Protocolos 1972, 1973, 1974

Cuando aún no se apagaban las llamas del palacio presidencial, el 11 de septiembre de 1973 patrullas militares, anticipándose a lo que venía,  hicieron una silenciosa ronda por Santiago para recoger en sus casas a algunos funcionarios de la morgue.

Entre ellos iba uno de los conductores de la morgue en Santiago (Instituto Médico Legal, IML), y cuatro vecinos de su población, todos auxiliares y funcionarios administrativos del Servicio.

El día del golpe militar sólo estaban los cerca de 20 funcionarios de turno en recinto en Avenida La Paz. A las 20 horas llegaron las primeras dos víctimas de la incipiente dictadura militar. Claudio De la Fuente Castillo de 20 años, y Ariosto Zenteno Araneda de 17 años, habían sido baleados en la vía pública a las 15.30 horas de ese día, de acuerdo a sus informes de autopsia. La orden de autopsia para ambos la dio telefónicamente la Guarnición Militar de Santiago, según quedó anotado en el libro de ingreso de fallecidos a la morgue.

Al día siguiente, con el país aún bajo toque de queda total, llegaron más cuerpos, todos acribillados con múltiples heridas de bala. Se mandaron a buscar a más funcionarios del IML, entre ellos, el estafeta Heriberto Maians. Como varios de sus compañeros de trabajo, Maians permaneció dos meses encerrado en la morgue. Había demasiado que hacer.
Acostumbrados a recibir un promedio de menos de 10 cadáveres al día (durante agosto de 1973 llegó un total de 286), los funcionarios de la morgue debían lidiar ahora con un número varias veces mayor. 

Entre el 11 y el 30 de septiembre llegaron 588 cuerpos. De ellos, 397 eran muertos por herida de bala. En un solo día, el 20 de septiembre, ingresaron 43. El día anterior, 40.  Para fines de octubre, los muertos post-golpe sumaban 1.177; entre ellos, 722 víctimas de disparo de arma de fuego.

Fue tal la magnitud de trabajo, que el Servicio Médico Legal (SML) debió pedir refuerzos al Servicio de Registro Civil para que sus funcionarios ayudaran a tomar las muestras de huellas a los cuerpos para su identificación, y funcionarios del Cementerio General fueron obligados a salir a las calles a recoger muertos y después “encajonarlos”en la misma morgue.

Como no se aumentó la planta de personal del SML, médicos clínicos  de otros departamentos del Servicio debieron apoyar en la realización de autopsias. El médico legista José Luis Vásquez recuerda que en ese periodo, trabajaba jornadas de hasta 12 horas, realizando una tras otra autopsia.
Fue el periodo de la razzia, de la “limpieza” social y política, como se confirma en la alta concentración de víctimas de violaciones a los DDHH  en ese periodo consignada en el Informe Rettig. Dejar cuerpos torturados, destruidos por ráfagas de metralleta e incluso mutilados a plena vista de la población pareció ser una táctica de la política de terror y de dominación psicológica impuesta por el nuevo régimen.

Esta investigación se basa en información del Servicio Médico Legal y del Registro Civil e Identificación obtenida a través de la Ley de Transparencia y la revisión de archivos en el Cementerio General de Santiago y el Segundo Juzgado Militar.

El SML entregó una base de datos en formato de hoja de cálculo con los registros completos de todos los fallecidos que llegaron a las morgues de Santiago y de otras 14 ciudades del país entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973. Además, nos permitió hacer una copia fotográfica del libro de ingreso de fallecidos a la morgue de Santiago, conocido en el Servicio como el Libro Transfer, donde los funcionarios anotaron la llegada de los cuerpos, asignando a cada uno un número de protocolo y dando cuenta de todos los procedimientos en torno al fallecido hasta su salida de la morgue.

También entrevistó a actuales y ex funcionarios del SML, incluyendo auxiliares, estafetas, conductores, secretarias, administrativos y médicos.

Con estos datos y testimonios se ha podido configurar un cuadro de lo que sucedió dentro de la morgue de Santiago en las primeras 11 semanas de dictadura militar.

Esto permite conocer la forma en que se enfrentó la repentina avalancha de cuerpos, incluyendo las autopsias que establecieron las causas de muerte, el proceso de identificación y reconocimiento de los cuerpos y su traslado al cementerio u otros lugares.

También se pudo indagar la intervención de la burocracia militar dentro del propio SML.
La investigación abarcó la actuación de cuatro instituciones dentro de un virtual circuito burocrático de la muerte: el Servicio Médico Legal, el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Cementerio General de Santiago y las fiscalías militares. Todos de alguna manera sirvieron para tergiversar y ocultar la realidad sobre las masivas ejecuciones políticas producidas inmediatamente después del golpe militar y hasta fines de 1973, período en el que se concentró el mayor número de víctimas de los 17 años de dictadura militar.

En esos meses la mayoría de los cadáveres fue abandonada en sitios eriazos, calles y carreteras.

Los registros del Servicio Médico Legal dan cuenta de 193 casos de muertos encontrados en la “vía pública”, sin especificar el lugar. Según el Libro Transfer y otros datos entregado por el SML, 123 personas fueron arrojadas en ríos y canales de la Región Metropolitana.

A partir del golpe, los funcionarios de turno en la morgue dormían sólo a ratos, según recuerda Heriberto Maians, entonces estafeta que llevaba siete años en el Servicio. El descanso era imposible. Varias veces en el transcurso de la noche, vehículos militares se detenían a la entrada de la morgue. El Libro Transfer registra el ingreso de cuerpos después del toque de queda, a veces individualmente, y otras en grupos de a dos, tres, cuatro y hasta siete.

Que Maians y otros funcionarios de la morgue recuerdan con nitidez es la escena de los cuerpos mutilados por las balas arrojados en la vereda a la entrada del Instituto y que ellos mismos debían levantar y entrar al recinto.

“Los milicos dejaban tirados los cuerpos como si estuvieran botando basura. Algunos estaban amarrados con alambres, con la vista vendada, otros con cuerpos cortados con ráfagas. Los recogíamos y los colocábamos en la entrada.

No se podía preguntar nada. Adentro, otros colegas los ponían en camillas y los llevaban a la sala de atrás donde están los frigoríficos,” relató a ArchivosChile un ex conductor del IML, entonces de 33 años, que no quiso ser identificado.

Según Maians, nadie les daba instrucciones para recoger esos cuerpos, a pesar de que por reglamento no se debía recibir ningún cadáver sin orden judicial. “No podíamos dejarlos  ahí. No venían con papeles, y estaban todos baleados.

Éramos tres los colegas que debíamos hacerlo y nos demorábamos como una hora. Había carabineros que se paseaban por la vereda, pero ellos no decían nada; sólo miraban,” dijo.

Durante el día, llegaban camiones militares y entraban directamente a la parte posterior de la morgue a dejar más cadáveres. El 21 de septiembre, por ejemplo, quedó registrado en el Libro Transfer el ingreso de nueve cuerpos a las 9.50 horas; otros 12 a las 11 horas; nueve entre al medio día y nueve más en el transcurso de esa jornada.

El 6 de octubre, sólo entre las 11 de la mañana y el medio día, llegaron 29 cadáveres.
“Entraban como Pedro por su casa, unas cinco veces al día. No venían con ninguna orden. Un auxiliar me contaba que eran bien prepotentes con ellos. ‘¡Abran la puerta!

¿O quieren terminar igual que los del camión?’, les gritaban,” Los vehículos cargados de cuerpos ingresaban hacia el sector por donde entraban las carrozas a la morgue, un subterráneo en penumbras. En ese lugar, los militares botaban los cuerpos, y los funcionarios debían levantarlos y entrarlos.

“Eran conscriptos y se notaba que estaban muy asustados. Descargaban camiones con cadáveres y los botaban apilados en el suelo. Los funcionarios de la morgue los ponían en camillas y los trataban de ordenar en el piso.

El lugar estaba tapizado de cadáveres uno tras otro: niños, ancianos, mujeres, hombres. Era el infierno mismo,” dijo Héctor Herrera, funcionario del Registro Civil quien fue llevado a la morgue para ayudar a tomar muestras dactiloscópicas a los fallecidos.

“Tenían signos de tortura, hematomas, tierra pegada a los ojos, sangre. Venían en un estado muy lamentable. Muchos tenían los ojos abiertos. Siempre pensé que esas personas vieron a los que les dispararon. Esos ojos me seguían todos los días, volvían conmigo a mi hogar,” agregó.

Víctimas con vida

En varias ocasiones, entre los cadáveres los funcionarios descubrieron víctimas con vida. El auxiliar especializado Mario Cornejo fue uno de los funcionarios que a partir del golpe militar debió permanecer en la morgue durante más de 20 días sin volver a casa.

Mario Cornejo después le contó a su hijo Sergio que un día de septiembre, cuando hacía una ronda nocturna por la sala donde se apilaban los cuerpos, sintió un quejido.

Rápidamente llamó a otros funcionarios para ayudarlo a revisar los cuerpos y se encontró con un herido. Cornejo dispuso el traslado del hombre al Hospital José Joaquín Aguirre por una puerta lateral que conectaba a la morgue con el hospital. Sin embargo, supo después que ese hombre había sido secuestrado desde el hospital por militares.

Aunque es imposible determinar quién fue el hombre encontrado por Cornejo con vida en la morgue, se puede deducir, basándose en información del Informe Rettig, que podría tratarse de al menos una de dos personas

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