Escrito por Rafael Gumucio Rivas

José Miguel Infante, el verdadero Padre de la Patria, fue miembro de la Primera Junta de Gobierno en 1810, presidió el Consejo Directorial en 1825 e, influenciado por la Constitución de Estados Unidos, redactó el proyecto de Constitución Federal, llamado en esa época Administración de las Provincias. En este documento divide a Chile en ocho provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé; cada provincia contaría, además, con una asamblea provincial compuesta por diputados, que tendrían amplias atribuciones legislativas, sin embargo, no prosperó la idea de elegir popularmente a los gobernadores. Antes de morir, el Padre de la Patria se negó a recibir la extremaunción, ofrecida por la iglesia, en su calidad de impenitente ateo.

El joven Francisco Bilbao, con ocasión del sepelio de don José Miguel, pronunció su primer discurso incendiario; el entierro del “viejo rebelde” anunciaba el nacimiento de un nuevo revolucionario que denunciaría al Chile colonial, dominado por una casta pechoña, explotadora y pérfida –tal cual como es un sector de la UDI en nuestros días-.

Marco Enríquez-Ominami ha planteado en sus campañas presidenciales la idea de elección directa de intendentes, eliminando el cargo de gobernador provincial (que es bastante inútil en la actualidad). Llámese este proyecto federalismo atenuado o, simplemente, federalismo, me parece más una discusión semántica que dar cuenta de la imprescindible necesidad de regionalizar el país.

Para completar el proyecto de federalismo sería necesario incluir plebiscitos regionales y comunales, que puedan ser convocados, sea por el intendente, por la mayoría de los consejeros regionales, o un número determinado de firmas por parte de los ciudadanos de cada región; en el caso de las comunas, lo mismo se aplica a los alcaldes, concejales y vecinos. Me parece que materias como el presupuesto y los impuestos regionales, o los conflictos entre el consejo regional y el intendente debieran ser resueltos por medio de plebiscitos; el mismo procedimiento podría aplicarse en el gobierno comunal. Otras materias a considerar se refieren a la revocación de mandatos de intendentes, alcaldes, consejeros y concejales, que se dirimirían también por medio de plebiscitos, convocados por un porcentaje a definir de ciudadanos inscritos en los registros electorales.

Por cierto, la sola instauración de la regionalización política y administrativa no basta; debiera pensarse que el total del royalty -o un porcentaje, al menos- debiera estar destinado, directamente, a las regiones en las cuales estos recursos naturales son explotados. Entiendo que el programa de Marco E-O plantea esta carga para las empresas mineras y eléctricas –personalmente, pienso que debiera ampliarse a todos los recursos naturales, incluidas las concesiones de agua y las forestales, las cuales están depredando el bosque nativo-. Por lo demás, el royalty debiera ascender, como mínimo, un 20%, tal cual se aplica en la mayoría de los países del mundo. Además, cada región deberá recaudar sus propios impuestos, que hoy son centralizados en Santiago

Después de haber sido calumniado por los historiadores conservadores, admiradores del autoritarismo pelucón, el gran pipiolo, Padre de la Patria y del federalismo, José Miguel Infante, como el ave fénix, resucita en la lucha contra el centralismo santiaguino.

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