La Propuesta: Una Política de Estado para la Descentralización y el Desarrollo Territorial de Chile

Las Diez Medidas Esenciales
PRIMERA: Definición del Estado de Chile como Estado Descentralizado
SEGUNDA: Elección de la máxima autoridad regional
TERCERA: Traspaso de Competencias, Servicios y Programas
CUARTA: Creación de un Sistema de Administración de Áreas Metropolitanas
QUINTA: Ley de Rentas Regionales
SEXTA: Fondo de Convergencia para la Equidad Interregional
SÉPTIMA: Sistemas Regionales de Gestión de Capital Humano
OCTAVA: Fortalecer la Institucionalidad Pública Regional
NOVENA: Democracia Local y Regional
DECIMA: Fortalecer la Participación Ciudadana

Sobre la base de ese trabajo colectivo, entendemos que esta designación de parte de la Presidencia no sólo responde a su compromiso programático, sino que se hace eco de una necesidad y demanda cada vez más visible, expresada por las diversas comunidades y organizaciones de regiones, lo que pone de manifiesto que si se
quiere alcanzar un desarrollo económico y social equilibrado y sustentable, reactivar la economía potenciando los
territorios, modernizar el Estado y profundizar nuestra democracia, debemos impulsar como Política de Estado un conjunto de transformaciones dirigidas a una efectiva descentralización y desarrollo local-regional.

En la primera parte, Marco Político Estratégico, y a modo de un breve diagnóstico, enunciamos algunas de las principales dimensiones del centralismo vigente, que limitan y asfixian el desarrollo y futuro de Chile y justifican la urgencia de poner en marcha las reformas planteadas en la presente propuesta, en forma de una Política de Estado, a ser impulsada desde ya, pero proyectándose durante los próximos cuatrienios de gobierno. Sobre esa base caracterizamos entonces nuestra visión del Chile que invitamos a construir: un país descentralizado, justo, digno, que garantice condiciones de buena vida para todos sus habitantes, en todos sus territorios.

Para alcanzar ese ideal, formulamos luego las principales bases constitucionales que conformarán la nueva forma o modelo de Estado que proponemos para nuestro país: un Estado Descentralizado, que separa las funciones de Gobierno Regional y de Gobierno Interior, radicando la distribución del poder descentralizado en las Municipalidades y los Gobiernos Regionales. En la misma lógica enunciamos un conjunto de Directrices generales para la Descentralización, y la necesidad de fortalecer la organización de la ciudadanía y de la sociedad civil de base
local y regional, como correlato necesario para la dinámica de avance y el buen éxito final de toda la propuesta.

La segunda parte, que hemos llamado Agenda Descentralizadora de Chile, constituye el núcleo fundamental de este Informe, se centra en nuestra convicción que para lograr el desarrollo social y territorial equilibrado en el país, incluyendo por cierto a su capital, necesitamos Gobiernos Regionales y Municipios fuertes. Para ello, y apoyados en
experiencias internacionales de descentralización (tanto exitosas como frustradas), proponemos los cinco Ejes de
Acción antes mencionados, altamente interdependientes, que deben avanzar en forma simultánea y convergente.

En torno a estos Ejes de Acción hemos formulado un conjunto coherente de medidas.. Entre ellas, a su vez, hemos
seleccionado, por unanimidad, un total de diez de carácter esencial, dada su naturaleza estructurante e insustituibles para la dinámica de avance del proceso en su conjunto. Una redacción sintética de estas diez medidas esenciales, creemos, es la mejor forma de condensar en esta Presentación el conjunto del Informe.

Las Diez Medidas Esenciales

PRIMERA: Definición del Estado de Chile como Estado Descentralizado

Una primera aproximación esencial en el plano constitucional es la adecuación de la Carta Fundamental para dotar
a los gobiernos regionales de las capacidades de autonomía de gestión que les permitan desempeñar sus tareas.
A partir de la definición del Estado de Chile como uno de carácter descentralizado, sobre un territorio indivisible, la
autonomía política, por ejemplo, exige consagrar la elección popular de las autoridades del ejecutivo regional, el
sistema electoral aplicable, la extensión del mandato y las normas básicas acerca de la responsabilidad política. La
descentralización fiscal, por su parte, requiere habilitar un marco constitucional para ella, tales como la autorización
para el establecimiento y aplicación de ciertos tributos a nivel regional, del endeudamiento regional y normas que
precisen la afectación de determinados impuestos al erario de los gobiernos subnacionales. Finalmente, respecto
de las competencias de gobierno y administrativas, también resulta conveniente ajustar la Carta Fundamental para
precisar sus competencias propias o exclusivas, aquellas que compartirá con el gobierno nacional y aquellas en que
este podrá delegar su ejercicio en los gobiernos regionales. Una definición constitucional precisa de las competencias
de los gobiernos regionales no solo ayuda a reducir los eventuales y previsibles conflictos de competencias que
puedan suscitarse entre los distintos niveles de gobierno, sino que es, además, condición necesaria para atribuir al
Tribunal Constitucional la función esencial de dirimir tales controversias.

SEGUNDA: Elección de la máxima autoridad regional

Proponemos que el Ejecutivo del Gobierno Regional sea elegido por la ciudadanía a partir de Octubre de 2016
(simultánea a las elecciones municipales). A él corresponderá la dirección del gobierno y administración regional y
ejercerá todas las competencias del Gobierno Regional, así como presidir el Consejo Regional. El Presidente de la
República será representado por un Delegado del Gobierno Nacional cuya sede será provincial, y que reemplace a
los actuales Gobernadores. En él radican las atribuciones de gobierno interior y la supervisión de la administración
pública desconcentrada (aquella que no se traspasa a los Gobiernos Regionales).

TERCERA: Traspaso de Competencias, Servicios y Programas

Entendiendo que un ejecutivo regional con legitimidad democrática y sin atribuciones de gestión suficientes es un
sinsentido, la Comisión propone un calendario plurianual para traspasar competencias, servicios y programas públicos
desde los Ministerios y Organismos Centrales a la dependencia de los Gobiernos Regionales y Municipalidades, de
modo que pueda ser incorporado en el proyecto de ley que se encuentra en el Parlamento. Para acoger estos
traspasos, se propone la creación, en cada Gobierno Regional, de cuatro nuevas Direcciones del Gobierno Regional:
Fomento Productivo e Innovación (2015/16); Desarrollo Social (2016/17); Infraestructura, Habitabilidad, Transporte y
Medio Ambiente (2017/18); y Educacikón, Cultura, Ciencia y Tecnología (2018/19).

CUARTA: Creación de un Sistema de Administración de Áreas Metropolitanas

Uno de los nudos de gestión pública que se hace más urgente modificar para crear un sistema de administración
eficiente y fluido, que dé una respuesta apropiada a las demandas de los habitantes, es el de las áreas metropolitanas.
En este sentido, la Comisión propone crear un Sistema para la Administración de las Áreas Metropolitanas (la de
Santiago, que se propone denominar precisamente como Área Metropolitana de Santiago, y las del Gran Valparaíso
y Gran Concepción, con posible extensión futura a otras), basado en cada Gobierno Regional, en articulación con
las correspondientes Municipalidades. Se trata de garantizar una mejor gobernanza metropolitana pero sin duplicar
funciones y sin crear un cuarto nivel de gobierno, esto es, generando una instancia que imbrique las capacidades
de coordinación del Gobierno Regional con las capacidades de gestión de los gobiernos locales.

QUINTA: Ley de Rentas Regionales

Entendiendo, otra vez, que una región con representatividad democrática y con competencias administrativas
pero sin recursos para gestionarlas constituye una combinación destinada a fracasar, la Comisión propone crear
una Ley de Rentas Regionales, que hoy Chile no tiene, al tiempo que fortalecer la Ley de Rentas Municipales,
de modo de permitir la gestión autónoma local y regional desde el actual 18% hasta alcanzar un 35% del gasto
subnacional del total de ingresos fiscales en el mediano y largo plazo, aun por debajo del promedio de los países de
la OCDE, correspondiente a un 45%. Se trata aquí de establecer una corresponsabilidad que excluya la pereza fiscal,
combinando la devolución de recursos desde el nivel central pero también estimulando el esfuerzo local/regional
y al mismo tiempo, permitiendo a las regiones endeudarse para grandes inversiones que reactiven la economía,
poniendo límites nítidos que aseguren un proceso financieramente responsable.

SEXTA: Fondo de Convergencia para la Equidad Interregional

Con el objeto de reducir brechas socioeconómicas en los territorios declarados como Zonas Rezagadas, se propone
crear el Fondo de Convergencia para la Equidad Interregional, inspirado en el modelo de la Unión Europea y de
aplicación en otros países, tales como Canadá, Australia o Japón, dirigido a establecer mínimos comunes de servicios
garantizados en cualquier parte del territorio nacional. La calidad de Zona Rezagada será determinada por medio
de indicadores objetivos, cualitativos y cuantitativos, que permitan establecer que el territorio presenta niveles de
aislamiento y brechas importantes en distintos indicadores socioeconómicos respecto del promedio nacional. Para
ello, se postula un plan piloto de 200 millones de dólares el año 2015, para crecer por ley a 600 millones el 2016, a
800 millones el 2017, a 1000 el 2018, 1200 el 2019 y 1400 millones de dólares el 2020 en estado de pleno régimen.

SÉPTIMA: Sistemas Regionales de Gestión de Capital Humano

Se trata de un conjunto de medidas específicas que la Comisión sugiere con el objetivo fundamental de contar
con Capital Humano Calificado (talentos) para el Desarrollo de comunas y regiones, que contemplan una variada
gama de incentivos dirigidos a atraer, retener, formar, renovar y reconvertir técnicos, profesionales y postgraduados.
Es necesario destacar que, junto a la Elección de Intendentes, ésta es la medida más demandada en los 15 Diálogos
Regionales.

OCTAVA: Fortalecer la Institucionalidad Pública Regional

El énfasis se pone, en este conjunto de medidas, en las capacidades requeridas para liderar y articular políticas públicas
regionales. Se trata aquí, fundamentalmente, de proveer los mecanismos que permitan fortalecer las instituciones
públicas regionales, potenciando el liderazgo del Gobierno Regional en el diseño, ejecución y evaluación de políticas
públicas regionales, sustentando de esta forma las reformas estructurales políticas, administrativas y fiscales de un
Chile más descentralizado.

NOVENA: Democracia Local y Regional

La Comisión propone un conjunto de ideas de innovación dirigidas a flexibilizar la creación de partidos políticos
regionales (modificando la Ley de Partidos Políticos), al establecimiento de primarias obligatorias para la decisión
de candidaturas, mecanismos de limitación de la permanencia continua en el poder de unas mismas personas
(estableciendo límites a la elección: Intendente y Alcalde hasta dos periodos consecutivos, Concejal y Consejero
Regional hasta tres) y la exigencia de voto programático, de modo que la ciudadanía se pronuncie sobre la base de
propuestas programáticas concretas, susceptibles de evaluarse en su cumplimiento.

DECIMA: Fortalecer la Participación Ciudadana

Se trata, en este caso, de un conjunto de propuestas que estimulan poderosamente la vinculación y la participación
de la ciudadanía en los asuntos de interés local y regional, dirigidas a la organización de la sociedad civil, a plebiscitos,
decisiones regionales y a una mayor transparencia en la gestión pública. Se incluyen aquí la posibilidad de exigir
plebiscitos regionales y locales con un 5% de las firmas del padrón electoral; y la sugerencia de que la ley establezca
un sistema de referéndum revocatorio para el mandato de una autoridad regional y local.

Para concluir esta Presentación, creemos que el conjunto de propuestas constituye un hito significativo que se ha
logrado en cumplimiento del mandato de la Señora Presidenta: generar sugerencias de modificación institucional
que terminen con la desigualdad territorial y promuevan un desarrollo social y territorial equilibrado y justo en todo
el país; y hacerlo de manera dialogante con la ciudadanía, con las regiones, buscando el consenso y diálogo entre
personas y entidades con diversas ideas e intereses, y generando una proposición de Política de Estado que permita
un proceso de descentralización auténticamente transformador y políticamente responsable.

Comisión Asesora Presidencial
en Descentralización y Desarrollo Regional

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