La propuesta consiste en implementar un cambio de la organización territorial del país, cambiando las 16 regiones por 9 estados o macrorregiones.
Gobernadores en ejercicio solo podrán postular a la reelección en el estado o macrorregión que corresponda.
Los cargos de delegado presidencial regional y delegado presidencial provincial no continúan en la nueva organización territorial.
La suma de los Consejos Regionales (CORE), si corresponde, se organizan en una Asamblea Legislativa ubicada en la capital del estado o macrorregión.
Las leyes creadas o modificadas por las Asambleas Legislativas tendrán jurisdicción estatal o macrorregional. Y éstas podrán tratar acerca de toda materia o competencia no delegada al Gobierno Nacional por la Constitución de la República.
Después que el Gobernador o Gobernadora asuma la nueva función, se reunirá con representantes de todas las fuerzas políticas con representación en la Asamblea. Para acordar con estas la elección del Primer Ministro, quien será un diputado o diputada electa (ex CORE).
La Asamblea tendrá tres oportunidades para elegir al Primer Ministro, por mayoría absoluta o mayoría simple. De no cumplirse el objetivo, el Gobernador disolverá la Asamblea y llamará a elecciones parlamentarias.
Cuando la Asamblea logre elegir un Primer Ministro, el gobernador lo nombrará para asumir la función de jefe de Gobierno. La primera labor del Primer Ministro será formar el Gabinete de ministros o secretarios (ex SEREMI).
El Gobernador o Gobernadora será quien promulgue las leyes emanadas de la Asamblea.
Existirá también una Corte Suprema por estado o macrorregión. Además de tribunal de última instancia, cumplirá con el control de constitucionalidad de las leyes emanadas de la Asamblea.
Cada estado o macrorregión contará con una Contraloría.
La policía regional o metropolitana, según corresponda, estarán bajo el mando civil del Primer Ministro o jefe de Gobierno.
Para enfrentar las catástrofes naturales o emergencias de otro tipo. El Gobernador podrá decretar Estado de Excepción Constitucional a nivel comunal, provincial o estatal.
Para esto contará con la Guardia Nacional compuesta por voluntarios, concriptos y oficiales profesionales.
La Corte Suprema estatal podrá estar compuesta por 5, 7 ó 9 ministras y ministros en paridad de género. Quienes vendrán desde las Cortes de Apelaciones, desde la actual Corte Suprema de Chile u otra institución afin.
Cada estado o macrorregión contará con una Fiscalía, para perseguir delitos cometidos a las leyes estatales, las que emanan de la Asamblea Legislativa.
Las Asambleas Legislativas contarán con escaños reservados indígenas proporciones a la población indígena del estado o macrorregión.
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