El gobierno: ¿un rompehuelgas?

Ejemplo de la poca importancia que el gobierno le otorga al tema laboral es que el candidato de la Presidenta Bachelet para ser el próximo Fiscal Nacional, Jorge Abbott, aparece mencionado en una queja que la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público efectuó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En efecto, en ésta se menciona a Abbott por vulnerar la libertad sindical al interior de la Fiscalía.

Michelle Bachelet y gabinete

La actitud del gobierno frente a los recientes paros de funcionarios públicos muestra que –en el fondo– el actuar de la Nueva Mayoría no se aleja tanto del estilo patronal que ejercen los empleadores privados a la hora de enfrentar a sus trabajadores en huelga.

¿Suena exagerado? Pues no lo es. La lógica subyacente que aplica La Moneda para descalificar, por ejemplo, las huelgas de Gendarmería o del Registro Civil, no es muy distinta a la que aplican los grandes empresarios de este país, que hace unas semanas recibieron en privado a la Presidenta Bachelet en el Centro de Estudios Públicos (CEP).

El viernes recién pasado, el Ministerio de Justicia informó que “ante la paralización (del Registro Civil), de carácter ilegal, se ha instruido una investigación sumaria para establecer responsabilidades administrativas que puedan afectar a funcionarios por el tiempo efectivamente no trabajado”.

Hay dos cosas que resaltan en esta declaración. La primera es que la huelga es considerada “ilegal” por el gobierno. La segunda es que la cartera encabezada por la ministra Javiera Blanco –ex brazo derecho de Agustín Edwards en temas de seguridad ciudadana– realiza una amenaza abierta a los huelguistas: les vamos a descontar los días no trabajados.

El paro que comenzó el 29 de septiembre ha recibido, naturalmente, una cobertura noticiosa negativa por parte de la prensa tradicional. Como siempre, El Mercurio, La Tercera y casi todos los canales de la televisión abierta han informado exclusivamente de los impactos nocivos de esta huelga. Ciertamente, la paralización ha provocado graves trastornos para miles de chilenos. Pero pocos medios han informado cuáles son las razones de este paro y, más bien, han dejado entrever que se trata casi de un capricho de esos funcionarios públicos. Pocos han recordado que hace unos meses el Registro Civil realizó un paro de advertencia de 24 horas, quejándose entre otras cosas que la ministra Blanco no los había recibido ni una sola vez.

La corta huelga en Gendarmería es otra muestra del bullying que suele aplicar el gobierno a funcionarios que osan paralizar sus labores en pro de mejores condiciones laborales.

A las cero horas del lunes 5 de octubre, más de 500 funcionarios de la institución encargada de velar por las cárceles de este país, iniciaron un paro. No fue algo que se les ocurrió por casualidad durante el fin de semana, sino que estaban frustrados por la crónica falta de respuestas del gobierno ante sus demandas. Su petitorio era simple: la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes pedía cambios en la carrera funcionaria, ya que según ésta actualmente un funcionario tarda cerca de 15 años en ascender. Además, exigía controlar y aliviar los elevados niveles de hacinamiento en las prisiones chilenas.

Nuevamente, el Ministerio de Justicia estaba en el centro del huracán, por cuanto Gendarmería es un servicio que depende de esa cartera.

¿Y cuál fue la reacción de la ministra Blanco? Hacerle nuevamente bullying a los huelguistas. “Hemos tenido un proceso de movilización de un grupo reducido de funcionarios de Gendarmería”, afirmó el martes 6 de octubre. “Quiero decirle a ese grupo muy reducido que el diálogo se acabó, porque ellos han dado una bofetada a la gente, ellos le han dicho a la gente que sus intereses son más importantes; no vamos a permitir este tipo de señales y en Chile el Estado de derecho se respeta”.

Sólo que esta vez a la ministra de Estado le salió el tiro por la culata. Al día siguiente, el miércoles 7 de octubre, ya no eran 500 los gendarmes en huelga, sino que 12.000. A las 21 horas de ese mismo día el ministerio llegó a un acuerdo con esa institución.

Los dos casos anteriores no son una excepción a la regla, sino que, por desgracia, son la norma del actuar de los gobiernos y del Estado chileno en las últimas décadas. Y esa regla de oro reza: en caso de duda, siempre hay que pegarle al trabajador.

Un ejemplo de la poca importancia que nuestro gobierno le otorga al tema laboral es que el candidato escogido por la Presidenta Bachelet para ser el próximo Fiscal Nacional, Jorge Abbott, aparece mencionado en una queja que la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público efectuó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, Suiza. En efecto, en ésta se menciona a Abbott por vulnerar la libertad sindical al interior de la fiscalía.

Así las cosas, la batalla entre el gobierno y los empresarios en torno a la reforma laboral –cuyo Stalingrado es el reemplazo en huelga–, parece ser más bien una riña de barrio. Porque para La Moneda bien se puede aplicar el dicho de “en casa de herrero, cuchillo de palo”. Y para los empresarios, que cada día inventan nuevas asociaciones de “ciudadanos independientes, transversales y no políticos” (como afirma el movimiento Reforma la Reforma, que ha plagado los medios tradicionales con su publicidad en contra de la reforma laboral) la política anti-trabajador del Estado es música en sus oídos.

Ese mismo movimiento ha resaltado cómo personalidades de un amplio espectro político –es decir, desde la vieja Concertación a la vieja y actual derecha– están en contra del reemplazo en huelga. Y todos, desde un Alejandro Foxley y Eduardo Engel, hasta un Bernardo Fontaine y Eliodoro Matte –es decir, el llamado duopolismo en pleno– cacarean sobre cómo en Alemania existe reemplazo en huelga. Lo que se les olvida mencionar son dos cosas. La primera es que el derecho a huelga está consagrado en la constitución alemana (no así en la chilena). Por eso, pese al reemplazo que existe en ese país, las huelgas de la aerolínea Lufthansa, por ejemplo, son tan exitosas. La segunda es que en Alemania existe la llamada co-determinación; es decir, los trabajadores participan del directorio de las empresas.

Pero se trata de temas “menores” si consideramos que el propio gobierno de nuestra República actúa muchas veces como un verdadero rompe-huelgas de comienzos del siglo 20.

Link: http://goo.gl/mFcwOb

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