciones de salud que se
prestan por instituciones previsionales será regulada por la ley, la
que garantizará la oportunidad y calidad de tales acciones, así como
las obligaciones que puedan establecerse para cubrir tales
prestaciones.

Cada persona tendrá el derecho a elegir, sin ser
discriminado negativamente, el sistema de salud al que desee
acogerse, sea éste estatal o privado;
14º.- El derecho a la educación.
La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de
la persona en las distintas etapas de su vida. Su acceso al sistema
formal que la imparte en sus distintos niveles, serán garantizados
por el Estado.
Los padres, o quienes tengan el cuidado personal de
acuerdo a la ley, tienen el derecho preferente y el deber de educar a
sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al
ejercicio del derecho a la educación, disponiendo de los
establecimientos educacionales necesarios para ello.
Para el Estado es obligatorio promover la educación
parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del
nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus
niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio,
siendo requisito para el ingreso a la educación básica.
La educación básica y la educación media son
obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con
tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la
población. En el caso de la educación media, este sistema, en
conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad.
Igualmente gratuita será la educación superior impartida por los
establecimientos estatales o en aquellos no estatales que disponga la
ley. La ley podrá establecer el pago por los gastos administrativos
que irrogue cada estudiante, así como los subsidios a los que puedan
postular para cumplir con tal obligación.
Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el
desarrollo y la calidad de la educación, la cultura, la investigación
e innovación científica y tecnológica, la creación artística y la
protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.
Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y
perfeccionamiento de la educación;
El Estado reconoce las distintas formas de educación
de los pueblos indígenas en el marco del sistema general de educación
dispuesto en este artículo;

15º.- La libertad de enseñanza es inherente al derecho
a la educación, e incluye el derecho de abrir, organizar y mantener
establecimientos educacionales, dentro de las normas que la
Constitución y de la ley establecen y bajo la supervisión de las
instancias ministeriales correspondientes.
La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones
que las dispuestas por la ley.
La enseñanza reconocida oficialmente no podrá
orientarse por ninguna tendencia político partidista alguna ni de su
difusión, sin perjuicio de la educación cívica, que debe impartirse
obligatoriamente en todos los establecimientos educacionales de
enseñanza media.
Los padres tienen el derecho de escoger el
establecimiento de enseñanza para sus hijos.
Una ley establecerá los requisitos mínimos que deberán
exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y
señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al
Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo,
establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los
establecimientos educacionales de todo nivel;
16º.- La libertad de emitir opinión y la de informar,
sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin
perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el
ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley.
La ley en ningún caso podrá establecer monopolio
estatal ni privado sobre los medios de comunicación social,
garantizando siempre la vigencia de un pluralismo editorial e
informativo de los medios de comunicación.
Toda persona natural o jurídica ofendida o
injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene
derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente
difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de
comunicación social en que esa información hubiera sido emitida, sin
perjuicio a las acciones judiciales a que la persona afectada tenga
derecho.

Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de
fundar, editar y mantener medios de comunicación, en las condiciones
que señale la ley.
El Estado, aquellas universidades y demás personas o
entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener
estaciones de televisión u otros medios de comunicación.
Habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y
con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto
funcionamiento de este medio de comunicación. Una ley señalará la
organización y demás funciones y atribuciones del referido Consejo.
La ley regulará un sistema de calificación para la
exhibición de la producción cinematográfica;
17º.- El derecho de las personas a informarse
libremente y al acceso a la información disponible de los órganos
públicos, sin más límite que los establecidos para la información
reservada o secreta establecidos en el artículo 8° de esta
Constitución;
18°.- El derecho a la participación en los asuntos
públicos, directamente, en las asociaciones o a través de sus
representantes en conformidad al ordenamiento jurídico.
Los órganos del Estado deberán establecer mecanismos
de participación pública en la generación y evaluación de sus
actuaciones, en la forma y condiciones que determine la ley;
19°.- El derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso
previo y sin armas.
Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de
uso público, se regirán por las disposiciones de la ley;
20º.- El derecho de presentar peticiones a la
autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin
otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y
convenientes. Titulares de este derecho son todas las personas,
naturales y jurídicas, sin perjuicio de su condición y personería. La
ley regulará la forma y condiciones del ejercicio de este derecho;
21º.- El derecho de asociarse sin permiso previo.
Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones
deberán constituirse en conformidad a la ley.

Nadie puede ser obligado a pertenecer a una
asociación, a excepción de aquellas que, por ley, lo exijan para
ejercer una profesión.
Prohíbense las asociaciones contrarias al ordenamiento
jurídico;
22°.- El libre ejercicio de los derechos políticos.
Las personas son libres de participar en partidos
políticos u otro tipo de organizaciones con fines políticos, creadas
en conformidad a la ley, ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 13 de esta Constitución.
Los partidos son asociaciones que contribuyen al
funcionamiento del sistema democrático y a la formación de la
voluntad política del pueblo y cuyo ordenamiento jurídico,
funcionamiento, fines y estructura son regulados por una ley orgánica
constitucional. Las personas tienen derecho a recibir educación
cívica, tanto desde el sistema educativo formal, como de los
organismos políticos y sociales en los que libremente participan.
La Constitución Política garantiza el pluralismo
político y social. Son inconstitucionales los partidos, movimientos u
otras formas de organización cuyos actos o conductas no respeten los
principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren
el establecimiento de un sistema autocrático, como asimismo aquellos
que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como
método de acción política. Corresponderá al Tribunal Constitucional
declarar esta inconstitucionalidad;
23º.- El derecho al trabajo y a la protección jurídica
de su ejercicio.
Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a
la libertad de trabajo, con una justa retribución.
Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en
la capacidad o idoneidad personal, especialmente en materia salarial
entre hombres y mujeres, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la
nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos.
Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo
que se oponga a lo dispuesto en la ley o a la salubridad pública, o
que lo exija el interés nacional, y una ley lo declare así. Ninguna
norma jurídica ni autoridad pública podrá exigir la afiliación a
organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una
determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse
en éstos. La ley determinará las profesiones que requieren grado o
título universitario y las condiciones que deben cumplirse para
ejercerlas. Los colegios profesionales constituidos en conformidad a
la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados
para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la
conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá
apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales
no asociados serán juzgados por los tribunales especiales
establecidos en la ley.
El derecho de los sindicados a la negociación
colectiva, salvo los casos en que la ley expresamente no permita
negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación
colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una
solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la
negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que
corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y
atribuciones se establecerán en ella.
El derecho a la huelga dentro de la negociación
colectiva de conformidad a la ley. No podrán declararse en huelga
quienes trabajen en instituciones, cualquiera que sea su naturaleza,
finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o
cuya paralización cause grave daño a la salud y al abastecimiento de
la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los
procedimientos para determinar las instituciones cuyos trabajadores
estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso y las
eventuales sanciones que acarrearía su incumplimiento;
24º.- La admisión a todas las funciones y empleos
públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y
las leyes;
25º.- El derecho a la seguridad social.
El Estado garantiza el acceso de todas las personas al
goce de prestaciones necesarias para llevar una vida digna en el caso
de jubilación, retiro o pérdida de trabajo, sean aquellas provistas
por instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer
cotizaciones obligatorias, siempre en proporción a los ingresos de
los afiliados.

El Estado supervigilará el ejercicio del derecho a la
seguridad social, así como el adecuado funcionamiento de las
instituciones prestatarias.
Cada persona tendrá el derecho a elegir, sin ser
discriminación negativamente, el sistema de pensiones al que desee
acogerse, sea éste estatal o privado;
26º.- El derecho de sindicarse en los casos y forma
que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria.
Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad
jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas
constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley;
27º.- La igual repartición de los tributos en
proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y
la igual repartición de las demás cargas públicas.
Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su
naturaleza, ingresarán al patrimonio del Estado.
La ley podrá autorizar que determinados tributos
puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional, la
educación y la salud. Asimismo, podrá autorizar que los que gravan
actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o
local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley
señale, por las autoridades regionales o comunales para el
financiamiento de obras de desarrollo productivo o humano;
28º.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad
económica, respetando las normas legales que la regulen.
El Estado y sus organismos podrán desarrollar
actividades empresariales o participar en ellas previa autorización
de la ley. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la
legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las
excepciones que por motivos justificados establezca la ley;
29º.- La libertad para adquirir el dominio de toda
clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes
a todos los seres humanos o que deban pertenecer a la Nación toda y
la ley lo declare así. Lo anterior, sin perjuicio de lo prescrito en
otros preceptos de esta Constitución.

Una ley orgánica constitucional, y cuando así lo exija
el interés nacional y el bien común, puede establecer limitaciones o
requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes;
30º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies
sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.
Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la
propiedad, de usar, gozar y disponer de ella. La propiedad debe
servir al bien común, pudiendo la ley establecer las limitaciones y
obligaciones que deriven de su función social, cuanto así lo exijan
los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la
utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio y
sustentabilidad ambiental.
Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su
propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o
facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o
especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o
de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado
podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los
tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el
daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común
acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos
tribunales.
La toma de posesión material del bien expropiado
tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a
falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la
forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia
de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes
que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión.
El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo,
inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en
éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los
depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles,
con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad
de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas
entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán
sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para
facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas
minas.

Corresponde a la ley determinar qué sustancias de
aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los
hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones
de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán
siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los
derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que
tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera
obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para
satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su
régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o
indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y
contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de
simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso dichas
causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de
otorgarse la concesión.
Será de competencia exclusiva de los tribunales
ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones.
Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o
extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos; y
en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la
declaración de subsistencia de su derecho.
El dominio del titular sobre su concesión minera está
protegido por la garantía constitucional de que trata este número.
La exploración, la explotación o el beneficio de los
yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión,
podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o
por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de
operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el
Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo.
Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier
especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción
nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme
a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad
nacional. El Presidente de la República podrá poner término, en
cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que
corresponda, a las concesiones administrativas o a los contratos de
operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de
importancia para la seguridad nacional.

Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes
nacionales de uso público. Los derechos de los particulares sobre las
aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán
a sus titulares la propiedad sobre ellos. La ley regulará el
procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio, y extinción
de los derechos y de las concesiones que sobre las aguas se reconozca
a particulares;
31º.- La libertad de crear y difundir las artes, así
como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y
artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y
que no será inferior al de la vida del titular.
El derecho de autor comprende la propiedad de las
obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la
integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.
Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre
las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos
tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que
establezca la ley.
Será aplicable a la propiedad de las creaciones
intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito
en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior;
32°.- Los derechos culturales y lingüísticos de los
pueblos indígenas y el derecho a su patrimonio cultural, material e
inmaterial de conformidad a la ley. Es deber del Estado fomentar
tales derechos. La preservación y difusión de los idiomas de los
pueblos indígenas será establecida en la ley, y;
33º.- La seguridad de que los derechos garantizados
por esta Constitución no pueden ser afectados en su esencia.
Artículo 20.- Quien estime ser lesionado en los derechos
establecidos en esta Constitución por actos arbitrarios o ilegales,
causado por cualquier persona o institución, sea ésta privada o
pública, puede recurrir ante cualquier tribunal ordinario de primera
instancia para obtener la efectiva protección frente a tal
vulneración y el restablecimiento del derecho lesionado, sin
perjuicio de los demás derechos que pueda impetrar

jurisdiccionalmente. De lo resuelto por el tribunal respetivo será
apelable ante el Tribunal Constitucional.
La ley orgánica constitucional del Tribunal
Constitucional regulará el ejercicio de esta acción constitucional de
tutela de derechos.
Artículo 21.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, todo
individuo que se hallare investigado, arrestado, detenido o preso con
infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá
ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que
señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades
legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias
para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida
protección del afectado.
Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea
traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por
todos los encargados de las investigaciones, cárceles o lugares de
detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad
inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al
individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo
breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando
cuenta a quien corresponda para que los corrija.
El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido
en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra
privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad
personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará
en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que
estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar
la debida protección del afectado.
Artículo 22.- Todo habitante de la República debe respeto a Chile, a
sus emblemas nacionales y a los emblemas de sus pueblos indígenas.
Son emblemas de la Nación chilena la bandera nacional,
el escudo de armas de la República y el himno nacional.
Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a
la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la
seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena y
de sus pueblos indígenas.
El servicio militar, los tributos y demás cargas
personales que imponga la ley, son jurídicamente vinculantes en los
términos y formas que ella determine.
Los chilenos en estado de cargar armas deberán
hallarse inscritos en los Registros Militares, si no están legalmente
exceptuados.
Toda persona tiene el deber de proteger, promover y
respetar los derechos humanos y fundamentales; proteger y conservar
la naturaleza y el patrimonio histórico y cultural.”.

5. Reemplázase el Capítulo IV: Gobierno, por el
siguiente:

“CAPÍTULO IV
GOBIERNO

Presidente de la República

Artículo 23.- El gobierno y la administración del Estado
corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del
Estado y el Jefe de Gobierno.
Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por
objeto la conservación del orden público en el interior y la
seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y
las leyes.
El 1 de junio de cada año, el Presidente de la
República dará cuenta al país del estado administrativo y político de
la Nación ante el Congreso Pleno.
Artículo 24.- Para ser elegido Presidente de la República se
requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en
los números 1º o 2º del artículo 10; tener cumplidos cuarenta años de
edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con
derecho a sufragio.

El Presidente de la República durará en el ejercicio
de sus funciones por el término de seis años y no podrá ser reelegido
ni postular nuevamente para este cargo.
El Presidente de la República no podrá salir del
territorio nacional por más de treinta días ni a contar del día
señalado en el inciso primero del artículo siguiente, sin acuerdo del
Senado.
En todo caso, el Presidente de la República comunicará
con la debida anticipación al Senado su decisión de ausentarse del
territorio y los motivos que la justifican.
Artículo 25.- El Presidente de la República será elegido en votación
directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos.
La elección se efectuará en la forma que determine la ley orgánica
constitucional respectiva, el tercer domingo de noviembre del año
anterior a aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en
funciones.
Si a la elección de Presidente de la República se
presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de
la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una
segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan
obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará
electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de
sufragios. Esta nueva votación se verificará, en la forma que
determine la ley, el cuarto domingo después de efectuada la primera.
Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos
precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no
emitidos.
En caso de muerte o renuncia de uno o de ambos
candidatos a que se refiere el inciso segundo, el Presidente de la
República convocará a una nueva elección dentro del plazo de diez
días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará
noventa días después de la convocatoria si ese día correspondiere a
un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo
inmediatamente siguiente.
Si expirase el mandato del Presidente de la República
en ejercicio antes de la fecha de asunción del Presidente que se
elija en conformidad al inciso anterior, se aplicará, en lo
pertinente, la norma contenida en el inciso primero del artículo 27.
Artículo 26.- El proceso de calificación de la elección presidencial
deberá quedar concluido dentro de los quince días siguientes
tratándose de la primera votación o dentro de los treinta días
siguientes tratándose de la segunda votación.
El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de
inmediato al Presidente del Senado la proclamación de Presidente
electo que haya efectuado.
El Congreso Pleno, reunido en sesión pública el día en
que deba cesar en su cargo el Presidente en funciones y con los
miembros que asistan, tomará conocimiento de la resolución en virtud
de la cual el Tribunal Calificador de Elecciones proclama al
Presidente electo.
En este mismo acto, el Presidente electo prestará ante
el Presidente del Senado, juramento o promesa de desempeñar fielmente
el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia de
la Nación, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y de
inmediato asumirá sus funciones.
Artículo 27.- Si el Presidente electo se hallare impedido para tomar
posesión del cargo, asumirá, mientras tanto, con el título de
Vicepresidente de la República, el Presidente del Senado; a falta de
éste, el Presidente de la Cámara de Diputados, y a falta de éste, el
Presidente de la Corte Suprema.
Con todo, si el impedimento del Presidente electo
fuere absoluto o debiere durar indefinidamente, el Vicepresidente, en
los diez días siguientes al acuerdo del Senado adoptado en
conformidad al artículo 53 Nº 6º, convocará a una nueva elección
presidencial que se celebrará noventa días después de la convocatoria
si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se
realizará el domingo inmediatamente siguiente. El Presidente de la
República así elegido asumirá sus funciones en la oportunidad que
señale esa ley, y durará en el ejercicio de ellas hasta el día en que
le habría correspondido cesar en el cargo al electo que no pudo
asumir y cuyo impedimento hubiere motivado la nueva elección.

Artículo 28.- Si por impedimento temporal, sea por enfermedad,
ausencia del territorio u otro grave motivo, el Presidente de la
República no pudiere ejercer su cargo, le subrogará, con el título de
Vicepresidente de la República, el Ministro titular a quien
corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal. A falta de
éste, la subrogación corresponderá al Ministro titular que siga en
ese orden de precedencia y, a falta de todos ellos, le subrogarán
sucesivamente el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de
Diputados y el Presidente de la Corte Suprema.
En caso de vacancia del cargo de Presidente de la
República, se producirá la subrogación como en las situaciones del
inciso anterior, y se procederá a elegir sucesor en conformidad a las
reglas de los incisos siguientes.
Si la vacancia se produjere faltando menos de dos años
para la próxima elección presidencial, el Presidente será elegido por
el Congreso Pleno por la mayoría absoluta de los senadores y
diputados en ejercicio. La elección por el Congreso será hecha dentro
de los diez días siguientes a la fecha de la vacancia y el elegido
asumirá su cargo dentro de los treinta días siguientes.
Si la vacancia se produjere faltando dos años o más
para la próxima elección presidencial, el Vicepresidente, dentro de
los diez primeros días de su mandato, convocará a los ciudadanos a
elección presidencial para ciento veinte días después de la
convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no
fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El
Presidente que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después
de su proclamación.
El Presidente elegido conforme a alguno de los incisos
precedentes durará en el cargo hasta completar el período que restaba
a quien se reemplace y no podrá postular como candidato a la elección
presidencial siguiente.
Artículo 29.- El Presidente cesará en su cargo el mismo día en que
se complete su período y le sucederá el recientemente elegido.

El que haya desempeñado este cargo por el período
completo, asumirá, inmediatamente y de pleno derecho, la dignidad
oficial de Ex Presidente de la República.
En virtud de esta calidad, le serán aplicables las
disposiciones de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo
62 y el artículo 63.
No la alcanzará el ciudadano que llegue a ocupar el
cargo de Presidente de la República por vacancia del mismo ni quien
haya sido declarado culpable en juicio político seguido en su contra.
El Ex Presidente de la República que asuma alguna
función remunerada con fondos públicos, dejará, en tanto la
desempeñe, de percibir la dieta, manteniendo, en todo caso, el fuero.
Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de
igual carácter de la enseñanza superior, media y especial.
Artículo 30.- El Presidente designado por el Congreso Pleno o, en su
caso, el Vicepresidente de la República tendrá todas las atribuciones
que esta Constitución confiere al Presidente de la República.
Artículo 31.- Son atribuciones especiales del Presidente de la
República:
1º.- Concurrir a la formación de las leyes con arreglo
a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas;
2º.- Pedir, indicando los motivos, que se cite a
sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. En tal caso,
la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible;
3º.- Dictar, previa delegación de facultades del
Congreso, decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la
Constitución;
4º.- Convocar a plebiscito en los casos previstos en
esta Constitución y en la ley, en conformidad con el artículo 15 de
esta Constitución;
5º.- Declarar los estados de excepción constitucional
en los casos y formas que se señalan en esta Constitución;
53
6º.- Ejercer la potestad reglamentaria en todas
aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin
perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e
instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes;
7º.- Nombrar y remover a su voluntad a los ministros
de Estado, subsecretarios delegados presidenciales regionales y
delegados presidenciales provinciales. Los Ministros de Estado deben
concurrir a las comisiones concernidas a sus respectivas carteras de
ambas Cámaras del Congreso Nacional durante el primer mes de su
ejercicio;
8º.- Designar a los embajadores y ministros
diplomáticos, y a los representantes ante organismos internacionales,
quienes deben concurrir a las comisiones de Relaciones Exteriores de
ambas cámaras del congreso nacional, antes de viajar a su destino.
Tanto estos funcionarios como los señalados en el N° 7° precedente,
serán de la confianza exclusiva del Presidente de la República y se
mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella;
9º.- Nombrar al Contralor General de la República con
acuerdo del Senado;
10º.- Nombrar y remover a los funcionarios que la ley
denomina como de su exclusiva confianza y proveer los demás empleos
civiles en conformidad a la ley. La remoción de los demás
funcionarios se hará de acuerdo a las disposiciones que ésta
determine;
11º.- Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y
pensiones de gracia, con arreglo a las leyes;
12º.- Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales
de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados, a proposición
de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente;
a los miembros del Tribunal Constitucional con arreglo al artículo
93; y a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y
al Fiscal Nacional, a proposición de dicha Corte y con acuerdo del
Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución;
13º.- Otorgar indultos particulares en los casos y
formas que determine la ley. El indulto será improcedente en tanto no
se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso. Los
funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y condenados por el
Senado, sólo pueden ser indultados por el Congreso;

14.- Requerir al Tribunal Constitucional la cesación
en el cargo de Diputado o Senador en conformidad con el artículo 61,
inciso quinto de esta Constitución.
15º.- Conducir las relaciones políticas con las
potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo
las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que
estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser
sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el
artículo 54 Nº 1º. Las discusiones y deliberaciones sobre estos
objetos serán secretos si el Presidente de la República así lo
exigiere;
16º.- Designar y remover a los Comandantes en Jefe del
Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al General Director de
Carabineros en conformidad al artículo 106, y disponer los
nombramientos, ascensos y retiros de los Oficiales de las Fuerzas
Armadas y de Carabineros en la forma que señala el artículo 107;
17º.- Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra,
organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la
seguridad nacional;
18º.- Asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema
de las Fuerzas Armadas;
19º.- Declarar la guerra, previa autorización por ley,
debiendo dejar constancia de haber oído al Consejo de Seguridad
Nacional, y
20º.- Cuidar de la recaudación de las rentas públicas
y decretar su inversión con arreglo a la ley. El Presidente de la
República, con la firma de todos los Ministros de Estado, podrá
decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades
impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión
exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la
seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a
mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para
el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no
podrá exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los
gastos que autorice la Ley de Presupuestos. Se podrá contratar
empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo
pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Los
Ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos
que contravengan lo dispuesto en este número serán responsables
solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de
malversación de caudales públicos
Ministros de Estado
Artículo 32.- Los Ministros de Estado son los colaboradores directos
e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y
administración del Estado.
La ley determinará el número y organización de los
Ministerios, como también el orden de precedencia de los Ministros
titulares.
El Presidente de la República deberá encomendar a un
Ministro la coordinación de los Secretarios de Estado, con la
denominación de Jefe del Gabinete.
El Gabinete estará formado por los Ministros titulares
en sus carteras. Sesionará una vez al mes y podrá ser convocado por
el Presidente cuando lo estime conveniente.
El Presidente de la República determinará a su
voluntad la formación de Comités de Ministros, así como sus miembros.
Con todo, deberá funcionar un Comité Político, presidido por el Jefe
de Gabinete, que sesionará a lo menos una vez semanalmente.
Artículo 33.- Para ser nombrado Ministro se requiere ser chileno,
tener cumplidos veintiún años de edad y reunir los requisitos
generales para el ingreso a la Administración Pública.
En los casos de ausencia, impedimento o renuncia de un
Ministro, o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo,
será reemplazado en la forma que establezca la ley.
Artículo 34.- Los reglamentos y decretos del Presidente de la
República deberán firmarse por el Ministro respectivo y no serán
obedecidos sin este esencial requisito.
Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la
sola firma del Ministro respectivo, por orden del Presidente de la
República, en conformidad a las normas que al efecto establezca la
ley.
Artículo 35.- Los Ministros serán responsables individualmente de
los actos que firmaren y solidariamente de los que suscribieren o
acordaren con los otros Ministros.
Artículo 36.- Los Ministros y los Subsecretarios podrán, cuando lo
estimaren conveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de
Diputados o del Senado, y tomar parte en sus debates, con preferencia
para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Durante la
votación podrán, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos por
cualquier diputado o senador al fundamentar su voto.
Sin perjuicio de lo anterior, los Ministros deberán
concurrir personalmente a las sesiones especiales que la Cámara de
Diputados o el Senado convoquen para informarse sobre asuntos que,
perteneciendo al ámbito de atribuciones de las correspondientes
Secretarías de Estado, acuerden tratar. En ningún caso esta
comparecencia comprometerá la responsabilidad política de los
Ministros de estado.
Artículo 37.- Es incompatible el cargo de ministro de Estado con
cualquier otro cargo, empleo o comisión retribuido con fondo públicos
o privados. Se exceptúan los cargos docentes según lo disponga la
ley. Por el solo hecho de aceptar el nombramiento, el Ministro cesará
en el cargo, empleo, función o comisión incompatible que desempeñe.
Bases generales de la Administración del Estado
Artículo 38.- Una ley orgánica constitucional determinará la
organización básica de la Administración Pública, garantizará la
carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y
profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de
oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el
perfeccionamiento de sus integrantes.

Sin perjuicio del inciso anterior y de las
especificidades de cada repartición, así como de su estatuto y rango
jurídico, todas las personas remuneradas por el Fisco que trabajen en
ellas, estarán sujetos al mismo régimen jurídico y a una escala común
de remuneraciones.
Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos
por la Administración del Estado, de sus organismos o de las
municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la
ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al
funcionario que hubiere causado el daño o a la autoridad que autorizó
el acto causante.
Los órganos de la Administración del Estado, sus
organismos o las municipalidades serán responsables de los daños que
causen por falta de servicio.
Estados de excepción constitucional
Artículo 39.- El ejercicio de los derechos y garantías que la
Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado
bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o
interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando
afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones
del Estado.
La cobertura constitucional de la afectación de
derechos establecida en el inciso anterior, no obsta para que los
daños producidos por su verificación sean objeto de las acciones
jurisdiccionales a que puedan dar lugar.
Artículo 40.- El estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y
el estado de sitio, en caso de guerra interna o grave conmoción
interior, lo declarará el Presidente de la República, con acuerdo del
Congreso Nacional.
La declaración deberá determinar las zonas afectadas
por el estado de excepción correspondiente.
El Congreso Nacional, dentro del plazo de cinco días
contado desde la fecha en que el Presidente de la República someta la
declaración de estado de asamblea o de sitio a su consideración,
deberá pronunciarse aceptando o rechazando la proposición, sin que
pueda introducirle modificaciones. Si el Congreso no se pronunciara
dentro de dicho plazo, se entenderá que aprueba la proposición del
Presidente.
Sin embargo, el Presidente de la República podrá
aplicar el estado de asamblea o de sitio de inmediato mientras el
Congreso se pronuncia sobre la declaración, pero en este último
estado sólo podrá restringir el ejercicio del derecho de reunión. Las
medidas que adopte el Presidente de la República en tanto no se reúna
el Congreso Nacional, podrán ser objeto de revisión por los
tribunales de justicia, sin que sea aplicable, entre tanto, lo
dispuesto en el artículo 45. La declaración de estado de sitio sólo
podrá hacerse por un plazo de quince días, sin perjuicio de que el
Presidente de la República solicite su prórroga. El estado de
asamblea mantendrá su vigencia por el tiempo que se extienda la
situación de guerra exterior, salvo que el Presidente de la República
disponga su suspensión con anterioridad.
Artículo 41.- El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública,
lo declarará el Presidente de la República, determinando la zona
afectada por la misma.
El Presidente de la República estará obligado a
informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del
estado de catástrofe. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la
declaración transcurridos ciento ochenta días desde ésta si las
razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Con todo,
el Presidente de la República sólo podrá declarar el estado de
catástrofe por un período superior a un año con acuerdo del Congreso
Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en
el inciso tercero del artículo 40.
Declarado el estado de catástrofe, las zonas
respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la
Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este
asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las
atribuciones y deberes que la ley señale.

Artículo 42.- El estado de emergencia, en caso de grave alteración
del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación, lo
declarará el Presidente de la República, determinando las zonas
afectadas por dichas circunstancias. El estado de emergencia no podrá
extenderse por más de quince días, sin perjuicio de que el Presidente
de la República pueda prorrogarlo por igual período. Sin embargo,
para sucesivas prórrogas, el Presidente requerirá siempre del acuerdo
del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma
establecida en el inciso tercero del artículo 40.
Declarado el estado de emergencia, las zonas
respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la
Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Éste
asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las
atribuciones y deberes que la ley señale.
El Presidente de la República estará obligado a
informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del
estado de emergencia.
Artículo 43.- Por la declaración del estado de asamblea, el
Presidente de la República queda facultado para suspender o
restringir la libertad personal, el derecho de reunión y la libertad
de trabajo. Podrá, también, restringir el ejercicio del derecho de
asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de
comunicaciones, disponer requisiciones de bienes y establecer
limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.
Por la declaración de estado de sitio, el Presidente
de la República podrá restringir la libertad de locomoción y arrestar
a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley
determine y que no sean cárceles, ni estén destinados a la detención
o prisión de reos comunes. Podrá, además, suspender o restringir el
ejercicio del derecho de reunión.
Por la declaración del estado de catástrofe, el
Presidente de la República podrá restringir las libertades de
locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de
bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad
y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter
administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de
la normalidad en la zona afectada. Por la declaración del estado de
emergencia, el Presidente de la República podrá restringir las
libertades de locomoción y de reunión.
Artículo 44.- Una ley orgánica constitucional regulará los estados
de excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas
legales y administrativas que procediera adoptar bajo aquéllos. Dicha
ley contemplará lo estrictamente necesario para el pronto
restablecimiento de la normalidad constitucional y no podrá afectar
las competencias y el funcionamiento de los órganos constitucionales
ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares.
Las medidas que se adopten durante los estados de
excepción no podrán, bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá
de la vigencia de los mismos.
Artículo 45.- Los tribunales de justicia no podrán calificar los
fundamentos ni las circunstancias de hecho invocadas por la autoridad
para decretar los estados de excepción, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 39. No obstante, respecto de las medidas particulares
que afecten derechos constitucionales, siempre existirá la garantía
de recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos
que corresponda.
Las requisiciones que se practiquen darán lugar a
indemnizaciones en conformidad a la ley. También darán derecho a
indemnización las limitaciones que se impongan al derecho de
propiedad cuando importen privación de alguno de sus atributos o
facultades esenciales y con ello se cause daño.”.

6. Reemplázase el Capítulo V: Congreso
Nacional, por el siguiente:

“Capítulo V
CONGRESO NACIONAL

Artículo 46.- El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la
Cámara de Diputados y el Senado. Ambas concurren a la formación de
las leyes en conformidad a esta Constitución y tienen las demás
atribuciones que ella establece.

Los Diputados y Senadores representan a toda la
República y son independientes de toda orden que no sea lo indicado
por su conciencia.
Composición y generación de la Cámara de Diputados y del Senado
Artículo 47.- La Cámara de Diputados está integrada por miembros
elegidos en votación directa por distritos electorales. La ley
orgánica constitucional respectiva determinará el número de
diputados, los distritos electorales y la forma de su elección.
La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad
cada cuatro años.
Artículo 48.- Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano
con derecho a sufragio, tener cumplidos veintiún años de edad y haber
cursado la enseñanza media o equivalente.
Artículo 49.- El Senado se compone de miembros elegidos en votación
directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las
regiones del país, cada una de las cuales constituirá, a lo menos,
una circunscripción. La ley orgánica constitucional respectiva
determinará el número de senadores, las circunscripciones
senatoriales y la forma de su elección.
Los senadores durarán ocho años en su cargo y se
renovarán alternadamente cada cuatro años, en la forma que determine
la ley orgánica constitucional respectiva.
Artículo 50.- Para ser elegido senador se requiere ser ciudadano con
derecho a sufragio, haber cursado la enseñanza media o equivalente y
tener cumplidos treinta y cinco años de edad el día de la elección.
Artículo 51.- Las elecciones de diputados y de senadores se
efectuarán conjuntamente. Los parlamentarios podrán ser reelegidos en
sus cargos hasta por dos veces.

Las vacantes de diputados y las de senadores se
proveerán con el ciudadano que resulte elegido en la elección
complementaria a realizarse sesenta días después de producida la
vacante.
Atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados
Artículo 52.- Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:
1) Fiscalizar los actos del Gobierno. Para ejercer
esta atribución la Cámara puede:
a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con
el voto de la mayoría de los diputados presentes, los que se
transmitirán por escrito al Presidente de la República, quien deberá
dar respuesta fundada por medio del Ministro de Estado que
corresponda, dentro de treinta días.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier diputado,
con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes de la
Cámara, podrá solicitar determinados antecedentes al Gobierno. El
Presidente de la República contestará fundadamente por intermedio del
Ministro de Estado que corresponda, dentro del mismo plazo señalado
en el párrafo anterior.
En ningún caso los acuerdos, observaciones o
solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de
los Ministros de Estado;
b) Citar a un Ministro de Estado, a petición de a
lo menos un tercio de los diputados en ejercicio, a fin de formularle
preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su
cargo. Con todo, un mismo Ministro no podrá ser citado para este
efecto más de tres veces dentro de un año calendario, sin previo
acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio.
La asistencia del Ministro será obligatoria y
deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su citación,
y
c) Crear comisiones especiales investigadoras a
petición de a lo menos dos quintos de los diputados en ejercicio, con
el sólo objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos
63
del Gobierno. En ningún caso, la materia tratada en estas comisiones
investigadoras puede abarcar aquellas que sean objeto de
investigación por el Ministerio Público o de proceso judicial.
Las comisiones investigadoras, a petición de un
tercio de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar
antecedentes. Los Ministros de Estado, los demás funcionarios de la
Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquellas
en que éste tenga participación mayoritaria, que sean citados por
estas comisiones, estarán obligados a comparecer y a suministrar los
antecedentes y las informaciones que se les soliciten, a excepción de
aquellas que con apego al artículo 8° de esta Constitución y las
leyes concernidas, cuya publicidad esté limitada o el acceso a ellas
denegado.
No obstante, los Ministros de Estado no podrán ser
citados más de tres veces a una misma comisión investigadora, sin
previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
La ley orgánica constitucional del Congreso
Nacional regulará el funcionamiento y las atribuciones de las
comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de las
personas citadas o mencionadas en ellas.
2) Declarar si han o no lugar las acusaciones que no
menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de
las siguientes personas:
a) Del Presidente de la República, por actos de
su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la
seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o
las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras el Presidente
esté en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en
el cargo.
b) De los Ministros de Estado, por haber
comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por
infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin
ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de
fondos públicos y soborno;
c) De los magistrados de los tribunales
superiores de justicia, de los Ministros del Tribunal Constitucional,
del Contralor General de la República, del Fiscal Nacional del
Ministerio Público, del Presidente del Consejo de Defensa del Estado,
del Presidente del Banco Central y del Presidente del Servicio
Electoral, por notable abandono de sus deberes;
d) De los generales o almirantes de las
instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional, de
los generales, Director General, prefectos generales y prefectos
inspectores de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, por haber
comprometido gravemente la eficacia del derecho, el orden público, la
seguridad pública interior o infringido gravemente la Constitución, y
e) De los delegados presidenciales regionales,
delegados presidenciales provinciales y de la autoridad que ejerza el
Gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo
129, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición,
sedición, malversación de fondos públicos y concusión.
La acusación se tramitará en conformidad a la ley
orgánica constitucional relativa al Congreso.
Las acusaciones referidas en las letras b), c), d)
y e) podrán interponerse mientras el afectado esté en funciones o en
los tres meses siguientes a la expiración en su cargo. En el caso de
la acusación referida en la letra a) el plazo anterior será de seis
meses. Interpuesta la acusación, el afectado no podrá ausentarse del
país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la
acusación ya estuviere aprobada por ella.
Para declarar que ha lugar la acusación en contra
del Presidente de la República se necesitará el voto de la mayoría de
los diputados en ejercicio.
En los demás casos se requerirá el de la mayoría
de los diputados presentes y el acusado quedará suspendido en sus
funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la
acusación. La suspensión cesará si el Senado desestimare la acusación
o si no se pronunciare dentro de los treinta días siguientes.
Toda acción que contravenga las normas dispuestas
en este artículo es nula y conlleva las consecuencias jurídicas
dispuestas en la Constitución y la ley.
Atribuciones exclusivas del Senado

Artículo 53.- Son atribuciones exclusivas del Senado:
1) Conocer de las acusaciones que la Cámara de
Diputados entable con arreglo al artículo anterior.
El Senado resolverá como jurado y se limitará a
declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o
abuso de poder que se le imputa.
La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada
por los dos tercios de los senadores en ejercicio cuando se trate de
una acusación en contra del Presidente de la República, y por la
mayoría de los senadores en ejercicio en los demás casos.
Por la declaración de culpabilidad queda el acusado
destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función
pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años.
De esta sanción, la autoridad afectada puede apelar ante el Tribunal
Constitucional en el plazo de cinco días. Si la autoridad acusada es
absuelta, tendrá derecho a reclamar indemnización ante el tribunal de
justicia competente por los daños morales causados.
El funcionario declarado culpable será juzgado de
acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la
aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para
hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios
causados al Estado o a particulares;
2) Decidir si ha o no lugar la admisión de las
acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra
de algún Ministro de Estado, con motivo de los perjuicios que pueda
haber sufrido injustamente por acto de éste en el desempeño de su
cargo;
3) Conocer de las contiendas de competencia que se
susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los
tribunales de justicia;
4) Prestar o negar su consentimiento a los actos del
Presidente de la República, en los casos en que la Constitución o la
ley lo requieran.
Si el Senado no se pronunciare dentro de treinta días
después de pedida la urgencia por el Presidente de la República, se
tendrá por otorgado su asentimiento;

5) Otorgar su acuerdo para que el Presidente de la
República pueda ausentarse del país por más de treinta días o a
contar del día señalado en el inciso tercero del artículo 24;
6) Declarar la inhabilidad del Presidente de la
República o del Presidente electo cuando un impedimento físico o
mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones; y declarar
asimismo, cuando el Presidente de la República haga dimisión de su
cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y, en
consecuencia, admitirla o desecharla. En ambos casos deberá oír
previamente al Tribunal Constitucional;
7) Aprobar, por la mayoría de sus miembros en
ejercicio, la declaración del Tribunal Constitucional a que se
refiere el Nº 9º del artículo 94;
8) Aprobar, en sesión especialmente convocada al
efecto y con el voto conforme de los dos tercios de los senadores en
ejercicio, la designación de los ministros y fiscales judiciales de
la Corte Suprema y del Fiscal Nacional, y
9) Dar su dictamen al Presidente de la República en
los casos en que éste lo solicite.
En el caso de los nombramientos establecidos en el
número 8) y de forma previa a la votación, los candidatos propuestos
deberán formular una exposición de su postulación al cargo respectivo
en una sesión especial y pública ante la Sala del Senado.
El Senado, sus comisiones y sus demás órganos,
incluidos los comités parlamentarios si los hubiere, no podrán
fiscalizar los actos del Gobierno ni de las entidades que de él
dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización.
Atribuciones exclusivas del Congreso
Artículo 54.- Son atribuciones del Congreso:
1) Aprobar o desechar los tratados internacionales
que le presentare el Presidente de la República antes de su
ratificación. La aprobación de un tratado requerirá, en cada Cámara,
de los quórum que corresponda, en conformidad al artículo 67, y se
someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley.

El Presidente de la República informará al Congreso
sobre el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas
que pretenda confirmar o formularle.
El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y
declaraciones interpretativas a un tratado internacional, en el curso
del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de
conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas
generales de derecho internacional.
Las medidas que el Presidente de la República adopte o
los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor
no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate
de materias propias de ley. No requerirán de aprobación del Congreso
los tratados celebrados por el Presidente de la República en el
ejercicio de su potestad reglamentaria.
Las disposiciones de un tratado sólo podrán ser
derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los
propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho
internacional.
Corresponde al Presidente de la República la facultad
exclusiva para denunciar un tratado o retirarse de él, para lo cual
pedirá la opinión de ambas Cámaras del Congreso, en el caso de
tratados que hayan sido aprobados por éste. Una vez que la denuncia o
el retiro produzca sus efectos en conformidad a lo establecido en el
tratado internacional, éste dejará de tener efecto en el orden
jurídico chileno.
En el caso de la denuncia o el retiro de un tratado
que fue aprobado por el Congreso, el Presidente de la República
deberá informar de ello a éste dentro de los quince días de efectuada
la denuncia o el retiro.
El retiro de una reserva que haya formulado el
Presidente de la República y que tuvo en consideración el Congreso
Nacional al momento de aprobar un tratado, requerirá previo acuerdo
de éste, de conformidad a lo establecido en la ley orgánica
constitucional respectiva. El Congreso Nacional deberá pronunciarse
dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del
oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. Si no se pronunciare
dentro de este término, se tendrá por aprobado el retiro de la
reserva.

De conformidad a lo establecido en la ley, deberá
darse debida publicidad a hechos que digan relación con el tratado
internacional, tales como su entrada en vigor, la formulación y
retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones
a una reserva y su retiro, la denuncia del tratado, el retiro, la
suspensión, la terminación y la nulidad del mismo.
En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado podrá el
Congreso autorizar al Presidente de la República a fin de que,
durante la vigencia de aquél, dicte las disposiciones con fuerza de
ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, siendo en tal
caso aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del
artículo 65, y
2) Pronunciarse, cuando corresponda, respecto de los
estados de excepción constitucional, en la forma prescrita por el
inciso tercero del artículo 40.
Funcionamiento del Congreso
Artículo 55.- El Congreso Nacional se instalará e iniciará su
período de sesiones en la forma que determine su ley orgánica
constitucional.
En todo caso, se entenderá siempre convocado de pleno
derecho para conocer de la declaración de estados de excepción
constitucional.
La ley orgánica constitucional señalada en el inciso
primero, regulará la tramitación de las acusaciones constitucionales,
la calificación de las urgencias conforme lo señalado en el artículo
75 y todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley.
Artículo 56.- La Cámara de Diputados y el Senado no podrán entrar en
sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la mitad de sus
miembros en ejercicio.
Cada una de las Cámaras establecerá en su propio
reglamento la clausura del debate por simple mayoría.

Artículo 57.- Durante el mes de julio de cada año, el Presidente del
Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados darán cuenta pública
al país, en sesión del Congreso Pleno, de las actividades realizadas
por las Corporaciones que presiden.
El Reglamento de cada Cámara determinará el contenido
de dicha cuenta y regulará la forma de cumplir esta obligación.
Normas comunes para los diputados y senadores
Artículo 58.- No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores:
1) Los Ministros de Estado;
2) Los delegados presidenciales regionales, los
delegados presidenciales provinciales, los gobernadores regionales,
los alcaldes, los consejeros regionales, los concejales y los
subsecretarios;
3) Los miembros del Consejo del Banco Central;
4) Los magistrados de los tribunales superiores de
justicia y los jueces de letras;
5) Los miembros del Tribunal Constitucional, del
Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales
regionales;
6) El Contralor General de la República;
7) Las personas naturales y los gerentes o
administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen
contratos con el Estado;
8) El Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los
fiscales adjuntos del Ministerio Público, y
9) Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la
Armada y de la Fuerza Aérea, el General Director de Carabineros, el
Director General de la Policía de Investigaciones y los oficiales
pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública.
Las inhabilidades establecidas en este artículo serán
aplicables a quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes
mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección;
excepto respecto de las personas mencionadas en los números 7) y 8),
las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su
candidatura y de las indicadas en el número 9), respecto de las
cuales el plazo de la inhabilidad será de los dos años inmediatamente
anteriores a la elección. Si no fueren elegidos en una elección no
podrán volver al mismo cargo ni ser designados para cargos análogos a
los que desempeñaron hasta un año después del acto electoral.
Artículo 59.- Es incompatible el cargo de parlamentario con
cualquier otro cargo, empleo o comisión retribuido con fondo públicos
o privados. Se exceptúan los cargos docentes según lo disponga la
ley. Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador
de Elecciones, el diputado o senador cesará en el otro cargo, empleo
o comisión incompatible que desempeñe.
Artículo 60.- Ningún diputado o senador, desde el momento de su
proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser
nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en el
artículo anterior.
Esta disposición no rige en caso de guerra exterior;
ni se aplica a los cargos de Presidente de la República, Ministro de
Estado y agente diplomático; pero sólo los cargos conferidos en
estado de guerra son compatibles con las funciones de diputado o
senador.
Artículo 61.- Cesará en el cargo el diputado o senador que se
ausentare del país por más de treinta días sin permiso de la Cámara a
que pertenezca o, en receso de ella, de su Presidente.
Cesará en el cargo el diputado o senador que durante
su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado o el que
actuare como procurador o agente en gestiones particulares de
carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos,
consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. En la
misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco o de
alguna sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en
estas actividades.

La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior
tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por
interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad
de personas de la que forme parte.
Cesará en su cargo el diputado o senador que actúe
como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio y que ejercite
cualquier influencia ante las autoridades administrativas o
judiciales. Igual sanción se aplicará al parlamentario que promueva
acusaciones constitucionales a partir de asuntos de su interés
privado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 22º del
artículo 19, cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador
que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público
o propicie el cambio o inestabilidad del orden jurídico institucional
tanto por medios distintos de los que establece esta Constitución
como mediante utilización abusiva de éstos, o que comprometa
gravemente la seguridad o el honor de la Nación.
Quien perdiere el cargo de diputado o senador por
cualquiera de las causales señaladas precedentemente no podrá optar a
ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por
el término de dos años, salvo los casos del número 22 del artículo
19, en los cuales se aplicarán las sanciones allí contempladas.
Cesará en su cargo el diputado o senador que haya
infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y
control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por
sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, a
requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley
orgánica constitucional señalará los casos en que existe una
infracción grave. Asimismo, el diputado o senador que perdiere el
cargo no podrá optar a ninguna función o empleo público por el
término de tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección
popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su
cesación.
Cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o
senador que, durante su ejercicio, pierda algún requisito general de
elegibilidad o incurra en alguna de las causales de inhabilidad a que
se refiere el artículo 58, sin perjuicio de la excepción contemplada
en el inciso segundo del artículo 60 respecto de los Ministros de
Estado.
Los diputados y senadores podrán renunciar a sus
cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida
desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional.
Artículo 62.- Los diputados y senadores sólo son inviolables por las
opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de
sus cargos, en sesiones de sala o de comisión. Esta inmunidad no rige
en toda actividad pública fuera del Congreso Nacional, aun cuando el
parlamentario actúe en tal condición.
Ningún diputado o senador, desde el día de su elección
o desde su juramento, según el caso, no puede ser acusado o privado
de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de
Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza
previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de
causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema.
En caso de ser arrestado algún diputado o senador por
delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del
Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria
correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo
dispuesto en el inciso anterior.
Desde el momento en que se declare, por resolución
firme, haber lugar a formación de causa, queda el diputado o senador
imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.
Artículo 63.- Los diputados y senadores percibirán como única renta
una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado
incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan.
Materias de Ley
Artículo 64.- Sólo son materias de ley:
1) Las que en virtud de la Constitución deben ser
objeto de leyes orgánicas constitucionales;
73
2) Las que la Constitución exija que sean
reguladas por una ley;
3) Las que son objeto de codificación, sea civil,
comercial, procesal, penal u otra;
4) Las materias básicas relativas al régimen
jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social;
5) Las que regulen honores públicos a los grandes
servidores;
6) Las que modifiquen la forma o características de
los emblemas nacionales;
7) Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a
las municipalidades, para contratar empréstitos, los que deberán
estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá
indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba hacerse
el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley para
autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento
exceda del término de duración del respectivo período presidencial.
Lo dispuesto en este número no se aplicará al Banco
Central;
8) Las que autoricen la celebración de cualquier
clase de operaciones que puedan comprometer en forma directa o
indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus
organismos y de las municipalidades.
Esta disposición no se aplicará al Banco Central;
9) Las que fijen las normas con arreglo a las cuales
las empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación
puedan contratar empréstitos, los que en ningún caso, podrán
efectuarse con el Estado, sus organismos o empresas;
10) Las que fijen las normas sobre enajenación de
bienes del Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o
concesión;
11) Las que establezcan o modifiquen la división
política y administrativa del país;
12) Las que señalen el valor, tipo y denominación de
las monedas y el sistema de pesos y medidas;
74
13) Las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra
que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra, y las
normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el
territorio de la República, como, asimismo, la salida de tropas
nacionales fuera de él;
14) Las demás que la Constitución señale como leyes
de iniciativa exclusiva del Presidente de la República;
15) Las que autoricen la declaración de guerra, a
propuesta del Presidente de la República;
16) Las que concedan indultos generales y amnistías y
las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe
ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder
indultos particulares y pensiones de gracia.
Las leyes que concedan indultos generales y amnistías
requerirán siempre de un quórum orgánico constitucional. No obstante,
este quórum será de las dos terceras partes de los diputados y
senadores en ejercicio cuando se trate de delitos contemplados en el
artículo 9º;
17) Las que señalen la ciudad en que debe residir el
Presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso
Nacional y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional;
18) Las que fijen las bases de los procedimientos que
rigen los actos de la administración pública;
19) Las que regulen el funcionamiento de loterías,
hipódromos y apuestas en general, y
20) Toda otra norma de carácter general y obligatorio
que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico.
Artículo 65.- El Presidente de la República podrá solicitar
autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con
fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias
que correspondan al dominio de la ley.
Esta autorización no podrá extenderse a la
nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones ni al plebiscito, como
tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o
que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales.

La autorización no podrá comprender facultades que
afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios
del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal
Constitucional ni de la Contraloría General de la República.
La ley que otorgue la referida autorización señalará
las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá
establecer o determinar las limitaciones, restricciones y
formalidades que se estimen convenientes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
anteriores, el Presidente de la República queda autorizado para fijar
el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando
sea conveniente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta
facultad, podrá introducirle los cambios de forma que sean
indispensables, sin alterar, en caso alguno, su verdadero sentido y
alcance.
A la Contraloría General de la República corresponderá
tomar razón de estos decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos
cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida.
Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en
cuanto a su publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que
rigen para la ley.
Formación de la ley
Artículo 66.- Las leyes pueden tener origen en la Cámara de
Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la
República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no
pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de cinco
senadores.
Un cinco por ciento de los ciudadanos con derecho a
sufragio podrá presentar ante el Congreso una iniciativa de ley, con
preferencia para su tramitación y despacho según lo determinará la
ley orgánica del Congreso Nacional. No podrán ser objeto de esta
iniciativa popular, aquellas materias que sean de exclusiva
iniciativa de algún órgano del Estado.
Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que
sean, sobre los presupuestos de la Administración Pública y sobre
reclutamiento, sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados.
Las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales sólo pueden tener
origen en el Senado.
Corresponderá al Presidente de la República la
iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con
la alteración de la división política o administrativa del país, o
con la administración financiera o presupuestaria del Estado,
incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las
materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 64.
Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República
la iniciativa exclusiva para:
1º. Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de
cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las
existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión;
2º. Crear nuevos servicios públicos o empleos
rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas
del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones;
3º. Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra
clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la
responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales,
autónomas, de los gobiernos regionales o de las municipalidades, y
condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas
financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del Fisco o
de los organismos o entidades referidos;
4º. Fijar, modificar, conceder o aumentar
remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y
cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al
personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío,
en su caso, de la Administración Pública y demás organismos y
entidades anteriormente señalados, como asimismo fijar las
remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado,
aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios
económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; todo
ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes;
El Congreso Nacional podrá aceptar, disminuir o
rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios,
gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el
Presidente de la República.

Artículo 67.- Las normas legales que interpreten preceptos
constitucionales y las normas legales que la Constitución le confiere
el carácter de ley orgánica constitucional, se aprobarán, modificarán
y derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en
ejercicio.
Las demás normas legales requerirán la mayoría de los
miembros presentes de cada Cámara, o las mayorías que sean aplicables
conforme a la Constitución.
Artículo 68.- El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser
presentado por el Presidente de la República al Congreso Nacional, a
lo menos con tres meses de anterioridad a la fecha en que debe
empezar a regir; y si el Congreso no lo despachare dentro de los
sesenta días contados desde su presentación, regirá el proyecto
presentado por el Presidente de la República.
La estimación del rendimiento de los recursos que
consulta la Ley de Presupuestos y de los nuevos que establezca
cualquiera otra iniciativa de ley, corresponderá exclusivamente al
Presidente, previo informe de los organismos técnicos respectivos.
No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con
cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo,
las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto.
Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso
fuere insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se
apruebe, el Presidente de la República, al promulgar la ley, previo
informe favorable del servicio o institución a través del cual se
recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de la
República, deberá reasignar o reducir gastos, para cubrir dicha
insuficiencia.
Artículo 69.- Presentado el proyecto de ley deberá darse cuenta de
éste en sesión de la Cámara respectiva, en forma previa a su estudio
por una o más comisiones o por la Sala de la Corporación según
corresponda. Se podrán establecer comisiones especiales. En lo no
dispuesto en la Constitución, una ley orgánica regulará lo relativo a
la formación de la ley.

El proyecto que fuere desechado en general en la
Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año. Sin
embargo, el Presidente de la República, en caso de un proyecto de su
iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y,
si ésta lo aprueba en general por la mayoría absoluta de sus miembros
presentes, volverá a la de su origen y sólo se considerará desechado
si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus
miembros presentes.
Las discusiones, fundamentos y votaciones sobre los
proyectos de ley serán públicos, salvo que su materia se considere
propias de aquellas que regula el artículo 8º de esta Constitución.
Toda persona o grupo de personas interesados en
expresar sus opiniones sobre algún proyecto de ley tienen el derecho
a ser oídos ante las comisiones de la Cámara respectiva en la forma y
condiciones que establezca su ley orgánica.
Artículo 70.- Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o
correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de
Diputados como en el Senado; pero en ningún caso se admitirán las que
no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del
proyecto.
Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará
inmediatamente a la otra para su discusión.
Artículo 71.- El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la
Cámara revisora será considerado por una comisión mixta de igual
número de diputados y senadores, la que propondrá la forma y modo de
resolver las dificultades. El proyecto de la comisión mixta volverá a
la Cámara de origen y, para ser aprobado tanto en ésta como en la
revisora, se requerirá de la mayoría de los miembros presentes en
cada una de ellas. Si la comisión mixta no llegare a acuerdo, o si la
Cámara de origen rechazare el proyecto de esa comisión, el Presidente
de la República podrá pedir que esa Cámara se pronuncie sobre si
insiste por los dos tercios de sus miembros presentes en el proyecto
que aprobó en el primer trámite. Acordada la insistencia, el proyecto
pasará por segunda vez a la Cámara que lo desechó, y sólo se
entenderá que ésta lo reprueba si concurren para ello las dos
terceras partes de sus miembros presentes.

Artículo 72.- El proyecto que fuere adicionado o enmendado por la
Cámara revisora volverá a la de su origen, y en ésta se entenderán
aprobadas las adiciones y enmiendas con el voto de la mayoría de los
miembros presentes.
Si las adiciones o enmiendas fueren reprobadas, se
formará una comisión mixta y se procederá en la misma forma indicada
en el artículo anterior. En caso de que en la comisión mixta no se
produzca acuerdo para resolver las divergencias entre ambas Cámaras,
o si alguna de las Cámaras rechazare la proposición de la comisión
mixta, el Presidente de la República podrá solicitar a la Cámara de
origen que considere nuevamente el proyecto aprobado en segundo
trámite por la revisora. Si la Cámara de origen rechazare las
adiciones o modificaciones por los dos tercios de sus miembros
presentes, no habrá ley en esa parte o en su totalidad; pero, si
hubiere mayoría para el rechazo, menor a los dos tercios, el proyecto
pasará a la Cámara revisora, y se entenderá aprobado con el voto
conforme de las dos terceras partes de los miembros presentes de esta
última.
Artículo 73.- Aprobado un proyecto por ambas Cámaras será remitido
al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba,
dispondrá su promulgación como ley.
Artículo 74.- Si el Presidente de la República desaprueba el
proyecto, lo devolverá a la Cámara de su origen con las observaciones
convenientes, dentro del término de treinta días.
En ningún caso se admitirán las observaciones que no
tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del
proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje
respectivo.
Si las dos Cámaras aprobaren las observaciones, el
proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al Presidente para su
promulgación.
Si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las
observaciones e insistieren por los dos tercios de sus miembros
presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se
devolverá al Presidente para su promulgación.
Artículo 75.- El Presidente de la República podrá hacer presente la
urgencia en el despacho de un proyecto, en uno o en todos sus
trámites, y en tal caso, la Cámara respectiva deberá pronunciarse
dentro del plazo máximo de treinta días.
La calificación de la urgencia corresponderá hacerla
al Presidente de la República de acuerdo a la ley orgánica
constitucional relativa al Congreso, la que establecerá también todo
lo relacionado con la tramitación interna de la ley.
Artículo 76.- Si el Presidente de la República no devolviere el
proyecto dentro de treinta días, contados desde la fecha de su
remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley.
La promulgación deberá hacerse siempre dentro del
plazo de diez días, contados desde que ella sea procedente.
La publicación se hará dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el
decreto promulgatorio.”.

7. Reemplázase el Capítulo VI: Poder Judicial,
por el siguiente:

“Capítulo VI
LA JURISDICCIÓN

Artículo 77.- La facultad de conocer de las causas judiciales, de
resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente
a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la
República, los Ministros de Estado, ni el Congreso pueden, en caso
alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes,
revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer
revivir procesos fenecidos. Toda contravención a esta norma es nula,
en conformidad con el artículo 7° de esta Constitución.

Reclamada su intervención en forma legal y en negocios
de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni
aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a
su decisión.
Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o
hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los
tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el
Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública
o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los
demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine.
La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite
el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad,
ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar.
Artículo 78.- Una ley orgánica constitucional determinará la
organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios
para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el
territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que
respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban
haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren
nombradas ministros de Corte o jueces letrados. Asimismo, una ley
orgánica constitucional determinará y regulará aquellas funciones no
jurisdiccionales de los tribunales.
La ley orgánica constitucional relativa a la
organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser
modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo
establecido en la ley orgánica constitucional respectiva.
La Corte Suprema deberá pronunciarse dentro del plazo
de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se
solicita la opinión pertinente.
Sin embargo, si el Presidente de la República hubiere
hecho presente una urgencia al proyecto consultado, se comunicará
esta circunstancia a la Corte.
En dicho caso, la Corte deberá evacuar la consulta
dentro del plazo que implique la urgencia respectiva.
Si la Corte Suprema no emitiere opinión dentro de los
plazos aludidos, se tendrá por evacuado el trámite.

La ley orgánica constitucional relativa a la
organización y atribuciones de los tribunales, así como las leyes
procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento, podrán fijar
fechas diferentes para su entrada en vigencia en las diversas
regiones del territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, el
plazo para la entrada en vigor de dichas leyes en todo el país no
podrá ser superior a cuatro años.
Artículo 79.- En cuanto al nombramiento de los jueces, la ley se
ajustará a los siguientes preceptos generales.
La Corte Suprema se compondrá de veintiún ministros.
Los ministros y los fiscales judiciales de la Corte
Suprema serán nombrados por el Presidente de la República,
eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso,
propondrá la misma Corte, y con acuerdo del Senado. Éste adoptará los
respectivos acuerdos por los dos tercios de sus miembros en
ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto, previo
acuerdo de la mayoría de los senadores en ejercicio de la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Corporación.
Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la
República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un
nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el
procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.
Cinco de los miembros de la Corte Suprema deberán ser
abogados extraños a la administración de justicia, tener a lo menos
quince años de título, haberse destacado en la actividad profesional
o universitaria y cumplir los demás requisitos que señale la ley
orgánica constitucional respectiva.
La Corte Suprema, cuando se trate de proveer un cargo
que corresponda a un miembro proveniente del Poder Judicial, formará
la nómina exclusivamente con integrantes de éste y deberá ocupar un
lugar en ella el ministro más antiguo de Corte de Apelaciones que
figure en lista de méritos. Los otros cuatro lugares se llenarán en
atención a los merecimientos de los candidatos. Tratándose de proveer
una vacante correspondiente a abogados extraños a la administración
de justicia, la nómina se formará exclusivamente, previo concurso
público de antecedentes, con abogados que cumplan los requisitos
señalados en el inciso cuarto.

Los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de
Apelaciones serán designados por el Presidente de la República, a
propuesta en terna de la Corte Suprema.
Los jueces letrados serán designados por el Presidente
de la República, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de
la jurisdicción respectiva.
El juez letrado en lo civil o criminal más antiguo de
asiento de Corte o el juez letrado civil o criminal más antiguo del
cargo inmediatamente inferior al que se trata de proveer y que figure
en lista de méritos y exprese su interés en el cargo, ocupará un
lugar en la terna correspondiente. Los otros dos lugares se llenarán
en atención al mérito de los candidatos.
La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en su
caso, formarán las quinas o las ternas en pleno especialmente
convocado al efecto, en una misma y única votación, donde cada uno de
sus integrantes tendrá derecho a votar por tres o dos personas,
respectivamente. Resultarán elegidos quienes obtengan las cinco o las
tres primeras mayorías, según corresponda. El empate se resolverá
mediante sorteo.
Sin embargo, cuando se trate del nombramiento de
ministros de Corte suplentes, la designación podrá hacerse por la
Corte Suprema y, en el caso de los jueces, por la Corte de
Apelaciones respectiva. Estas designaciones no podrán durar más de
sesenta días y no serán prorrogables. En caso de que los tribunales
superiores mencionados no hagan uso de esta facultad o de que haya
vencido el plazo de la suplencia, se procederá a proveer las vacantes
en la forma ordinaria señalada precedentemente.
Artículo 80.- Los jueces son personalmente responsables por los
delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las
leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida
administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en
que incurran en el desempeño de sus funciones.
Tratándose de los miembros de la Corte Suprema, la ley
determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta
responsabilidad.

Artículo 81.- Los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen
comportamiento; pero los inferiores desempeñarán su respectiva
judicatura por el tiempo que determinen las leyes.
No obstante lo anterior, los jueces cesarán en sus
funciones al cumplir 75 años de edad; o por renuncia o incapacidad
legal sobreviniente o en caso de ser depuestos de sus destinos, por
causa legalmente sentenciada. La norma relativa a la edad no regirá
respecto al Presidente de la Corte Suprema, quien continuará en su
cargo hasta el término de su período.
En todo caso, la Corte Suprema por requerimiento del
Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de
oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen
comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de
Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la
mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán
al Presidente de la República para su cumplimiento.
La Corte Suprema, en pleno especialmente convocado al
efecto y por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá
autorizar u ordenar, fundadamente, el traslado de los jueces y demás
funcionarios y empleados del Poder Judicial a otro cargo de igual
categoría.
Artículo 82.- Los magistrados de los tribunales superiores de
justicia, los fiscales judiciales y los jueces letrados que integran
el Poder Judicial, no podrán ser aprehendidos sin orden del tribunal
competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante y sólo
para ponerlos inmediatamente a disposición del tribunal que debe
conocer del asunto en conformidad a la ley.
Artículo 83.- La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva,
correccional y económica de todos los tribunales de la Nación. Una
ley orgánica constitucional regulará la forma y ejercicio de estas
facultades. Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el
Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales
regionales.
Los tribunales superiores de justicia, en uso de sus
facultades disciplinarias, sólo podrán invalidar resoluciones
jurisdiccionales en los casos y forma que establezca la ley orgánica
constitucional respectiva.”.

8. Reemplázase el Capítulo VII: Ministerio
Público, por el siguiente:

“Capítulo VII
MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 84.- Un organismo del Estado, autónomo, jerarquizado, con
el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la
investigación de los hechos constitutivos de delito, los que
determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia
del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la
forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la
adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En
caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales, y en sus
investigaciones deberá apegarse a las exigencias dispuestas en el
artículo 19, N° 6 de esta Constitución. Todo acto que contravenga
tales exigencias es nulo y acarreará las consecuencias
indemnizatorias y correctivas previstas en la ley.
El ofendido por el delito y las demás personas que
determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal.
El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas
a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación, sin
perjuicio de su dependencia dispuesta en el artículo 103 de esta
Carta, asumiendo completamente la responsabilidad jerárquica sobre
las consecuencias que el ejercicio de tal prerrogativa pueda
acarrear. Con todo, las actuaciones que priven al imputado o a
terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura,
o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa
a una solicitud escrita y fundada del fiscal a cargo de la
investigación, sin perjuicio de dejar constancia de su encargo. La
autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y
no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad,
salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa ya
descrita.

El ejercicio de la acción penal pública, y la
dirección de las investigaciones de los hechos que configuren el
delito, de los que determinen la participación punible y de los que
acrediten la inocencia del imputado en las causas que sean de
conocimiento de los tribunales militares, como asimismo la adopción
de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos de tales
hechos corresponderán, en conformidad con las normas del Código de
Justicia Militar y a las leyes respectivas, a los órganos y a las
personas que ese Código y esas leyes determinen.
Artículo 85.- Una ley orgánica constitucional determinará la
organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las
calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para
su nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos,
en lo no contemplado en la Constitución. Las personas que sean
designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las
inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los fiscales regionales
y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad.
La ley orgánica constitucional establecerá el grado de
independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los
fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la
acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo. En todo
caso, la ley tendrá a la vista la estructura jerárquica del
Ministerio Pública dispuesta en el artículo 92.
Artículo 86.- El Fiscal Nacional será designado por el Presidente de
la República, a propuesta en quina de la Corte Suprema y con acuerdo
del Senado adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio,
en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare
la proposición del Presidente de la República, la Corte Suprema
deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución
del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un
nombramiento.
El Fiscal Nacional deberá tener a lo menos diez años
de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer
las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a
sufragio; durará ocho años en el ejercicio de sus funciones y no
podrá ser designado para el período siguiente.

Será aplicable al Fiscal Nacional lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 81 en lo relativo al tope de edad.
Artículo 87.- Existirá un Fiscal Regional en cada una de las
regiones en que se divida administrativamente el país, a menos que la
población o la extensión geográfica de la región hagan necesario
nombrar más de uno.
Los fiscales regionales serán nombrados por el Fiscal
Nacional, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la
respectiva región. En caso que en la región exista más de una Corte
de Apelaciones, la terna será formada por un pleno conjunto de todas
ellas, especialmente convocado al efecto por el Presidente de la
Corte de más antigua creación.
Los fiscales regionales deberán tener a lo menos cinco
años de título de abogado, haber cumplido 35 años de edad y poseer
las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a
sufragio; durarán ocho años en el ejercicio de sus funciones y podrán
ser designados como fiscales regionales por el período siguiente en
otra Región, lo que no obsta a que puedan ser nombrados en otro cargo
del Ministerio Público.
Artículo 88.- La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en su
caso, llamarán a concurso público de antecedentes para la integración
de las quinas y ternas, las que serán acordadas por la mayoría
absoluta de sus miembros en ejercicio, en pleno especialmente
convocado al efecto. No podrán integrar las quinas y ternas los
miembros activos o pensionados del Poder Judicial.
Las quinas y ternas se formarán en una misma y única
votación en la cual cada integrante del pleno tendrá derecho a votar
por tres o dos personas, respectivamente. Resultarán elegidos quienes
obtengan las cinco o las tres primeras mayorías, según corresponda.
De producirse un empate, éste se resolverá mediante sorteo.
Artículo 89.- Existirán fiscales adjuntos que serán designados por
el Fiscal Nacional, a propuesta en terna del fiscal regional
respectivo, la que deberá formarse previo concurso público, en
conformidad a la ley orgánica constitucional. Deberán tener el título
de abogado y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano
con derecho a sufragio.
Artículo 90.- El Fiscal Nacional y los fiscales regionales sólo
podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del
Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de diez de
sus miembros, por infringir las normas que rigen el cargo,
incapacidad, mal comportamiento, negligencia manifiesta en el
ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno
especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá
reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.
La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada
por el Fiscal Nacional.
Artículo 91.- Se aplicará al Fiscal Nacional, a los fiscales
regionales y a los fiscales adjuntos lo establecido en el artículo
82.
Artículo 92.- El Fiscal Nacional es la autoridad superior del
Ministerio Público, de quien dependerán jerárquica y directamente los
fiscales regionales y los fiscales adjuntos. El Fiscal Nacional
tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del
Ministerio Público, en conformidad a la ley orgánica constitucional
respectiva.”.

9. Reemplázase el Capítulo VIII: Tribunal
Constitucional, por el siguiente:

“Capítulo VIII
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Artículo 93.- El Tribunal Constitucional es un órgano del Estado,
autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder.
El Tribunal Constitucional estará integrado por diez
miembros, designados según el siguiente procedimiento:
a) La Corte Suprema convoca a un concurso público
para formar una terna que elevará al Presidente de la República.
b) El Presidente de la República propone a uno de
los integrantes de dicha terna a las dos Cámaras de Congreso
Nacional.
c) Cada una de las dos Cámaras, con el respaldo
afirmativo de dos tercios de sus miembros en ejercicio, dan su
conformidad al candidato.
d) El Presidente de la República designa al elegido,
nombrándolo como Ministro del tribunal Constitucional.
Para el cumplimiento de lo establecido en la letra c)
anterior, y de forma previa a la votación, el candidato propuesto
deberá formular una exposición de su postulación al cargo respectivo
en una sesión especial y pública ante la Sala de la Cámara
respectiva.
Los miembros del Tribunal durarán nueve años en sus
cargos y se renovarán por parcialidades cada tres. Deberán tener a lo
menos quince años de título de abogado, haberse destacado en la
actividad profesional, universitaria o pública, no podrán tener
impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de
juez, estarán sometidos a las normas de los artículos 59, 60 y 82, y
no podrán ejercer la profesión de abogado, incluyendo la judicatura,
ni cualquier acto de los establecidos en los incisos segundo y
tercero del artículo 61.
Los miembros del Tribunal Constitucional serán
inamovibles y no podrán ser reelegidos, salvo aquel que lo haya sido
como reemplazante y haya ejercido el cargo por un período menor a
cinco años. Cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.
En caso que un miembro del Tribunal Constitucional
cese en su cargo, se procederá a su reemplazo por quien corresponda,
de acuerdo con el inciso primero de este artículo y por el tiempo que
falte para completar el período del reemplazado.
El Tribunal funcionará en pleno o dividido en dos
salas. En el primer caso, el quórum para sesionar será de, a lo
menos, ocho miembros y en el segundo de, a lo menos, cuatro. El
Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo los casos en
que se exija un quórum diferente y fallará de acuerdo a derecho. El
Tribunal en pleno resolverá en definitiva las atribuciones indicadas
en los números 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 11º del artículo
siguiente. Para el ejercicio de sus restantes atribuciones, podrá
funcionar en pleno o en sala de acuerdo a lo que disponga la ley
orgánica constitucional respectiva.
Una ley orgánica constitucional determinará su
organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta,
régimen de remuneraciones y estatuto de su personal.
Artículo 94.- Son atribuciones del Tribunal Constitucional:
1º.- Ejercer el control de constitucionalidad de las
leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes
orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen
sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación. La
declaración de inconstitucionalidad de cualquiera de estas normas
debe ser acordada por una mayoría de cuatro quintos de sus
integrantes;
2º.- Resolver sobre las cuestiones de
constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte
Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de
Elecciones;
3º.- Resolver las cuestiones que se susciten sobre la
constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley;
4º.- Resolver las cuestiones que se susciten sobre
constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito,
sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal
Calificador de Elecciones. Asimismo, resolver por mayoría de sus
miembros la convocatoria a plebiscito dispuesto en el inciso segundo
del artículo 15 de esta carta.
5°.- Resolver, por la mayoría de sus miembros en
ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en
cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial,
resulte contraria a la Constitución;
6º.- Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de
sus integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto
legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el
numeral anterior.
7º.- Resolver los reclamos en caso de que el
Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o
promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda;
8º.- Resolver sobre la constitucionalidad de un
decreto o resolución del Presidente de la República que la
Contraloría General de la República haya representado por estimarlo
inconstitucional, cuando sea requerido por el Presidente en
conformidad al artículo 101;
9°.- Declarar la inconstitucionalidad de las
organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, como
asimismo la responsabilidad de las personas que hubieran tenido
participación en los hechos que motivaron la declaración de
inconstitucionalidad, en conformidad a lo dispuesto en el Nº 22 del
artículo 19 de esta Constitución. Sin embargo, si la persona afectada
fuera el Presidente de la República o el Presidente electo, la
referida declaración requerirá, además, el acuerdo del Senado
adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio;
10º.- Informar al Senado en los casos a que se refiere
el artículo 53 número 6) de esta Constitución;
11º.- Resolver las contiendas de competencia que se
susciten entre las autoridades políticas, administrativas y
jurisdiccionales que no correspondan al Senado;
12º.- Resolver sobre las inhabilidades
constitucionales o legales que afecten a una persona para ser
designada Ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar
simultáneamente otras funciones;
13º.- Pronunciarse sobre las inhabilidades,
incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los
parlamentarios;
14º.- Calificar la inhabilidad invocada por un
parlamentario en los términos del inciso final del artículo 61 y
pronunciarse sobre su renuncia al cargo, y
15°.- Resolver sobre la constitucionalidad de los
decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo
aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad
reglamentaria autónoma del Presidente de la República cuando se
refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por
mandato del artículo 64.
16°.- Resolver, por la mayoría de sus miembros, el
efectivo amparo frente a la vulneración de los derechos
constitucionales, de que hubiere sido objeto el titular de la acción
prevista en el artículo 20 de esta Carta.
En el caso del número 1º, la Cámara de origen enviará
al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los cinco
días siguientes a aquel en que quede totalmente tramitado por el
Congreso.
En el caso del número 2º, el Tribunal podrá conocer de
la materia a requerimiento del Presidente de la República, de
cualquiera de las Cámaras o de diez de sus miembros. Asimismo, podrá
requerir al Tribunal toda persona que sea parte en juicio o gestión
pendiente ante un tribunal ordinario o especial, o desde la primera
actuación del procedimiento penal, cuando sea afectada en el
ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en el
respectivo auto acordado.
En el caso del número 3°, la cuestión podrá ser
planteada por el Presidente de la República dentro del plazo de diez
días cuando la Contraloría rechace por inconstitucional un decreto
con fuerza de ley. También podrá ser promovida por cualquiera de las
Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio en caso
de que la Contraloría hubiere tomado razón de un decreto con fuerza
de ley que se impugne de inconstitucional. Este requerimiento deberá
efectuarse dentro del plazo de treinta días, contado desde la
publicación del respectivo decreto con fuerza de ley.
En el caso del número 4°, la cuestión podrá promoverse
a requerimiento del Senado o de la Cámara de Diputados, dentro de
diez días contados desde la fecha de publicación del decreto que fije
el día de la consulta plebiscitaria.
El Tribunal establecerá en su resolución el texto
definitivo de la consulta plebiscitaria, cuando ésta fuera
procedente.
Si al tiempo de dictarse la sentencia, faltaran menos
de treinta días para la realización del plebiscito, el Tribunal
fijará en ella una nueva fecha comprendida entre los treinta y los
sesenta días siguientes al fallo.
En el caso del número 5°, la cuestión podrá ser
planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del
asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal
declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión
siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el
tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal
impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que
la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás
requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha originado la
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
En el caso del número 6°, una vez resuelta en
sentencia previa la declaración de inaplicabilidad de un precepto
legal, conforme al número 5° de este artículo, habrá acción pública
para requerir al Tribunal la declaración de inconstitucionalidad, sin
perjuicio de la facultad de éste para declararla de oficio.
Corresponderá a la ley orgánica constitucional respectiva establecer
los requisitos de admisibilidad, en el caso de que se ejerza la
acción pública, como asimismo regular el procedimiento que deberá
seguirse para actuar de oficio.
En los casos del número 7°, la cuestión podrá
promoverse por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de
sus miembros en ejercicio, dentro de los treinta días siguientes a la
publicación del texto impugnado o dentro de los sesenta días
siguientes a la fecha en que el Presidente de la República debió
efectuar la promulgación de la ley. Si el Tribunal acogiera el
reclamo, promulgará en su fallo la ley que no lo haya sido o
rectificará la promulgación incorrecta.
En el caso del número 10°, el Tribunal sólo podrá
conocer de la materia a requerimiento del Senado.
Habrá acción pública para requerir al Tribunal
respecto de las atribuciones que se le confieren por los números 9º y
12º de este artículo.
Sin embargo, si en el caso del número 9° la persona
afectada fuera el Presidente de la República o el Presidente electo,
el requerimiento deberá formularse por la Cámara de Diputados o por
la cuarta parte de sus miembros en ejercicio.
En el caso del número 11°, el requerimiento deberá ser
deducido por cualquiera de las autoridades en conflicto.
En el caso del número 13°, el Tribunal sólo podrá
conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República
o de no menos de diez parlamentarios en ejercicio.

En el caso del número 15°, el Tribunal sólo podrá
conocer de la materia a requerimiento de cualquiera de las Cámaras
efectuado dentro de los treinta días siguientes a la publicación o
notificación del texto impugnado. En el caso de vicios que no se
refiera a decretos que excedan la potestad reglamentaria autónoma del
Presidente de la República también podrá una cuarta parte de los
miembros en ejercicio deducir dicho requerimiento.
El Tribunal Constitucional podrá apreciar en
conciencia los hechos cuando conozca de las atribuciones indicadas en
los números 9°, 10° y 12°, como, asimismo, cuando conozca de las
causales de cesación en el cargo de parlamentario.
En los casos de los numerales 9°, 12° y en el caso del
numeral 2º cuando sea requerido por una parte, corresponderá a una
sala del Tribunal pronunciarse sin ulterior recurso, de su
admisibilidad.
Artículo 95.- Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no
procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo
Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que
hubiere incurrido.
Para hacer ejecutar sus resoluciones, el Tribunal
Constitucional podrá impartir órdenes o requerir acciones a las
reparticiones públicas concernidas. Con tal propósito es aplicable el
inciso cuarto del artículo 77 de la Constitución.
Las disposiciones que el Tribunal declare
inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o
decreto con fuerza de ley de que se trate.
En el caso del N° 6° del artículo 94, habiéndose
declarado la inconstitucionalidad de un precepto legal, los órganos
colegisladores deberán, en el plazo de seis meses iniciar la
tramitación de la norma que regulará la materia objeto del precepto
derogado.
En el caso del Nº 15° del artículo 94, el decreto
supremo impugnado quedará sin efecto de pleno derecho, con el solo
mérito de la sentencia del Tribunal que acoja el reclamo. No
obstante, el precepto declarado inconstitucional en conformidad a lo
dispuesto en los numerales 2°, 3° ó 6° del artículo 94, se entenderá
derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia
que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo.
Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de
todo o parte de una ley, de un decreto con fuerza de ley, de un
decreto supremo o auto acordado, en su caso, se publicarán en el
Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación.”.

10. Reemplázase el Capítulo IX: Servicio
Electoral y Justicia Electoral, por el siguiente:

“CAPÍTULO IX
SERVICIO ELECTORAL Y JUSTICIA ELECTORAL

Artículo 96.- Un organismo del Estado, autónomo, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, denominado Servicio Electoral,
ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los
procesos electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de las normas
sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; de las
normas sobre los partidos políticos, y las demás funciones que señale
una ley orgánica constitucional.
La dirección superior del Servicio Electoral
corresponderá a un Consejo Directivo, el que ejercerá de forma
exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las
leyes. Dicho Consejo estará integrado por cinco consejeros designados
por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado,
adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Los
Consejeros durarán diez años en sus cargos, no podrán ser designados
para un nuevo período y se renovarán por parcialidades cada dos años.
Previo a la votación del Senado, los candidatos propuestos deberán
formular una exposición de su postulación al cargo respectivo en una
sesión especial y pública ante la Sala del Senado.
Los Consejeros sólo podrán ser removidos por la Corte
Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de un
tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, por
infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad, mal
comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus
funciones. La Corte conocerá del asunto en Pleno, especialmente
convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto
conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. La organización
y atribuciones del Servicio Electoral serán establecidas por una ley
orgánica constitucional. Su forma de desconcentración, las plantas,
remuneraciones y estatuto del personal serán establecidos por una
ley.
Artículo 97.- Un tribunal especial del Estado, que se denominará
Tribunal Calificador de Elecciones, conocerá del escrutinio general y
de la calificación de las elecciones de Presidente de la República,
de diputados y senadores; resolverá las reclamaciones a que dieren
lugar y proclamará a los que resulten elegidos. Dicho Tribunal
conocerá, asimismo, de los plebiscitos, y tendrá las demás
atribuciones que determine la ley.
Estará constituido por cinco miembros designados en la
siguiente forma:
a) Cuatro ministros de la Corte Suprema, designados
por ésta, mediante sorteo, en la forma y oportunidad que determine
la ley orgánica constitucional respectiva, y
b) Un ciudadano que hubiere ejercido el cargo de
Presidente o Vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado
por un período no inferior a los 365 días, designado por la Corte
Suprema en la forma señalada en la letra a) precedente, de entre
todos aquellos que reúnan las calidades indicadas.
Las designaciones a que se refiere la letra b) no
podrán recaer en personas que sean parlamentarios, candidatos a
cargos de elección popular, Ministros de Estado, ni dirigentes de
partidos políticos.
Los miembros de este tribunal durarán cuatro años en
sus funciones y les serán aplicables las disposiciones de los
artículos 59 y 60 de esta Constitución.
El Tribunal Calificador procederá como jurado en la
apreciación de los hechos y sentenciará con arreglo a derecho.
Una ley orgánica constitucional regulará la
organización y funcionamiento del Tribunal Calificador de Elecciones.
Artículo 98.- Habrá tribunales electorales regionales encargados de
conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones que
la ley les encomiende, así como de resolver las reclamaciones a que
dieren lugar y de proclamar a los candidatos electos. Sus
resoluciones serán apelables para ante el Tribunal Calificador de
Elecciones en la forma que determine la ley. Asimismo, les
corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de
carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellos grupos
intermedios que la ley señale.
Estos tribunales estarán constituidos por un ministro
de la Corte de Apelaciones respectiva, elegido por ésta, y por dos
miembros designados por el Tribunal Calificador de Elecciones de
entre personas que hayan ejercido la profesión de abogado o
desempeñado la función de ministro o abogado integrante de Corte de
Apelaciones por un plazo no inferior a tres años.
Los miembros de estos tribunales durarán cuatro años
en sus funciones y tendrán las inhabilidades e incompatibilidades que
determine la ley.
Estos tribunales procederán como jurado en la
apreciación de los hechos y sentenciarán con arreglo a derecho.
La ley determinará las demás atribuciones de estos
tribunales y regulará su organización y funcionamiento.
Artículo 99.- Anualmente, se destinarán en la Ley de Presupuestos de
la Nación los fondos necesarios para la organización y funcionamiento
de estos tribunales, cuyas plantas, remuneraciones y estatuto del
personal serán establecidos por ley.”.

11. Reemplázase el Capítulo X: Contraloría
General de la República, por el siguiente:

“Capítulo X
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Artículo 100.- Un organismo del Estado, autónomo, con el nombre de
Contraloría General de la República ejercerá el control de la
legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y
la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los
demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y
juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de
esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación, y
desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica
constitucional respectiva.
La Contraloría, con motivo del control de legalidad o
de las auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de
conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.
El Contralor General de la República deberá tener a lo
menos diez años de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de
edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con
derecho a sufragio. Será designado por el Presidente de la República
con acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros
en ejercicio, por un período de ocho años y no podrá ser designado
para el período siguiente. Con todo, al cumplir 75 años de edad
cesará en el cargo. Previo a la votación del Senado, el candidato
propuesto deberá formular una exposición de su postulación al cargo
respectivo en una sesión especial y pública ante la Sala del Senado
Artículo 101.- En el ejercicio de la función de control de legalidad,
el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que,
en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o
representará la ilegalidad de que puedan adolecer; pero deberá darles
curso cuando, a pesar de su representación, el Presidente de la
República insista con la firma de todos sus Ministros, caso en el
cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de
Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que
excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia
íntegra de los antecedentes a la misma Cámara.
Corresponderá, asimismo, al Contralor General de la
República tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo
representarlos cuando ellos excedan o contravengan la ley delegatoria
o sean contrarios a la Constitución.
Si la representación tuviere lugar con respecto a un
decreto con fuerza de ley, a un decreto promulgatorio de una ley o de
una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado, o a un
decreto o resolución por ser contrario a la Constitución, el
Presidente de la República no tendrá la facultad de insistir, y en
caso de no conformarse con la representación de la Contraloría deberá
remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo
de diez días, a fin de que éste resuelva la controversia.
En lo demás, la organización, el funcionamiento y las
atribuciones de la Contraloría General de la República serán materia
de una ley orgánica constitucional.
Artículo 102.- Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún
pago sino en virtud de un decreto o resolución expedida por autoridad
competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que
autorice aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando, además,
el orden cronológico establecido en ella y previa refrendación
presupuestaria del documento que ordene el pago.”.

12. Reemplázase el Capítulo XI: Fuerzas Armadas,
de Orden y Seguridad Pública, por el siguiente:

“Capítulo XI
FUERZAS ARMADAS, DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 103.- Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio de
Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la
patria y son esenciales para la seguridad nacional.
Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están
integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la
fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el
orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo
determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio
del Interior y de Seguridad Pública, con la excepción de lo dispuesto
en los artículos 77 y 84 de esta Constitución, que establecen su
dependencia para recibir órdenes directas de los Tribunales de
Justicia del Poder Judicial y del Ministerio Público respectivamente.
Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos
armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas
dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y
de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y
disciplinadas.
Artículo 104.- La incorporación a las plantas y dotaciones de las
Fuerzas Armadas y de Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus
propias Escuelas, con excepción de los escalafones profesionales y de
empleados civiles que determine la ley.
Artículo 105.- Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o
tener armas u otros elementos similares que señale una la ley, sin
autorización otorgada en conformidad a ésta.
Una ley determinará el Ministerio o los órganos de su
dependencia que ejercerán la supervigilancia y el control de las
armas. Asimismo, establecerá los órganos públicos encargados de
fiscalizar el cumplimiento de las normas relativas a dicho control.
Artículo 106.- Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y
de la Fuerza Aérea, y el General Director de Carabineros serán
designados por el Presidente de la República de entre los cinco
oficiales generales de mayor antigüedad, que reúnan las calidades que
los respectivos estatutos institucionales exijan para tales cargos;
durarán cuatro años en sus funciones, no podrán ser nombrados para un
nuevo período y gozarán de inamovilidad en su cargo.
El Presidente de la República, mediante decreto
fundado e informando previamente a la Cámara de Diputados y al
Senado, podrá llamar a retiro a los Comandantes en Jefe del Ejército,
de la Armada y de la Fuerza Aérea y al General Director de
Carabineros, en su caso, antes de completar su respectivo período.
Artículo 107.- Los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales
de las Fuerzas Armadas y Carabineros, se efectuarán por decreto
supremo, en conformidad a la ley orgánica constitucional
correspondiente, la que determinará las normas básicas respectivas,
así como las normas básicas referidas a la carrera profesional,
incorporación a sus plantas, previsión, antigüedad, mando, sucesión
de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

El ingreso, los nombramientos, ascensos y retiros en
Investigaciones se efectuarán en conformidad a su ley orgánica.”.

13. Reemplázase el Capítulo XII: Consejo de
Seguridad Nacional, por el siguiente:

“Capítulo XII
CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL

Artículo 108.- Habrá un Consejo de Seguridad Nacional encargado de
asesorar al Presidente de la República en las materias vinculadas a
la seguridad nacional y de ejercer las demás funciones que esta
Constitución le encomienda. Será presidido por el Presidente de la
República y estará integrado por los Presidentes del Senado, de la
Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los Ministros del
Interior y Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Defensa
Nacional, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el
General Director de Carabineros, por el Director General de la
Policía de Investigaciones y por el Contralor General de la
República.
En los casos que el Presidente de la República lo
determine, podrán estar presentes en sus sesiones otros Ministros de
Estado.
Artículo 109.- El Consejo de Seguridad Nacional se reunirá cuando sea
convocado por el Presidente de la República y requerirá como quórum
para sesionar el de la mayoría absoluta de sus integrantes.
El Consejo no adoptará acuerdos sino para dictar el
reglamento a que se refiere el inciso final de la presente
disposición. En sus sesiones, cualquiera de sus integrantes podrá
expresar su opinión sobre las materias tratadas, sin comprometer la
de sus respectivas reparticiones, órganos o instituciones.
Las actas del Consejo serán públicas, a menos que el
Presidente de la República determine la aplicación de las excepciones
a su publicidad establecidas en el artículo 8° de esta Carta. Un
reglamento dictado por el propio Consejo establecerá las demás
disposiciones concernientes a su organización, funcionamiento y
publicidad de sus debates.”.

14. Reemplázase el Capítulo XIII: Banco Central,
por el siguiente:

“Capítulo XIII
BANCO CENTRAL

Artículo 110.- Existirá un organismo del Estado, autónomo, con
patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central,
cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará
una ley orgánica constitucional.
Los candidatos propuestos para componer el Consejo del
Banco Central, y de forma previa a la votación respectiva, deberán
formular una exposición de su postulación al cargo respectivo en una
sesión especial y pública ante la Sala del Senado.
Artículo 111.- El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con
instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna
podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos
por el Estado, sus organismos o empresas.
Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con
créditos directos o indirectos del Banco Central.
Con todo, en caso de guerra exterior o de peligro de
ella, que calificará el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco
Central podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y
entidades públicas o privadas.
El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que
signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o
requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas,
instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma
naturaleza.”.

15. Reemplázase el Capítulo XIV: Gobierno y
Administración Interior del Estado, por el siguiente:

“Capítulo XIV
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN INTERIOR DEL ESTADO

Artículo 112.- Para el gobierno y administración interior del Estado,
el territorio de la República se divide en regiones y éstas en
provincias. Para los efectos de la administración local, las
provincias se dividirán en comunas.
La creación, supresión y denominación de regiones,
provincias y comunas; la modificación de sus límites, así como la
fijación de las capitales de las regiones y provincias, serán materia
de ley orgánica constitucional.
Gobierno y Administración Regional
Artículo 113.- La administración superior de cada región reside en un
gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social,
cultural y económico de la región.
El gobierno regional estará constituido por un
gobernador regional y el consejo regional. Para el ejercicio de sus
funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de
derecho público y tendrá patrimonio propio.
El gobernador regional será el órgano ejecutivo del
gobierno regional, correspondiéndole presidir el consejo y ejercer
las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional
determine, en coordinación con los demás órganos y servicios públicos
creados para el cumplimiento de la función administrativa. Asimismo
le corresponderá la coordinación, supervigilancia y fiscalización de
los servicios públicos que dependen o se relacionen con el gobierno
regional.
El gobierno regional será elegido por sufragio
universal en votación directa. Será electo el candidato a gobernador
regional que obtuviere la mayoría de los sufragios válidamente
emitidos y siempre que dicha mayoría sea equivalente, al menos, al
cuarenta por ciento de los votos válidamente emitidos, en conformidad
a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva. Durará
en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años,
pudiendo ser reelegido consecutivamente sólo para el período
siguiente.
Si a la elección del gobernador regional se
presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere al
menos cuarenta por ciento de los sufragios válidamente emitidos, se
procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los
candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y
en ella resultará electo aquel de los candidatos que obtenga el mayor
número de sufragios. Esta nueva votación se verificará en la forma
que determine la ley.
Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos
precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no
emitidos.
La ley orgánica constitucional respectiva establecerá
las causales de inhabilidad, incompatibilidad, subrogación, cesación
y vacancia del cargo de gobernador regional, sin perjuicio de los
dispuesto en los artículos 126 y 127.
Artículo 114.- El consejo regional será un órgano de carácter
normativo, resolutivo y fiscalizador, dentro del ámbito propio de
competencia del gobierno regional, encargado de hacer efectiva la
participación de la ciudadanía regional y ejercer las atribuciones
que la ley orgánica constitucional respectiva le encomiende.
El consejo regional estará integrado por consejeros
elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad
con la ley orgánica constitucional respectiva. Durarán cuatro años en
sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley establecerá la
organización del consejo regional, determinará el número de
consejeros que lo integrarán y su forma de reemplazo, cuidando
siempre que tanto la población como el territorio de la región estén
equitativamente representados.
Cesará en su cargo el consejero regional que durante
su ejercicio perdiere alguno de los requisitos de elegibilidad o
incurriere en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades,
incapacidades u otras causales de cesación que la ley orgánica
constitucional establezca.

Lo señalado en los incisos precedentes respecto del
consejo regional y de los consejeros regionales será aplicable, en lo
que corresponda, a los territorios especiales a que se refiere el
artículo 129.
El consejo regional, por mayoría absoluta de sus
integrantes en ejercicio, elegirá un presidente de entre sus
miembros. El presidente del consejo durará cuatro años en su cargo y
cesará en él en caso de incurrir en alguna de las causales señaladas
en el inciso tercero, por remoción acordada por los dos tercios de
los consejeros regionales en ejercicio o por renuncia aprobada por la
mayoría de éstos.
La ley orgánica constitucional determinará las
funciones y atribuciones del presidente del consejo regional.
Corresponderá al consejo regional aprobar el proyecto
de presupuesto de la respectiva región considerando, para tal efecto,
los recursos asignados a ésta en la Ley de Presupuestos, sus recursos
propios y los que provengan de los convenios de programación.
Los Senadores y Diputados que representen a las
circunscripciones y distritos de la región podrán, cuando lo estimen
conveniente, asistir a las sesiones del consejo regional y tomar
parte en sus debates, sin derecho a voto.
Artículo 115.- La ley orgánica constitucional respectiva determinará
la forma y el modo en que el Presidente de la República transferirá a
uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo,
una o más competencias de los ministerios y servicios públicos
creados para el cumplimiento de la función administrativa, en
materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades
productivas y desarrollo social y cultural.
Artículo 116.- Para el gobierno y administración interior del Estado
a que se refiere el presente capítulo se observará como principio
básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y
equitativo. Las leyes que se dicten al efecto deberán velar por el
cumplimiento y aplicación de dicho principio, incorporando asimismo
criterios de solidaridad entre las regiones, como al interior de
ellas, en lo referente a la distribución de los recursos públicos.

Sin perjuicio de los recursos que para su
funcionamiento se asignen a los gobiernos regionales en la Ley de
Presupuestos de la Nación y de aquellos que provengan de lo dispuesto
en el Nº 27 del artículo 19, dicha ley contemplará una proporción del
total de los gastos de inversión pública que determine, con la
denominación de fondo nacional de desarrollo regional.
La Ley de Presupuestos de la Nación contemplará,
asimismo, gastos correspondientes a inversiones sectoriales de
asignación regional cuya distribución entre regiones responderá a
criterios de equidad y eficiencia, tomando en consideración los
programas nacionales de inversión correspondientes. La asignación de
tales gastos al interior de cada región corresponderá al gobierno
regional.
A iniciativa de los gobiernos regionales o de uno o
más ministerios podrán celebrarse convenios anuales o plurianuales de
programación de inversión pública entre gobiernos regionales, entre
éstos y uno o más ministerios o entre gobiernos regionales y
municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio. La ley orgánica
constitucional respectiva establecerá las normas generales que
regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos
convenios.
La ley podrá autorizar a los gobiernos regionales y a
las empresas públicas para asociarse con personas naturales o
jurídicas a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de
lucro que contribuyan al desarrollo regional. Las entidades que al
efecto se constituyan se regularán por las normas comunes aplicables
a los particulares.
Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin
perjuicio de lo establecido en el número 28 del artículo 19.
Artículo 117.- En cada región existirá una delegación presidencial
regional, a cargo de un delegado presidencial regional, el que
ejercerá las funciones y atribuciones del Presidente de la República
en la región, en conformidad a la ley. El delegado presidencial
regional será el representante natural e inmediato, en el territorio
de su jurisdicción, del Presidente de la República y será nombrado y
removido libremente por él. El delegado presidencial regional
ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e
instrucciones del Presidente de la República.
Al delegado presidencial regional le corresponderá la
coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios
públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones
administrativas que operen en la región que dependan o se relacionen
con el Presidente de la República a través de un Ministerio.
Gobierno y Administración Provincial
Artículo 118.- En cada provincia existirá una delegación presidencial
provincial, que será un órgano territorialmente desconcentrado del
delegado presidencial regional, y estará a cargo de un delegado
presidencial provincial, será nombrado y removido libremente por el
Presidente de la República. En la provincia asiente de la capital
regional, el delegado presidencial regional ejercerá las funciones
del delegado presidencial provincial.
Corresponde al delegado presidencial provincial
ejercer, de acuerdo a las instrucciones del delegado presidencial
regional, la supervigilancia de los servicios públicos existentes en
la provincia. La ley determinará las atribuciones que podrá delegarle
el delegado presidencial regional y las demás que le corresponden.
Artículo 119.- Los delegados presidenciales provinciales, en los
casos y forma que determine la ley, podrán designar encargados para
el ejercicio de sus facultades en una o más localidades.
Administración Comunal
Artículo 120.- La administración local de cada comuna o agrupación de
comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que
estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por
el concejo.

La ley orgánica constitucional respectiva establecerá
las modalidades y formas que deberá asumir la participación de la
comunidad local en las actividades municipales.
Los alcaldes, en los casos y formas que determine la
ley orgánica constitucional respectiva, podrán designar delegados
para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades.
Las municipalidades son corporaciones autónomas de
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya
finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y
asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural
de la comuna.
Una ley orgánica constitucional determinará las
funciones y atribuciones de las municipalidades. Dicha ley señalará,
además, las materias de competencia municipal que el alcalde, con
acuerdo del concejo o a requerimiento de los 2/3 de los concejales en
ejercicio, o de la proporción de ciudadanos que establezca la ley,
someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, así como las
oportunidades, forma de la convocatoria y efectos.
Las municipalidades podrán asociarse entre ellas en
conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva, pudiendo
dichas asociaciones gozar de personalidad jurídica de derecho
privado. Asimismo, podrán constituir o integrar corporaciones o
fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la
promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o el fomento
de obras de desarrollo comunal y productivo. La participación
municipal en ellas se regirá por la citada ley orgánica
constitucional.
Las municipalidades podrán establecer en el ámbito de
las comunas o agrupación de comunas, de conformidad con la ley
orgánica constitucional respectiva, territorios denominados unidades
vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado y a
una adecuada canalización de la participación ciudadana.
Los servicios públicos deberán coordinarse con el
municipio cuando desarrollen su labor en el territorio comunal
respectivo, en conformidad con la ley.
La ley determinará la forma y el modo en que los
ministerios, servicios públicos y gobiernos regionales podrán
transferir competencias a las municipalidades, como asimismo el
carácter provisorio o definitivo de la transferencia.
Artículo 121.- En cada municipalidad habrá un concejo integrado por
concejales elegidos por sufragio universal en conformidad a la ley
orgánica constitucional de municipalidades. Durarán cuatro años en
sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley determinará el
número de concejales y la forma de elegir al alcalde.
El concejo será un órgano encargado de hacer efectiva
la participación de la comunidad local, ejercerá funciones
normativas, resolutivas y fiscalizadoras y otras atribuciones que se
le encomienden, en la forma que determine la ley orgánica
constitucional respectiva.
La ley orgánica de municipalidades determinará las
normas sobre organización y funcionamiento del concejo y las materias
en que la consulta del alcalde al concejo será obligatoria y aquellas
en que necesariamente se requerirá el acuerdo de éste. En todo caso,
será necesario dicho acuerdo para la aprobación del plan comunal de
desarrollo, del presupuesto municipal y de los proyectos de inversión
respectivos.
Artículo 122.- La ley orgánica constitucional respectiva regulará la
administración transitoria de las comunas que se creen, el
procedimiento de instalación de las nuevas municipalidades, de
traspaso del personal municipal y de los servicios y los resguardos
necesarios para cautelar el uso y disposición de los bienes que se
encuentren situados en los territorios de las nuevas comunas.
Asimismo, la ley orgánica constitucional de
municipalidades establecerá los procedimientos que deberán observarse
en caso de supresión o fusión de una o más comunas.
Artículo 123.- Las municipalidades, para el cumplimiento de sus
funciones, podrán crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones,
como también establecer los órganos o unidades que la ley orgánica
constitucional respectiva permita.
Estas facultades se ejercerán dentro de los límites y
requisitos que, a iniciativa exclusiva del Presidente de la
República, determine la ley orgánica constitucional de
municipalidades.
Artículo 124.- Las municipalidades gozarán de autonomía para la
administración de sus finanzas. La Ley de Presupuestos de la Nación
podrá asignarles recursos para atender sus gastos, sin perjuicio de
los ingresos que directamente se les confieran por la ley o se les
otorguen por los gobiernos regionales respectivos. Una ley orgánica
constitucional contemplará un mecanismo de redistribución solidaria
de los ingresos propios entre las municipalidades del país con la
denominación de fondo común municipal. Las normas de distribución de
este fondo serán materia de ley.
Disposiciones Generales
Artículo 125.- La ley establecerá fórmulas de coordinación para la
administración de todos o algunos de los municipios, con respecto a
los problemas que les sean comunes, así como entre los municipios y
los demás servicios públicos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior,
la ley orgánica constitucional respectiva regulará la administración
de las áreas metropolitanas, y establecerá las condiciones y
formalidades que permitan conferir dicha calidad a determinados
territorios.
Artículo 126.- Para ser elegido gobernador regional, consejero
regional, alcalde o concejal y para ser designado delegado
presidencial regional o delegado presidencial provincial, se
requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás
requisitos de idoneidad que la ley señale, en su caso, y residir en
la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su
designación o elección.
Los cargos de gobernador regional, consejero regional,
alcalde, concejal, delegado presidencial regional y delegado
presidencial provincial serán incompatibles entre sí.
El cargo de gobernador regional es incompatible con
todo otro empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las
municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o
de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención
por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la
misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o
comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y
especial, dentro de los límites que fije la ley.
Asimismo, el cargo de gobernador regional es
incompatible con las funciones de directores o consejeros, aun cuando
sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o
en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación
por aporte de capital.
Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal
Calificador de Elecciones, el gobernador regional electo cesará en
todo otro cargo, empleo o comisión que desempeñe.
Ningún gobernador regional, desde el momento de su
proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, puede ser
nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en los
incisos precedentes. Sin perjuicio de lo anterior, esta disposición
no rige en caso de guerra exterior; pero sólo los cargos conferidos
en estado de guerra son compatibles con las funciones de gobernador
regional.
Ningún gobernador regional, delegado presidencial
regional o delegado presidencial provincial, desde el día de su
elección o designación, según el caso, puede ser acusado o privado de
su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de
Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza
previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de
causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema.
En caso de ser arrestado algún gobernador regional,
delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial por
delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del
Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria
correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo
dispuesto en el inciso anterior.

Desde el momento en que se declare, por resolución
firme, haber lugar a formación de causa, queda el gobernador
regional, delegado presidencial regional o delegado presidencial
provincial imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez
competente.
Artículo 127.- Las leyes orgánicas constitucionales respectivas
establecerán las causales de cesación en los cargos de gobernador
regional, alcalde, consejero regional y concejal.
Con todo, cesarán en sus cargos las autoridades
mencionadas que hayan infringido gravemente las normas sobre
transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha
que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de
Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio
Electoral. Una ley orgánica constitucional señalará los casos en que
existe una infracción grave.
Asimismo, quien perdiere el cargo de gobernador
regional, de alcalde, consejero regional o concejal, de acuerdo a lo
establecido en el inciso anterior, no podrá optar a ninguna función o
empleo público por el término de tres años, ni podrá ser candidato a
cargos de elección popular en los dos actos electorales
inmediatamente siguientes a su cesación.
Artículo 128.- La ley determinará la forma de resolver las cuestiones
de competencia que pudieren suscitarse entre las autoridades
nacionales, regionales, provinciales y comunales.
Asimismo, establecerá el modo de dirimir las
discrepancias que se produzcan entre el gobernador regional y el
consejo regional, así como entre el alcalde y el concejo.
Disposiciones Especiales
Artículo 129.- Son territorios especiales los correspondientes a Isla
de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández. El Gobierno y
Administración de estos territorios se regirá por los estatutos
especiales que establezcan las leyes orgánicas constitucionales
respectivas.
Los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia
y desde cualquier lugar de la República, garantizados en el numeral
10º del artículo 19, se ejercerán en dichos territorios en la forma
que determinen las leyes especiales que regulen su ejercicio.”.

16. Reemplázase el Capítulo XV: Reforma de la
Constitución, por el siguiente:

“Capítulo XV
REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 130.- Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser
iniciados por mensaje del Presidente de la República o por moción de
cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, con las
limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 66.
El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en
cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los
diputados y senadores en ejercicio.
En lo no previsto en este Capítulo, serán aplicables a
la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas
sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre los quórums
señalados en el inciso anterior.
Artículo 131.- El proyecto que aprueben ambas Cámaras pasará al
Presidente de la República.
Si el Presidente de la República rechazare totalmente
un proyecto de reforma aprobado por ambas Cámaras y éstas insistieren
en su totalidad por las tres quintas partes de los miembros en
ejercicio de cada Cámara, el Presidente deberá promulgar dicho
proyecto, a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito.
Si el Presidente observare parcialmente un proyecto de
reforma aprobado por ambas Cámaras, las observaciones se entenderán
aprobadas con el voto conforme de las tres quintas partes de los
miembros en ejercicio de cada Cámara, según corresponda de acuerdo
con el artículo anterior, y se devolverá al Presidente para su
promulgación.
En caso de que las Cámaras no aprueben todas o algunas
de las observaciones del Presidente, no habrá reforma constitucional
sobre los puntos en discrepancia, salvo que éste consulte a la
ciudadanía para que se pronuncie mediante un plebiscito, respecto de
las cuestiones en desacuerdo.
La ley orgánica constitucional relativa al Congreso
regulará en lo demás lo concerniente a los vetos de los proyectos de
reforma y a su tramitación en el Congreso
Artículo 132.- La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro
de los treinta días siguientes a aquel en que ambas Cámaras insistan
en el proyecto aprobado por ellas o rechacen las observaciones del
Presidente de la República, y se ordenará mediante decreto supremo
que fijará la fecha de la votación plebiscitaria, la que se celebrará
ciento veinte días después de la publicación de dicho decreto si ese
día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará
el domingo inmediatamente siguiente. Transcurrido este plazo sin que
el Presidente convoque a plebiscito, se promulgará el proyecto que
hubiere aprobado el Congreso.
El decreto de convocatoria contendrá, según
corresponda, el proyecto aprobado por ambas Cámaras y vetado
totalmente por el Presidente de la República, o las cuestiones del
proyecto en las cuales el Congreso haya insistido. En este último
caso, cada una de las cuestiones en desacuerdo deberá ser votada
separadamente en el plebiscito.
El Tribunal Calificador comunicará al Presidente de la
República el resultado del plebiscito, y especificará el texto del
proyecto aprobado por la ciudadanía, el que deberá ser promulgado
como reforma constitucional dentro de los cinco días siguientes a
dicha comunicación.

Una vez promulgado el proyecto y desde la fecha de su
vigencia, sus disposiciones formarán parte de la Constitución y se
tendrán por incorporadas a ésta.
Artículo 133.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 130 y
siguientes, el Congreso Nacional, con el voto conforme de las dos
terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio, podrá
convocar a una Convención Constitucional para la elaboración de una
Nueva Constitución.
Una ley orgánica constitucional regulará la
convocatoria a la Convención por parte del Congreso, la forma de
integración de la misma, el sistema de nombramiento y elección de sus
integrantes, su organización, sus funciones y atribuciones, como
también los mecanismos de participación pública que, para este
efecto, la Convención Constitucional establezca en el proceso de
elaboración de la Nueva Constitución.
Aprobado el proyecto de Nueva Constitución en la
Convención Constitucional, será remitido al Presidente de la
República para que éste consulte a la ciudadanía, mediante plebiscito
y por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, si lo
aprueba o rechaza. Para estos efectos el voto será obligatorio. Una
vez remitido el proyecto, la Convención Constitucional se disolverá.
La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro
de los treinta días siguientes a la fecha de recepción del proyecto
de Nueva Constitución remitido por la Convención Constitucional, y se
ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la votación
plebiscitaria, la que se celebrará noventa días después de la
publicación de dicho decreto si ese día correspondiere a un domingo.
Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente
siguiente. El decreto de convocatoria contendrá las opciones
“apruebo” o “rechazo”.
El Tribunal Calificador del Elecciones comunicará al
Presidente de la República el resultado del plebiscito, y
especificará la opción decidida por la ciudadanía. Si ésta fuere la
de “aprobada”, el Presidente de la República promulgará el texto de
Nueva Constitución dentro de los diez días siguientes a la
comunicación, y la publicación se hará dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la fecha en que el decreto promulgatorio quede
totalmente tramitado.”.

17. Deróganse las disposiciones transitorias
primera hasta la vigésimo octava.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Las disposiciones de la presente reforma constitucional
entrarán en vigencia, previa aprobación por un plebiscito convocado
por el Presidente de la República para tales efectos y de acuerdo a
las reglas siguientes.
Aprobado el proyecto de reforma constitucional, éste será remitido al
Presidente de la República para que éste consulte a la ciudadanía,
mediante plebiscito y por la mayoría absoluta de los votos
válidamente emitidos, si lo aprueba o rechaza. Para estos efectos el
voto será obligatorio.
La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de recepción del proyecto de reforma
constitucional remitido por el Congreso Nacional, y se ordenará
mediante decreto supremo que fijará la fecha de la votación
plebiscitaria, la que se celebrará noventa días después de la
publicación de dicho decreto si ese día correspondiere a un domingo.
Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente
siguiente. El decreto de convocatoria contendrá las opciones
“apruebo” o “rechazo”.
El Tribunal Calificador del Elecciones comunicará al Presidente de la
República el resultado del plebiscito, y especificará la opción
decidida por la ciudadanía. Si ésta fuere la de “aprobada”, el
Presidente de la República promulgará el texto de la reforma
constitucional dentro de los diez días siguientes a la comunicación,
y la publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes
a la fecha en que el decreto promulgatorio quede totalmente
tramitado.

Segunda.- Se entenderá que las leyes actualmente en vigor cumplen con
los requisitos que esta Constitución establece y seguirán aplicándose
en lo que no sean contrarias a la misma, mientras no se dicten los
correspondientes cuerpos legales adecuatorios o derogatorios.
Tercera.- Todas las autoridades electas por votación popular y que se
encuentren en el ejercicio de su cargo al momento de entrar en
vigencia la presente reforma constitucional, se mantendrán en el
ejercicio de sus funciones por el tiempo restante hasta la siguiente
elección popular.
Al Presidente de la República en ejercicio al momento de entrar en
vigencia la presente reforma constitucional se le aplicará lo
dispuesto en el artículo 24 inciso segundo en cuanto a la no
reeleción ni postulación.
Para los efectos de lo establecido en el artículo 51 inciso primero,
se entenderá que el primer periodo como parlamentario será el que se
inicie con las primeras elecciones realizadas bajo la vigencia de la
presente reforma constitucional.
Cuarta.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, todos
los miembros de los órganos del Estado regulados por la Constitución
vigente y que se encuentren en actual ejercicio de sus funciones, se
mantendrán en sus cargos a la entrada en vigencia de la presente
reforma constitucional, y se renovarán a medida que vayan cesando en
sus funciones de acuerdo a la normas constitucionales vigentes.”.

Dios guarde A V.E.

MICHELLE BACHELET JERIA
Presidenta de la República

MARIO FERNÁNDEZ BAEZA
Ministro del Interior y Seguridad Pública

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN
Ministro de Hacienda

GABRIEL DE LA FUENTE ACUÑA
Ministro Secretario General de la Presidencia

PAULA NARVAEZ OJEDA
Ministra Secretaria General de Gobierno

PDF: https://goo.gl/K8jEJ8

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