La elección de gobernadores regionales, a partir de 2020, junto a los cambios legales involucrados, podrían permitir un fortalecimiento del desarrollo equitativo en todo el territorio.

Chile en la actualidad es “uno de los tres países más centralizados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con Turquía y Grecia, con poca autonomía territorial, con sólo 15% del gasto público total versus 40% promedio y con la subsistencia de graves brechas y disparidades entre comunas”, advierte Esteban Valenzuela, académico de la Universidad Alberto Hurtado y actual vicepresidente de la Federación Regionalista Verde.

Sin embargo, con la nueva legislación, cuyo objetivo es otorgar mayor autonomía a las regiones, habría un cambio decisivo en el actual estatus.

Luis Moncayo, miembro de la Comisión Asesora Presidencial sobre Descentralización y Desarrollo Regional que se constituyó en el Gobierno anterior, observa que existe “una gran expectación, al haberse aprobado la reforma constitucional que crea la figura del gobernador regional, por una parte, y la transferencia de competencias desde el estado central a las regiones, según Ley de Fortalecimiento de la Regionalización. Hemos entrado a una fase en la que los Gobiernos Regionales (Gores) van a poder, efectivamente, conducir sus respectivos territorios en el marco de orientaciones nacionales y respondiendo a los intereses, necesidades y desafíos en forma diferenciada”.

El presidente de la Fundación Participa, Daniel Ibáñez, agrega que “el estatus de la descentralización está cambiando y para mejor, pero aún quedan tareas pendientes como por ejemplo la necesidad de avanzar en una ley de rentas que permita mayor autonomía económica y que parte importante de los impuestos que se generen por explotación de actividades económicas en la región se queden en ella”.

ESCENARIO DE ADAPTACIÓN:

A partir de 2020 se llevará a cabo la primera elección por parte de la ciudadanía de gobernadores regionales, que sustituirán a los actuales los intendentes, por lo tanto, tendremos un nuevo escenario. Para el presidente de la Fundación Desarrollo Inclusivo, abogado Alberto Núñez, con ello las nuevas autoridades “tendrán legitimidad local para liderar la priorización de las demandas, pero a su vez se requerirá del poder central para obtener fondos que concreticen las resoluciones locales”.

Según Daniel Ibáñez “viene un escenario de adaptación, un poco de marcha blanca de esta nueva estructura, pero que, sin duda, resulta positiva al generar mayores condiciones de participación de las propias regiones en la definición de su política y de su desarrollo”.

El proceso de descentralización no sólo supone la transferencia de competencias a los Gores sino que también a alcaldes y municipios.

Según Esteban Valenzuela, quien participó en la Comisión de Descentralización, dice que en lo referente a los municipios se abordó la necesidad de contar con servicios de impacto ciudadano que deben ser obligatorios, como residuos con reciclaje, infraestructura verde recreativa accesible e iluminación con tecnología punta y sustentable.

El empoderamiento descentralizado se dará “sumando voluntades con un renunciamiento ideológico en pos del crecimiento de la región. Soluciones transversales en la sumatoria de esfuerzos y con ello se lograrán mejores resoluciones a temas latentes, como la falta de médicos, equidad en la educación, generación de fuentes de trabajo genuinas, retención de riquezas generadas en la región”, argumenta Alberto Núñez.

UTILIZACIÓN DE RECURSOS:

Para Alberto Núñez “lo más urgente es lograr que las regiones obtengan descentralización real por medio de la autonomía económica y tributaria”, estar en condiciones de “decidir sin intervención del centro cómo se utilizan el todo o parte de los tributos generados por actividades locales, así como los que obtienen entidades captadoras de ahorro, como las AFP o instituciones de salud”.

En tanto, Luis Moncayo observa que es necesario contar con nuevos instrumentos que garanticen efectivamente el crecimiento armónico de las ciudades, en una lógica de coexistencia de diversas actividades productivas y de aseguramiento de la calidad de vida de la población con claras reglas del juego respecto al uso del suelo.

En materia de fomento productivo –agrega- se requieren actividades sustentables ambientalmente, que amplíen la base empresarial, usando el emprendimiento y la innovación.

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