Por Fundación Piensa

El proceso constituyente es la instancia pertinente para diseñar una institucionalidad que dé respuesta a los problemas de concentración económica y demográfica denunciados constantemente a lo largo de nuestra historia republicana. La descentralización, entendida esta como un proceso de transferencia de autoridad política, recursos y competencias desde el centro hacia unidades periféricas, será sin duda un asunto que tendrá un protagonismo especial en los meses que vienen, pues ahí reside la respuesta sobre la forma de distribuir territorialmente el poder.

Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que para abordar con solvencia este desafío no basta simplemente con aumentar la intensidad del proceso de descentralización actual. Es menester, en primer lugar, preguntarnos si la organización territorial de nuestro país es coincidente con las dinámicas espaciales que se proyectan a lo largo de éste. Lo anterior no es baladí si reparamos en que una correcta forma de responder y afrontar dicha interrogante no sólo permite ajustar mejor las propuestas de política pública a las necesidades territoriales, sino que también es consustancial al proceso mismo de descentralización, en la medida en que su definición permitirá identificar quienes serán los órganos destinatarios de este proceso. En este orden de ideas, no es lo mismo un proceso de descentralización dirigido a fortalecer 16 unidades regionales que uno dirigido a fortalecer cinco, seis o siete. Hay, en definitiva, un asunto de escala territorial que puede encontrar en este proceso el protagonismo que le ha sido negado por nuestra clase política.

En este mismo sentido, podemos afirmar que nuestra Constitución es anacrónica y presenta una anomalía que complejiza aún más el asunto. La reforma constitucional del año 2005 propició un proceso de fragmentación territorial a través de la posibilidad de crear más regiones, sin necesidad de configurarse algún requisito formal o sustantivo. Ello difiere de la experiencia comparada, donde las constituciones, por lo general, establecen ciertos factores para tener en cuenta en la creación de unidades territoriales intermedias, además de mecanismos de ratificación popular. A raíz de este peculiar fenómeno, es posible constatar que nuestra actual división territorial carece de un marco lógico de acción, pues coexisten regiones creadas en 1974 bajo un escenario de tensión política que llevó a una planificación sustentada en aspectos de seguridad nacional, con otras regiones recientemente creadas bajo criterios que son heterogéneos.

El estudio presentado reorganiza el territorio nacional para los desafíos de las próximas décadas. La propuesta no modifica los límites de las regiones ya existentes, sino que simplemente constata que las dinámicas territoriales evidencian ciertos patrones sociodemográficos y económicos que permiten reagrupar territorios en unidades de mayor envergadura.

Consideramos que es viable reorganizar la arquitectura institucional territorial en, al menos, siete macrorregiones. Ello también es relevante en el contexto de las elecciones de gobernadores regionales y la posibilidad de impulsar medidas a una escala territorial pertinente, como, por ejemplo, planes regionales de ordenamiento territorial, programas asociados al subsidio de empleos, asociaciones público-privadas
para la provisión de servicios e infraestructura, entre otras. Adicionalmente, y teniendo en vista el contexto constituyente, una propuesta como la aquí ofrecida permitiría la viabilidad de distintos modelos referidos a nuestra forma de Estado, como la conformación de un Estado federal o un Estado unitario descentralizado, que comprenda una robusta asignación de recursos de decisión autónoma y mayores competencias en diversas áreas, tales como transporte y telecomunicaciones, educación, medio ambiente, fomento productivo, e incluso, seguridad interior, para generar competitividad entre las regiones, atraer inversiones y crear condiciones de vida para que existan posibilidades reales de desarrollo fuera de la Región Metropolitana. Un acierto en esta materia podría desencadenar
un proceso de desconcentración inédito, donde cada macrorregión cuente con universidades y hospitales de calidad, trabajos bien remunerados y barrios sustentables, entre otras cosas.

Por otro lado, creemos que es relevante junto con repensar nuestra división territorial, tomar resguardos para evitar escenarios de fragmentación territorial incoherentes. La futura Constitución debe establecer condiciones mínimas para la creación de nuevas unidades territoriales. Nuestra historia debiese alertarnos sobre este asunto; la ausencia de requisitos no sólo es excepcional, sino que además genera incentivos políticos para promover irresponsablemente nuevas divisiones territoriales bajo una
bondadosa retórica pro descentralización, pero que, paradójicamente, exacerba la diferencia de poder entre la capital y el resto de los territorios.

Por último, somos conscientes de que las probabilidades para que una propuesta como ésta sea realmente impulsada son bajas. La experiencia chilena demuestra que ha habido resistencia para innovar en este sentido, pues existen costos políticos asociados. No obstante, creemos que el proceso constituyente es quizás la última oportunidad para asumir el desafío de revertir la tendencia centralista y concentradora de la capital. La nuestra es sólo una propuesta -a la que esperamos que se sumen otras en el curso de los próximos meses- para repensar un país más justo y mejor distribuido para todos, donde exista igualdad de oportunidades y alternativas reales para promover exitosos proyectos de vida a lo largo de nuestro vasto territorio.

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