Como marco contextual y estratégico, la Parte I de esta propuesta proporciona un conjunto de antecedentes que fundamentan la necesidad de construir en Chile una Política de Estado en Descentralización y Desarrollo Territorial, como condición estructural para alcanzar la condición de país desarrollado.
En primer término, postula que el nudo gordiano que impide el avance de dicho proceso es la excesiva concentración del poder político y económico del país y destaca lo planteado por Joan Prats-Catalá (2009), que “Chile será descentralizado, o no será desarrollado” y que “El salto al desarrollo requerido para que Chile se instale estructuralmente entre los países avanzados del mundo, se encuentra bloqueado por un haz de desigualdades anudadas por la concentración económica, política y territorial del poder”.
A modo de premisas, postula luego que un sistema institucional es más dinámico y eficiente cuando está en mayor cercanía con las potencialidades productivas de sus territorios y el talento, la creatividad y el poder de decisión directo de las personas; que las regiones son los principales espacios para generar nuevo desarrollo, que el centralismo refuerza las desigualdades sociales; que en relación al tamaño de su población y economía, Chile es el país más centralizado de América Latina, situación que a pesar del excelente equilibrio de su macroeconomía contribuye a sus altos niveles de desigualdad; que Santiago ha superado el límite de su crecimiento eficiente por lo que sufre un deterioro severo de la calidad de su aire, sistema de transporte público y de la salud mental de sus habitantes, externalidades cuyo control demanda excesivos recursos, que se restan a la creación de nuevas oportunidades de desarrollo en los restantes territorios del país, hasta ahora subutilizados
y hasta abandonados.
Coincidiendo con lo planteado por la OCDE (2009), la propuesta reitera que la inserción de Chile en la dinámica global exige desarrollar los territorios subnacionales y reducir las pronunciadas diferencias de competitividad existentes entre las regiones, plantea la necesidad de construir más confianzas
entre los actores del desarrollo y de descentralizar las capacidades, y coincide con Michael Porter (2012) en la necesidad de construir un nuevo paradigma de competitividad para Chile, en el cual
para incentivar el desarrollo económico, junto con mantener la estabilidad macroeconómica, es necesario modernizar el Estado e impulsar la descentralización.
Asimismo aporta las opiniones de destacados expertos, autoridades públicas y académicas, reiteradas durante muchos años, según las cuales es urgente agilizar y descentralizar el sistema vigente de gestión pública, describe los compromisos contraídos desde 1999 por las diferentes candidaturas presidenciales (Lavín, Lagos, Bachelet, Piñera), y examina las causas por las cuales la gran mayoría
de dichas reformas, siendo tan necesarias y tantas veces comprometidas, hasta ahora no han sido puestas en práctica, destacando la falta de voluntad política para impulsarlas.
Frente a ello, en la Parte II PROPUESTAS, postula diseñar y construir en Chile una Política de Estado en Descentralización y Desarrollo Territorial, de horizonte generacional más que electoral, trascendente más que contingente, para realizarse durante los próximos cuatro sucesivos períodos de gobierno.
En ese marco, asumiendo la diversidad de Chile como su principal riqueza, propone para el debate una Visión de País “en el que caben e interactúan fecundamente proyectos políticos y de desarrollo territorial diversos”, y aporta los fundamentos para optar, de acuerdo a la realidad geográfica, poblacional, económica y social del país, por un Modelo de Estado ni centralizado, ni federal, es decir por el Modelo de Estado Regional, unitario en lo esencial, y descentralizado en todo lo que contribuya a un desarrollo social y territorial más equilibrado e integrado.
Para la construcción gradual y progresiva de dicho Modelo de Estado, propone instalar gradualmente un Nuevo Trato Estado-Territorios, que en lo principal significa un cambio del modelo vigente de relaciones entre el centro y los niveles subnacionales, privilegiando políticas e instrumentos públicos territorialmente diferenciados desde las comunas y regiones, promoviendo la construcción de
capacidades locales y regionales, implementando una política nacional de apoyo a la gestión desde los territorios y construyendo la oferta pública a partir de las oportunidades de desarrollo, aspiraciones y demandas de las comunidades, territorios locales y regionales, para alcanzar así mejores niveles de gobernanza, desarrollo humano y democrático a nivel local y regional.
Como abordaje para dicho Modelo de Estado Regional y el consecuente Nuevo Trato Estado-Territorios subnacionales, propone una Estrategia Sistémica de Gestión, que implica impulsar en forma simultánea y convergente tres Procesos Clave e interdependientes:
- Descentralización (política, administrativa, fiscal);
- Fortalecimiento de capacidades locales y regionales;
- Participación y Control Democrático;
Para cada uno de estos tres Procesos Clave propone impulsar un conjunto actualizado de Medidas Estratégicas, las que en su mayoría debieran ponerse en práctica durante el próximo cuatrienio de gobierno. Entre las medidas de descentralización política, la principal y más emblemática en términos de su efecto activador sobre un efectivo y sostenido proceso de descentralización, es la elección popular de los Gobernadores Regionales, la madre de todas las reformas de descentralización, en forma coetánea a las elecciones municipales (alcaldes, concejales) y de los Consejeros Regionales.
En la misma lógica, se propone un conjunto de Medidas Estratégicas de Descentralización Administrativa, dirigidas al traspaso de más competencias mejor distribuidas, así como de Descentralización Fiscal, con la finalidad de que los Municipios y Gobiernos Regionales puedan disponer de más recursos de decisión autónoma y establecer una articulación territorial de los mismos.
Para el segundo Proceso Clave, Fortalecimiento de Capacidades Locales y Regionales, igualmente se propone un conjunto de Medidas Estratégicas, entre las cuales destaca la creación de un Sistema de Incentivos Regionales para atraer Capital Humano Calificado para el desarrollo de comunas y regiones, en tanto que para el tercer Proceso Clave, Participación y Control Democrático, indispensable para el avance de los dos anteriores, entre otros, se propone instituir el Voto Programático como requisito para los candidatos a cargos del ámbito municipal y regional.
Finalmente, para el diseño de la Política de Estado y del nuevo programa de gobierno en Descentralización y Desarrollo Territorial, propone la creación de una Comisión de Estado, plural y calificada, así como una hoja de ruta para su gradual puesta en práctica, la que dada la complejidad y urgencia de la tarea, debe iniciarse, necesariamente a inicios del futuro gobierno.
República Federal de Chile 