Por Tomás Pizarro Meniconi

La reciente conformación del Frente Amplio como expresión política alternativa a los partidos de la elite gobernante, demuestra que es posible avanzar en propuestas modernas, urgentes y necesarias, particularmente en lo referido al derecho a vivir en paz, a disfrutar de la existencia y del producto del esfuerzo cotidiano. Pero, no hay cómo defenderse de los asaltos y portonazos, de las colusiones en los precios de la comida y del papel higiénico, hasta de las boletas falsas y el robo de las Afp, menos en el enfrentamiento de todo tipo de abusos de poder. Peor aún, tampoco en el acceso a la Justicia en iguales condiciones para las víctimas, respecto de sus victimarios, pues sólo ellos tienen todo tipo de garantías, las cuales permanentemente otorgan rentabilidad al delito.

Nuestro sistema judicial mantiene leyes anacrónicas; es tiempo de cambiar las condenas de cárcel por la devolución total de los bienes ajenos apropiados indebidamente, sea desde un “robo por descuido” (lanzazo) hasta el robo de las AFP, pues es un insulto a la inteligencia que la condena por la colusión en los precios del papel higiénico, no restituya el total de lo robado por la empresa papelera. Lo mismo ocurre con el asesinato de un sostenedor familiar, nunca se le condena al culpable a hacerse cargo de por vida pagando para mantener a los deudos, tal como si la persona asesinada lo hiciera para con sus dependientes, así toda la familia de la victima queda desamparada para siempre.

Al cambiar la penalidad de los delitos, podremos exigir que La Polar y Eurolatina indemnicen a quienes estafaron, sólo así no habrían pirámides financieras al acecho de los ahorrantes como lo recientemente conocido. Se trata de quitarle rentabilidad a la profesionalización de los delincuentes, pues se trata de superar la estética jurídica de la “agenda corta anti-delincuencia”, que desea sólo facilitar la aplicación efectiva de penas, sin considerar que todo tipo de delitos, que son el tema recurrente en los campos semánticos familiares, terminen para que tengamos las necesarias certidumbres de lograr vivir con tranquilidad y sin temores.

Para que la política contra los delitos tenga sentido, ésta debe otorgar protagonismo a toda la ciudadanía en la lucha contra la delincuencia, se trata de instaurar una organización transversal capaz de convocar a una Unión Ciudadana Antidelincuencia, con una plataforma antirrobos del producto del trabajo propio, para que nadie se apropie del esfuerzo ajeno, atacando directamente tanto al criminal avezado, como al capitalismo rentista. A su vez se le quita el piso a quienes propician y explotan la sensación de inseguridad, devolviendo la confianza en la organización básica de la sociedad: la familia.

Es el momento de crear un nuevo movimiento: la Unión Ciudadana Antidelincuencia, para transformar el poder ciudadano en un expresión real, de un gran conglomerado multifacético, transversal social y culturalmente, el cual es omitido generalmente al buscar expresiones en el estudiantado, sin considerar que el lucro se apropia del porvenir pagado en cuotas a los bancos, o se busca que surja algún resultado de la indignación organizada, sin considerar la atomización de la sociedad y el desentramado del tejido social.

La industria de la conciencia se ha encargado de reforzar la individuación hasta el extremo de la especialización segregada, aislando totalmente a cada miembro de una familia, a cada uno de los vecinos, haciendo desaparecer el concepto de comunidad, la que ante el tema nacional recurrente y nacional: delincuencia, cogoteos, portonazos, isapres, AFP, y los robos institucionales con boletas ideológicamente falsas; trata de impedir que asumamos la lucha contra la elite gubernamental y sus aliados: todo tipo de delincuentes. Pues hoy la delincuencia se ha politizado y legisla a su favor.